OPINION Corrupción al archivo Por Julio Nudler
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�El informe final se encuentra pendiente de aprobación por el Colegio de Auditores Generales�, le hizo saber Rodolfo Barra, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), al juez federal penal Adolfo Bagnasco el 23 de marzo último. Se refería así, lacónicamente, a un dictamen concluido 26 meses atrás, que recomendaba sumariar a un puñado de altos funcionarios del menemismo por las graves irregularidades cometidas en la implementación del Programa de Propiedad Participada telefónico. Ese PPP, cuyo valor de mercado supo rondar los 1500 millones de pesos, pretendía poner en manos de los trabajadores de la privatizada ENTel, transferidos a Telefónica y Telecom, un 10 por ciento del capital accionario de estas concecionarias.
El dictamen, que da cuenta también de Wenceslao Bunge, portavoz de Alfredo Yabrán, y que Barra está queriendo mandar a archivo sin que se expida sobre él el Colegio, órgano conductor de la AGN, coincide en sus conclusiones con las de un fallo que Bagnasco dictó en febrero de 1999, procesando por administración fraudulenta a Wylian Otrera, secretario de Obras y Servicios Públicos durante la gestión de Domingo Cavallo, y a sindicalistas ultramenemistas de Foetra: Rogelio Rodríguez, Omar Pérez y Diógenes Salazar. Sin embargo, al ser apelado ese fallo, en noviembre la Cámara Penal, con las firmas de los jueces Riva Aramayo y Vigliani, dictó la falta de mérito en base a un fárrago de argumentaciones administrativas pero no penales, considerando que Bagnasco no había reunido pruebas suficientes.
Ante esto, Liliana Zabala, abogada de la querella, presentada por cerca de un millar de damnificados, instó al juez a reclamar que la AGN le enviara el dictamen sobre el Programa telefónico, porque agregaría pruebas a la investigación. Esta solicitud de Bagnasco es, precisamente, la rechazada por Barra. Aunque sea verdad que la cúpula de la Auditoría no se pronunció, el organismo tendría la obligación de girarle el dictamen a la Justicia ante su requerimiento para ayudarla en su tarea. Pero no piensa hacerlo. Zabala denunció ayer el tema a la Oficina Anticorrupción, donde quedó en manos de Carlos Manuel Garrido.
El dictamen de la discordia, que formaría parte de un conjunto de más de cien investigaciones que Barra querría mandar a archivo, sufrió a partir de su conclusión las consecuencias de la regla del consenso, pactada entre el Justicialismo y la Alianza, en acatamiento de la cual el Colegio de la AGN �un órgano subordinado al Parlamento� sólo aprobaba lo que contase con acuerdo unánime de sus siete miembros. A la sazón, luego de que en agosto de 1998 el dictamen fuera trasladado a Economía para que ese ministerio hiciera su descargo, y después de resultar éste desestimado por la Auditoría (con apoyo de su área de Asesoría Legal), la discrepancia de un auditor justicialista, Antonio Barrios, dejó cajoneada toda esa ardua investigación.
Bagnasco había considerado en su fallo el perjuicio ocasionado a los participantes del PPP telefónico por no haberse destinado la totalidad de los dividendos a cancelar la deuda con el Estado, contrariamente a lo establecido por la ley 23696. Tal proceder mantuvo la indisponibilidad de las acciones �que continuaron caucionadas� para los trabajadores telefónicos y, consiguientemente, le posibilitaba a los órganos administradores del PPP, que estaban en manos de sindicalistas de Foetra, retener el manejo de esos enormes paquetes y de los dividendos que producían. Bagnasco les apuntó en su fallo a Otrera, Rodríguez, Pérez y Salazar, pero dejó fuera a Díaz, Bunge y a los responsables del Banco Ciudad, fideicomisario del Programa, señalados a su vez por otras muchas irregularidades. El dictamen técnico de los auditores de la AGN recomienda �la instrucción de sumarios administrativos a fin de determinar la existencia de violaciones a la normativa vigente y la delimitación de responsabilidades entre los funcionarios que participaron en la instrumentación de los Programas auditados...� (se refiere a los de Telefónica y Telecom). Aunque el texto no hace nombres, los funcionarios intervinientes fueron Rodolfo �Chango� Díaz y Marcelo Stafforini por el Ministerio de Trabajo (luego mudados a la Procuración del Tesoro), y Wylian Otrera y Elio Riccitelli por Economía.
Personas en principio involucradas hay bastantes más, pero la Auditoría debe limitarse a quienes eran funcionarios del Estado. En este sentido, además de los dirigentes sindicales, un caso especial es el de Bunge, quien posteriormente cobraría notoriedad por sus servicios al �cartero�. El 13 de mayo de 1991, Cavallo designó a Bunge (hombre vinculado a la embajada de Estados Unidos) asesor ad honórem, con nivel jerárquico equivalente a la máxima categoría del escalafón. El entonces ministro de Economía deseaba que lo asesorara respecto de los PPP. Bunge había creado una consultora dedicada al tema, llamada precisamente PPP S.A., que fue contratada por los sindicalistas de Foetra y cobró 2.320.000 pesos para instrumentar el Programa, pagados con recursos de éste. El dictamen de la AGN señala que sólo la autoridad de aplicación �es decir, Economía� estaba autorizada a contratar esos servicios de consultoría, y recrimina a sus responsables no haber objetado el proceder de los sindicalistas.
Los auditores descubrieron además varias perlas. Por ejemplo, que a Bunge se lo contrataba, entre otras cosas, para asesorar en la elaboración y redacción del Acuerdo General de Transferencia (es decir, el traspaso de las acciones del Estado al PPP), siendo que el oneroso contrato se suscribió cuatro días después de haberse firmado, precisamente, el Acuerdo General de Transferencia. Bunge, por otro lado, debía confeccionar el padrón provisorio de empleados�adquirentes de las acciones clase C (integrantes del Programa), pero los auditores dictaminan que no efectuó los trabajos encomendados.
Otro capítulo pesado del dictamen se refiere a un decreto, el 395/92, que eximió a las telefónicas de la obligación, establecida en la mencionada ley 23696, de emitir Bonos de Participación en las Ganancias y entregarlos a sus trabajadores. Aparentemente, ese decreto intentó salvar una �negligencia� anterior del gobierno de Carlos Menem, que no incluyó el punto en los pliegos de la privatización ni en el Contrato de Transferencia (¿otro descuido de María Julia?), de modo que luego no podían vulnerarse los �derechos adquiridos� de las licenciatarias, en cuyos estatutos tampoco se hace mención alguna de los bonos. Los expertos de la AGN rechazan la argumentación, recomiendan al Estado Nacional imponer la emisión de esos títulos e incluyen el punto entre las violaciones a los marcos legales que caracterizaron a esta turbia y en muchos aspectos burda historia de la Triple P telefónica que Barra quiere ver archivada. |
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