Por Mónica Gutiérrez
Desde Córdoba
 Antes de cumplir los cinco días de detención, Luciano Benjamín Menéndez quedó libre anoche. Después de negarse a declarar como testigo en la causa por la verdad histórica, que trata de determinar cómo fueron asesinados 30 presos políticos en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba, el represor había sido encarcelado. A pesar de haber sido notificado a la tarde, fue trasladado al Tercer Cuerpo �desde donde se iría a su casa� recién a la noche, para salir mejor protegido de la manifestación que lo esperaba: organismos de derechos humanos junto con organizaciones estudiantiles y de izquierda hicieron guardia desde el mediodía para repudiarlo. Los abogados de Menéndez plantearon la inconstitucionalidad de su arresto ante la Cámara Federal mientras los querellantes pidieron que el delito que se les impute a los militares sea el de falso testimonio. En el caso del ex carapintada Enrique Mones Ruiz, sostienen que además cometió una violación a los deberes de funcionario público, dado que es el único militar en actividad de los doce que fueron citados.
Menéndez pasó el día de ayer en el edificio de Tribunales. Había partido muy temprano del Casino de Oficiales del Tercer Cuerpo de Ejército, donde estuvo alojado desde el domingo pasado, día en que quedó a disposición del juez federal Alejandro Sánchez Freytes. Cuando la jueza Cristina Garzón de Lascano ordenó su arresto el viernes por su negativa a declarar, Menéndez quedó en la alcaidía de los tribunales federales, donde recibió la visita de viejos camaradas y de Oscar Ferrario, el actual segundo comandante del Tercer Cuerpo. El respaldo explícito de parte de militares en actividad es cosa de la nueva gestión en el Ejército; antes, Juan Manuel Llavar �ex jefe del Tercer Cuerpo� había negado una y otra vez que los oficiales tuvieran contacto con Menéndez. �Está muy lejos del Comando, y se lo trata como a un retirado más�, había dicho Llavar.
Sánchez Freytes lo indagó ayer como imputado, acusado por la fiscalía del delito de desacato contra la administración pública, una figura que tiene una pena de quince días a un mes de prisión. Ayer Menéndez expuso durante una hora y media sus motivos para no testimoniar ante la Justicia Federal. Quiso leer el comunicado que el viernes repartió a la prensa pero no se le permitió; entonces improvisó sobre sus viejos argumentos para justificar el terrorismo de Estado. �No voy a declarar para no ayudar con mi declaración a aprovecharse de los poderes de la República a quienes trataron y siguen tratando de destruir la República�, finaliza su explicación. Más tarde, foja de reincidencia mediante, se ordenó su libertad.
Mientras la discusión sobre la legalidad de la convocatoria de Menéndez como testigo bajo juramento continúa, se especula con que si es nuevamente convocado en la causa de la verdad histórica, y si otra vez se niega a declarar, ya tendrá un antecedente en la violación a los deberes procesales que tiene todo ciudadano. Y eso es previsible, ya que los asesinatos en la cárcel cordobesa son sólo una parte del expediente que contiene los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar. Menéndez, quien comandó el Tercer Cuerpo entre 1975 y 1979, tuvo un protagonismo ineludible en esas muertes: él mismo firmó órdenes de traslados y comunicados de prensa, calificando de �delincuentes subversivos� que �murieron en frustrados intentos de fuga� a los presos que en realidad fueron cruelmente asesinados en condiciones en las que nunca podrían haber intentado fugar. �Eran retirados amordazados, atados y con vendas en los ojos�, afirmó el ex director del penal en su testimonio.
Rubén Arroyo y Pedro Salazar, abogados de HIJOS, solicitaron al juez Sánchez Freytes que el delito que alcance a Menéndez y al resto de losmilitares sea el de falso testimonio, que prevé hasta cuatro años de prisión y que incluye la reticencia del testigo o su acción de callar lo que sabe sobre un hecho. Por otra parte, pidieron que se le impute violación a los deberes de funcionario a Mones Ruiz, acusado de haber ordenado el disparo que terminó con la vida de Raúl Bauducco, ex dirigente estudiantil, después de dos horas de golpes y torturas. �Por ser teniente coronel del Ejército en actividad reviste la condición de funcionario público y su actitud de negarse a jurar y testimoniar sobre hechos ocurridos en el ejercicio de sus funciones� constituye una figura delictiva distinta que para un ciudadano común, según los letrados.
Carlos Lescano Roqué, abogado de Menéndez, admitió ayer en diálogo con la prensa que había mantenido contactos previos con el estudio de Gonzalo Echenique Frías, que defiende al resto de los militares que fueron convocados y detenidos la semana pasada.
| Los �simpatizantes del general�
Entre los incidentes que se produjeron en estos días en las puertas de los tribunales federales, apareció un panfleto que fue repartido por �simpatizantes del general Menéndez�. Con su particular versión sobre los años de la dictadura militar, el escrito contenía intimidaciones y amenazas veladas a �todos los que participan de este proceso, abogados, periodistas, políticos y funcionarios son cobardes y cómplices de esta otra verdad que nos plantea la resentida y frustrada izquierda y una cínica justicia�. El abogado Rubén Arroyo pidió a la jueza Cristina Garzón de Lascano que investigue las amenazas de que fueron objeto Baronetto y su familia. Mariana, su hija, participó de la audiencia donde Luciano Benjamín Menéndez se negó a declarar.
Impreso sobre una bandera argentina que atravesaba el papel, el panfleto advierte: �Conocemos a los actores que se han colocado en la línea de nuestros enemigos y sabremos actuar�. Firma la Comisión de Familiares y Amigos de Víctimas de la Subversión. |
| �Nada de qué arrepentirse�
El abogado del general retirado Luciano Benjamín Menéndez, Carlos María Lescano Roque, defendió públicamente a su defendido ayer a través de la radio. En diálogo con Román Lejtman, en el programa �Jaque Mate� que emite la radio Rock & Pop, Lescano Roque aseguró que Menéndez no tiene �nada de qué arrepentirse�. �Yo, en lo personal, no creo que tenga nada de qué arrepentirse�, afirmó el defensor del general que tuvo a su cargo el centro clandestino de detención cordobés conocido como La Perla. Para el letrado, la medida que dispuso el arresto de Menéndez no es válida porque �la Justicia Federal es incompetente para entender en esos hechos�. El abogado defensor explicó que según las normas del debido proceso �debe haber acusación, prueba, defensa y sentencia�. En los llamados �juicios por la verdad� no se dictará sentencia contra imputados, porque el objetivo es la búsqueda de la verdad, saber qué pasó con las víctimas. Lescano Roque se basó en esos argumentos para afirmar que el juicio impulsado por la jueza federal Cristina Garzón de Lascano �está montado como una trampa�. |
| Escrache para Brinzoni
La coalición Izquierda Unida realizará hoy, a las 18, frente al Edificio Libertador, un �escrache� al jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, por su respaldo a los militares que fueron detenidos �aunque ya todos están en libertad� en Córdoba por negarse a declarar en el Juicio por la Verdad sobre el destino de los detenidos-desaparecidos. Los candidatos a legisladores Patricio Echegaray y Vilma Ripoll anunciaron que la cita será frente al Edificio Libertador, Paseo Colón 200, sede de esa fuerza. Echegaray y Ripoll se comprometieron, de llegar a ocupar una banca en la Legislatura, a �seguir luchando por la anulación de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los indultos�. |
DE LA RUA RECONOCIO QUE HAY INQUIETUD MILITAR
Los hechos según el Presidente
�Puede haber hechos que generen inquietud�, reconoció ayer el presidente Fernando de la Rúa, refiriéndose al malestar reinante en el Ejército, provocado por �juicios por la Verdad�. �No puede haber inquietud en las Fuerzas Armadas si está actuando la Justicia, descartó Carlos �Chacho� Alvarez. Las detenciones de oficiales retirados del Ejército en Córdoba caldearon los ánimos de hombres de armas jubilados y en ejercicio. El Gobierno en pleno salió al ruedo para intentar calmar los ánimos. Sin embargo, el jefe de Estado y el vicepresidente, esta vez, no coincidieron en sus análisis, aunque remarcaron que se trata de un tema judicial. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, y el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, fueron querellados por �apología del delito�.
El abogado que acusa al funcionario y al teniente general, Luis María Llaneza, pidió que se investigara si los dos, más el secretario del Ejército Eduardo Alfonso, cometieron un delito al interesarse por la situación de los efectivos detenidos en Córdoba. La presentación recayó en el juzgado federal de Adolfo Bagnasco, quien tiene a su cargo también la causa que investiga la apropiación sistemática de menores durante la dictadura. Llaneza pidió además el desafuero del ministro López Murphy, para que éste pueda ser citado a declaración indagatoria.
El presidente De la Rúa, por su parte, mientras salía de la misa de despedida del nuncio apostólico Ubaldo Calabresi, volvió a asegurar que los militares siguen respetando el tradicional lema �Subordinación y Valor�. �Las Fuerzas Armadas están subordinadas a la Constitución, a la ley y a la autoridad. Este es un caso de personas citadas como testigos, de modo que es un problema que se da en el plano judicial�, subrayó el primer mandatario. Alvarez se encargó de remarcar la decisión política del Gobierno, que �como enfatizó ayer el vicepresidente� no interferirá en la actuación de la Justicia. �Este gobierno es muy clarito en esto cuando dice: �Dejemos desarrollar libremente a la Justicia�, afirmó.
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