Por Felipe Yapur
 Todo parecía indicar que el 3 de mayo iba a ser una fecha crucial en la historia parlamentaria argentina. Y lo fue: una omisión reglamentaria impidió que, cuando los diputados tenían todo dispuesto para rechazar el diploma de Antonio Domingo Bussi, pudieran hacerlo sin violar las normas. El dictador ganó así, sin calcularlo, una semana más, hasta que una sesión extraordinaria termine con sus fueros y lo deje sin protección ante la Justicia civil. Si todo sale bien, claro, y nadie olvida el reglamento.
Los mecanismos obligatorios en la Cámara exigen que el diputado cuestionado debe ser invitado a participar de la sesión. La presidencia del cuerpo �a cargo del aliancista Rafael Pascual� había olvidado ese pequeño detalle. Entonces, para evitar cuestionamientos legales por parte de los seguidores de Bussi, los diputados de los diferentes bloques acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo.
La discusión del tema Bussi comenzó tarde, pasadas las 20. Antes se había desarrollado una tumultuosa sesión donde el PJ intentó sin suerte aprobar la ampliación en 160 millones de pesos de los planes Trabajar.
La anomalía recién se descubrió cuando hablaba el titular de la Comisión de Peticiones, Poderes y Acuerdos, Jorge Busti. Ya al final de su discurso, legisladores que integran este grupo se dieron cuenta de que después de respetar a rajatablas los reglamentos de la Cámara y los de la comisión para analizar los pliegos de Bussi, habían omitido un detalle que parecía insignificante: la invitación al ex represor a participar de la reunión para hacer uso del derecho de defensa. Esto podría permitirle a Bussi a realizar una presentación ante la justicia y arruinar todo el trabajo de la comisión.
Durante su discurso, Busti aseguró que el rechazo al diploma del ex represor por inhabilidad moral �es un gesto que pone de pie a la defensa de los derechos humanos en la Argentina�. Y agregó: �Nuestra comisión considera que está debidamente probada la participación activa de Bussi en la sistemática violación de derechos humanos que hubo en la Argentina durante la represión ilegal�. También afirmó que �les estamos haciendo un homenaje a nuestro pueblo y a la memoria activa de nuestros 30 mil desaparecidos�.
Luego fue el turno del socialista Alfredo Bravo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Comenzó haciendo un homenaje a Simón Lázara, el vicepresidente primero de la APDH que murió el viernes. Lázara fue uno de los principales impulsores al rechazo de los pliegos del ex represor. Bravo recordó que cuando Bussi fue dictador en Tucumán se produjeron 600 desapariciones además de �la limpieza social que realizó cuando tiró los mendigos de la ciudad en Catamarca�.
Mientras el socialista desgranaba su emotivo discurso, a sus espaldas se multiplicaban las consultas entre distintos diputados. La decisión llegó poco después y la expuso el presidente del bloque del PJ, Humberto Roggero, quien fue quien mocionó un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 14. Darío Alessandro, titular del bloque oficialista, accedió a la propuesta y la sesión se levantó en menos de un minuto.
En un primer momento hubo desconcierto entre los legisladores, que intentaron determinar quién era el responsable del grueso error. Primero los cañones apuntaron a la comisión, hasta que varios de los representantes de ese grupo �entre los que se encontraban opositores y oficialista� advirtieron que la responsabilidad de la comisión terminaba con la presentación del dictamen en la sesión. Fue allí cuando las miradas giraron a la presidencia de la Cámara baja. �Fue un error, él tenía que haberlo citado�, se quejó un diputado de la Alianza mientras acomodaba los apuntes que tenía preparado para utilizar cuando le tocara desarrollar su discurso. Luego se calmó y dijo: �Hemos esperado 24 años para esto, y podremos esperar una semana más. Además, con el bochorno que ocurrió antes no había clima como para tratar un tema tan delicado como éste�. El bochorno al que hace referencia el diputado aliancista fue el intercambio de chicanas que se dedicaron las bancadas mayoritarias. Al PJ no le había ido bien en la primera sesión especial del día. En un primer momento, los justicialistas presentaron una denuncia sobre una supuesta manipulación en el registro de los diputados presentes durante la sesión del jueves 27 de abril y que derivó en un acalorado debate que tuvo como principal responsable a Pascual en su calidad de presidente de la Cámara.
El desarrollo de la denuncia estuvo a cargo del justicialista Carlos Soria, quien acusó directamente al titular del cuerpo: �El jueves 27 usted autorizó a sesionar en la Cámara sin quorum�, gritó y el escándalo comenzó. El principal argumento de los justicialistas fue que existen diferencias entre la cantidad de diputados anotados por el personal de seguridad y por los registrados en el tablero electrónico. Entonces, Soria solicitó la conformación de una comisión investigadora.
Pascual llamó a Juan Pablo Cafiero para que lo reemplazara en la presidencia del cuerpo, ocupó una banca y pidió la palabra: �Me duelen, me afectan y me conmueven las palabras de Soria�, dijo visiblemente molesto. Acusó al PJ de �mentir a sabiendas� e inmediatamente se puso a disposición �de la comisión que quieran� para ser investigado. Todo concluyó cuando el oficialismo rechazó el pedido de Soria y en cambio votó �abucheo mediante de los justicialistas� que la situación fuese analizada en la comisión de Asuntos Constitucionales. Ya nadie podía negar que las acusaciones parecían responder más a estrategias teniendo en cuenta las elecciones del próximo domingo que a un debate parlamentario.
Pero ahí no terminaría todo. El siguiente punto a tratar fueron los planes Trabajar. Todo se complicó para el PJ cuando el cuerpo giró a comisión el proyecto que amplía en 160 millones las partidas presupuestarias para este programa de empleo y que aprobaron los senadores. La oposición acusó al oficialismo de no haber cumplido con el acuerdo pactado en el Senado antes de aprobar la reforma laboral. La Alianza, obviamente, desconoció la existencia de tal acuerdo o pacto.
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opinion
Por Luis Bruschtein |
| No se vayan a olvidar
Con Antonio Bussi y el Congreso la memoria funcionó para lo importante pero falló en el detalle. Como siempre que falla la memoria, aunque sea en los detalles, falla en contra. Esta vez retrasó por una semana una decisión que resulta, en definitiva, una medida de autodefensa para el Congreso.
Algunos dicen que la diferencia entre un negocio ilegítimo y otro legítimo es la cantidad que está en juego. Muchas de las fortunas más grandes del mundo tienen un pecado de origen. Alguna proviene del tráfico de esclavos, otras de botines de piratas y corsarios. Otras de alguna estafa al Estado y muchas provienen del narcolavado. Se capitalizaron para introducirse al escenario de los grandes negocios y, una vez allí, ese pecadillo de origen fue obviado piadosamente. Allí, la falta de memoria es un buen negocio.
Parecía que con el general Bussi sucedería lo mismo. O sea, que la política terminaría aceptando las mismas reglas que el mercado. El general ganó su primer capital político como represor y funcionario de la dictadura, lo invirtió y llegó a ser gobernador electo de una democracia, que es lo opuesto a lo que hacía cuando empezó.
Hay argumentos de tipo moral que valen para cualquier persona y en cualquier situación. Pero en la incorporación de Bussi a Diputados esos argumentos adquieren una dimensión que la convierten en una especie de automutilación del Congreso. Aunque a veces no sucede por falta de memoria, los ascensos de militares acusados de violaciones a los derechos humanos deben ser rechazados por el Parlamento. Y hubiera sido un absurdo que ese Parlamento estuviera integrado por otros militares, como Bussi, mucho más comprometidos con esos delitos. O sea: un represor no podría seguir en el Ejército, pero sí podría integrar el Congreso que lo juzga.
Y además, los fueros de ese mismo Parlamento que sanciona a otros represores protegerían, en cambio, al represor Bussi de la Justicia que lo requiere por el delito de sustracción de menores durante la dictadura. Más que problema de memoria es incoherencia. La aceptación de Bussi como legislador desautorizaría así muchas de las funciones que tiene el Congreso en resguardo de la democracia. Y se supone que son de sus funciones más importantes. Por algo lo primero que hicieron todas las dictaduras fue cerrarlo. Un dictador puede emitir leyes.
A veces, la política es como el tango �Cambalache�. En la superficie, Bussi y los legisladores hacen política y las diferencias parecen detalles, da lo mismo que seas cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón. Pero no es lo mismo. Y hay momentos, como éste, donde los límites surgen con nitidez. Para Bussi, toda esta discusión es nada más que rosca o revanchismo. No podría pensar de otra manera porque se estaría negando a sí mismo. Y al revés: si el Congreso no les diera importancia a las acusaciones que pesan sobre el general y las calificara igual que Bussi, también se estaría negando a sí mismo. Por eso, no se vayan a olvidar, es Bussi o el Congreso. |
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