Por Felipe Yapur
 La hora para el genocida Antonio Bussi ha llegado. Hoy a las 16 en el recinto del Congreso, los diputados rechazarán el diploma de Bussi dejándolo sin los fueros parlamentarios que tanto necesita para evitar las causas judiciales por genocidio, apropiación de menores y enriquecimiento ilícito que pesan sobre él. A partir de esta tarde los jueces Adolfo Bagnasco y el tucumano Ricardo Maturana tendrán el camino libre para poder citar al ex represor.
La decisión de los legisladores no registra antecedentes en la historia parlamentaria por lo que Bussi se convertirá en el primer diputado electo a quien le impiden el ingreso en la Cámara por su responsabilidad en la implementación del terrorismo de Estado que derivó en el secuestro, desaparición y torturas de personas. Se descuenta, salvo los dos legisladores que tiene el partido que Bussi lidera, que la Cámara en su totalidad apoyará la recomendación de rechazar el diploma por �inhabilidad moral� según el dictamen que emitió la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, cuyos integrantes aprobaron por unanimidad.
En el pronunciamiento de dicha comisión, los diputados sostuvieron que no se le podía otorgar inmunidad a Bussi mientras en la Justicia existan causas penales que apuntan, entre otras, a esclarecer el destino final de los desaparecidos y donde él es uno de los principales acusados. Por otro lado, uno de los argumentos más fuertes que utilizaron los legisladores para recomendar el rechazo del diploma del militar está en la Constitución nacional que impide que una persona acusada de delitos de lesa humanidad ocupe un cargo electivo de por vida. Según los legisladores, esta fue una de las razones por la que el ex dictador no pudo ser cuestionado cuando asumió como diputado en 1993. En ese entonces todavía no se había reformado la Carta Magna y, por lo tanto, los tratados internacionales no estaban integrados al texto constitucional.
El dictamen agrega que el genocida devenido en político �está comprometido con masivas violaciones a los derechos humanos� y con delitos que las convenciones internacionales encuadran como �genocidio y tortura�.
Durante la sesión especial de esta tarde, los diferentes diputados impugnantes repetirán una vez más los argumentos por el cual consideran que Bussi no haga uso de una banca de la Cámara baja. Se descuenta también, que el hijo del militar, el actual diputado Ricardo Bussi, será la única voz en el recinto que se exprese a favor del ex gobernador de Tucumán.
A pesar de que la expulsión de la Cámara del ex dictador permitirá que la Justicia lo cite a declarar es posible que todavía goce un tiempo más de la libertad. El juez Bagnasco no lo citará en lo inmediato porque primero debe esperar que la Cámara de Casación resuelva las impugnaciones presentadas por Florencio Varela, el abogado del general Santiago Omar Riveros, quien pidió la intervención del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
También Bagnasco tiene en su poder una causa presentada por los representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Tucumán, donde el militar deberá responder por la suerte de las siguientes personas:
 Olga Cristina González, embarazada de 4 meses y desaparecida desde el 9 de julio de 1975.
Amalia Clotilde Moavre, embarazada de tres meses y medio, desaparecida desde el 4 de octubre de 1975.
Azucena Bermejo, embarazada de 4 meses y desaparecida desde el 2 de noviembre de 1976.
María Isabel Jiménez, embarazada de dos meses y desaparecida desde el 28 de mayo de 1977.
Dina Oesterheld, embarazada de ocho meses y desaparecida desde el 7 de agosto de 1976.
Mónica Silvia Alarcón, de un año, desaparecida el 26 de febrero de 1977 junto a sus padres.
En Tucumán, en tanto, el juez federal Maturana tiene en sus manos, además de la causa de la menor Alarcón, la denuncia por enriquecimiento ilícito. Fuentes judiciales tucumanas confirmaron a este diario que lo único que esperaba el juez para citar al genocida era el desafuero del entonces diputado electo.
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