�El plan que teníamos para este año va a ser muy difícil de cumplir�, acaba de declarar Rubens Correa, director del Instituto Nacional del Teatro. 
Se refiere a que el organismo ha recibido alrededor de 1100 proyectos de realizaciones teatrales que, al amparo de la Ley del Teatro, corren peligro de frustrarse. 
Para la cultura de cualquier país normal esto sería una tragedia griega en sí misma. Pero tratándose de la Argentina posmenemista la cosa es mucho peor, más absurda, más irritante.
Por un lado porque el mismo gobierno que en 1997 promulgó la Ley del Teatro, aprobada por unanimidad por el Congreso nacional y que estipulaba un presupuesto de 11 millones de pesos anuales (provenientes del Comfer y de Lotería Nacional), enseguida los rebajó a nueve millones (en 1998) y aun lo cortó a la mitad en 1999. 
Y por el otro lado, porque el actual gobierno ahora también recorta el dinero disponible para la actividad teatral �paradigmática de la cultura argentina y empleadora de varios miles de personas� colocando al teatro nacional, y a la cultura toda, en un límite absolutamente intolerable y en una perspectiva obviamente embrutecedora.
Pero si todo lo anterior no refleja más que la situación económica de la Argentina de este tiempo �donde el desempleo es tan grosero como desde hace una década es grosera la impunidad� ahora hay que sumar un elemento que alcanza el paroxismo de lo irritante: la casi anulación de la actividad teatral en la Argentina se produce al mismo tiempo que la Corte Suprema resuelve el pago retroactivo de 25 millones de pesos para un millar de jubilados de privilegio.
Sí, es exactamente así: alrededor de 1000 ex legisladores, ex ministros, ex secretarios, ex jueces, ex sindicalistas y en general ex funcionarios de las últimas dictaduras y de todos los gobiernos democráticos posteriores (o sea, de los últimos 20 años) van a recibir un retroactivo de 25.000 pesos cada uno.
La explicación jurídica dice �y dirá� que la Ley de Emergencia Económica sancionada por Carlos Menem en 1991 dispuso reducciones en los montos de esas jubilaciones por cinco años (entre 1992 y 1997). Y que como desde 1997 no se les volvió a aumentar por un olvido legal del gobierno de entonces, entonces ahora hay que resarcirlos con este retroactivo. Casi todos los reclamantes (entre los que se cuentan apellidos como Unamuno, Vanossi, Durañona y Vedia, Laura, Del Cioppo, Castiñeira de Dios y sería fantástico conocer los apellidos de todos los demás demandantes) no son una pobre gente ni gente pobre, desde luego, y seguramente les asiste el Derecho.
Pero lo que hay que decirles, a ellos y a sus abogados, y sobre todo a la Corte Suprema, es que a la inmensa mayoría de los simples ciudadanos argentinos les asiste entonces el derecho de sentirse furiosos ante esta nueva ofensa jurídico-política. Porque es irrebatible que pagarle esa cantidad de dinero, a esa gente, aquí y ahora es sencillamente inmoral. (En todo caso, si ellos fueran a ejercer ese derecho, una Corte irreprochable les debería decir que vayan y se lo reclamen a quien dispuso aquella emergencia y luego �se olvidó� de resolver el tema mediante otra ley o decreto.)
Pero todo indica que vamos a terminar pagando una vez más estos absurdos �retroactivos� a quienes menos lo necesitan, porque ya son jubilados de privilegio. Lo cual ni siquiera es una paradoja: que ese millar de privilegiados argentinos, algunos de los cuales fueron funcionarios de dictaduras y muchos ni siquiera cumplieron dos años en sus cargos, cobre un retroactivo de 25.000 pesos cada uno, es ni más ni menos que una vergüenza. Esos 25 millones de pesos representan, por ejemplo, mucho másdel doble del presupuesto teatral argentino de todo un año. Esos 25 millones son una ofensa a todo el país si se recuerdan las asignaciones irrisorias de nuestros investigadores, por caso, o si se evoca el desguace del Instituto Malbrán o se mira el deplorable estado de las comunidades aborígenes del interior de la Argentina.
Si ese dinero se paga �y si ese dinero se cobra� estaremos ante un nuevo y perfecto ejemplo de cómo cierta clase dirigente irrita constantemente a la sociedad. Y de cómo la palabra �política� sigue perdiendo prestigio mientras, seguramente, ya se están relamiendo los dinosaurios.

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