Por Nora Veiras
 Tres palabras definen la obsesión de la cúpula del Ejército en los últimos días: �No puede ser�. La frase, a veces, sigue así: �No puede ser que ahora quieran anular la Obediencia Debida y el Punto Final�. Y otras se enhebra de este modo: �No puede ser que terminen haciendo declarar a mil oficiales en actividad�. La obsesión se complementa con la idea de que el Ejército es una �institución del juego democrático�, como si fuera un partido político más y no una simple dependencia del Poder Ejecutivo. Los planteos y reclamos que, a simple vista, parecen retroceder más de una década en el debate democrático se empezaron a esbozar en el verano y se consolidaron a medida que se afianzó la relación con el ministro de Defensa Ricardo López Murphy.
Página/12 conversó con varios altos oficiales de la fuerza para saber qué quieren y cómo imaginan �el punto final� a las responsabilidades por la represión ilegal.
�¿Cómo está?
�Bien.
�¿Y usted?
�Usted mejor que yo... Izquierda Unida nos hizo un escrache.
�¿No cree que eso es consecuencia de la actitud que ustedes asumieron en las últimas semanas?
�No, son reacciones naturales de grupos que se sienten afectados.
�Pero en los últimos diez años es la primera vez que hubo un escrache contra un jefe del Ejército en actividad...
�Mire, el general Martín Balza se retiró el 10 de diciembre pasado, (Ricardo) Brinzoni asumió el 13 y en Bahía Blanca, el 14 meten preso a un teniente coronel (Julián Corres) en actividad en el marco del juicio por la verdad. Antes no habíamos dicho nada porque esta situación no se había dado.
El camino judicial para indagar la verdad sobre el destino de los detenidos-desaparecidos empezó a dibujarse en 1995, a raíz de una presentación que realizó el ex titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el fallecido Emilio Fermín Mignone. Durante el último mandato del menemismo y la segunda parte de la prolongada jefatura de Martín Balza, los uniformados se mantuvieron en silencio. Hace dos semanas decidieron hacer público lo que era un secreto a voces entre camaradas.
�Ustedes tomaron una decisión institucional muy fuerte al apoyar a los oficiales detenidos en Córdoba �comentó Página/12 a otro uniformado.
�Sí, es una decisión fuerte pero nosotros como institución en el juego democrático tenemos derecho a decir que estamos preocupados.
�¿Eso no significa una intromisión en la Justicia?
�Nosotros hablamos con todos los oficiales que fueron a declarar a Córdoba. En algunos casos el general Brinzoni directamente. A todos se les dijo que se presenten ante la Justicia, que no ofrezcan ningún tipo de resistencia. Hubo algunos que insinuaron la posibilidad de no presentarse y se les ordenó hacerlo. Nosotros no tenemos inconvenientes en que apunten a quienes dieron las órdenes, el problema es que no se puede citar a hombres que fueron subtenientes que, a lo sumo, las cumplieron. No puede ser que nuestros hombres sean citados y se pretenda que declaren contra sí mismos... eso, además de consecuencias penales, puede tener consecuencias sociales: que el hombre confiese que mató a alguien y sea mal mirado en el consorcio y, además, puede ser que a partir de ese testimonio no pueda salir del país porque Garzón le pida la detención.
�Es decir que lo que ustedes están pidiendo es inmunidad judicial.
�Sí.
La justificación de �la inquietud� según los uniformados es la citación a oficiales en actividad. Sin embargo, hasta ahora, los hechos muestran que los requeridos por la Justicia son, en la absoluta mayoría de los casos, retirados cuestionados no sólo en la Argentina sinointernacionalmente por las violaciones a los derechos humanos. Incluso, los últimos fallos de la Cámara Federal porteña y de La Plata permiten avanzar sobre �impresentables� como el ex marino Alfredo Astiz y el ex comisario general de la policía bonaerense, Miguel Etchecolatz, un represor que no vistió el uniforme militar.
Los altos oficiales �es decir de coroneles a generales� coinciden en el reclamo de perdón. Lanzan como prueba del �malestar� que los invade que alrededor de mil oficiales podrían ser citados por la Justicia por su participación en el terrorismo de Estado pero no precisan cómo llegan a esa cantidad.
�La propuesta de ustedes es aportar información con la seguridad de que no podrán ser castigados �le preguntó este diario a un general.
�Hay hombres dispuestos a dar testimonio, pero no puede ser que ahora empiecen a pedir la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Hay cinco mil oficiales en la fuerza y mil podrían ser citados si se llega a una medida de esas. Lo que no hay son archivos.
�¿Cómo puede ser que no haya archivos si sólo en Córdoba, en el campo clandestino de La Perla, desaparecieron 2000 personas?
�¿Cuántos desaparecidos hay?
�La Conadep registró casi 9 mil y en el segundo informe más de 10 mil.
�Sí, no creo que lleguen a esa cifra.
�...
�Sí, ya sé que no es una cuestión de cantidad. No se justifica un solo caso, pero hay que tener en cuenta que los desaparecidos están muertos.
�¿Pero dónde están?
�Bueno eso es muy difícil de reconstruir. Algunos enterrados, otros en el mar... Fue muy cruel lo que se hizo, fue un error. Se tendrían que haber hecho juicios y fusilado. Ahora hay que mirar para adelante, ver si podemos sentarnos a una mesa y decir, por ejemplo, el general JJ le ordenó al coronel RR que matara a tal persona y está enterrada en tal lugar ¿Se podrá hacer esto?
�La verdad, no le veo salida a ese planteo... ¿Ustedes sienten el respaldo por acción u omisión del poder político ante el planteo de �inquietud� que acaban de hacer?
�Nosotros sentimos el respaldo explícito del poder político. El general Brinzoni conversa mucho con el ministro de Defensa Ricardo López Murphy. También coincidimos con lo que dijo el ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra en el sentido de que la Justicia sea la que actúe. Ya no están en la fuerza los hombres que robaron, estafaron. Si en Córdoba se hubiera detenido a Alsina, nadie hubiese dicho nada, pero no puede ser que se detenga a Quiroga, un hombre que no tuvo nada que ver, y que nosotros no digamos nada.
�¿Cómo analizan el fallo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que reclama para sí la investigación sobre el robo de bebés?
�Eso fue un error político. Si tenemos que pagar un costo, no tiene sentido que sea por eso. Si había que salir era mucho más lógico pronunciarse por el caso de Quiroga.
�¿Por qué se comunicaron con Luciano Benjamín Menéndez?
�El general Brinzoni habló con él para pedirle que se presente de civil, que vaya solo, que haga todo lo que le diga el abogado. A ustedes -por este diario� le contaron parte del diálogo. Es cierto que el general le dijo si necesitaba algo, pero eso fue como una gentileza al final, no fue el motivo del llamado.
�Ustedes no creen que el planteo de �inquietud� militar marca un retroceso en la imagen social del Ejército...
�En la izquierda sí.
�Lo sectorizan así.
�Sí. Nosotros tenemos derecho a decir lo que nos pasa. No queremos ser hipócritas. La �sinceridad� castrense obliga a una respuesta también sincera de los políticos que prefieren no ver reclamos �institucionales� en la visita del secretario general del Ejército, Eduardo Alfonso, a los oficiales que permanecieron detenidos por negarse a declarar en los juicios por la verdad en Córdoba.
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