OPINION Libertad y control Por Horacio Verbitsky |
| No había pasado un minuto del cierre de las elecciones cuando el gobierno nacional afirmó la victoria de la fórmula de la Alianza con más del 50 por ciento de los votos, mediante un trascendido de la oficina de propaganda de la Presidencia. Recién a partir de entonces los dirigentes de la Alianza hicieron gala de su absoluto acatamiento a la ley porteña que prohíbe desde 48 horas antes hasta tres horas después de terminados los comicios �la difusión, publicación, comentarios o referencias, por cualquier medio, de los resultados de encuestas electorales�. Cuando el secretario Darío Lopérfido desmintió haber suministrado esos datos a los canales 13 y Crónica de televisión, ya se había instalado la impresión de que no sería necesaria una segunda vuelta electoral. Evitarla había sido el objetivo central de la Alianza en la semana previa a los comicios: con avisos que instaban a pensarlo dos veces para votar sólo una y con análisis políticos que vaticinaban un desistimiento de Cavallo si la diferencia era muy grande, aunque Ibarra no alcanzara la mitad de los votos. En apoyo de ese supuesto, manifestantes radicales y del Frente Grande comenzaron a ocupar posiciones alrededor del Obelisco. Desde las oficinas de Encuentro por la Ciudad se refutaban aquellos supuestos y se anunciaban preparativos para la segunda vuelta. La porción de la sociedad que se interesa por estos temas estuvo pendiente de las versiones interesadas de los comandos de campaña y, lo que es tal vez peor, de datos oficiales sobre algunas pocas mesas, seleccionadas según criterios que nadie se tomó el trabajo de explicar. Las declaraciones de los políticos de distintos partidos hacían alusión a datos que ellos conocían pero los ciudadanos no. Cada uno tomaba sus expresiones de deseos por la realidad y el espectador carecía de cualquier referencia más o menos objetiva. El escrutinio oficial progresaba con exasperante lentitud. Cuatro horas después del cierre de la elección, sólo se conocían los resultados sobre el 20 por ciento de los votos emitidos. Esta confusión es consecuencia directa de aquella ley de censura. En la compulsa tucumana de junio de 1999 y en la bonaerense de octubre los sondeos a boca de urna atribuyeron la victoria a los candidatos que en definitiva resultaron perdedores: Antonio Domingo Bussi y Graciela Fernández Meijide. Pese a las reservas que algunos periodistas habían expresado al presentar las cifras de los encuestadores, aquel error fue usado como pretexto por la Legislatura porteña para revestir con la solemnidad de la ley la tensión existente entre la dirigencia política y los medios de comunicación. Todas las entidades defensoras de la libertad de expresión objetaron esa ley, porque implica un inadmisible avance sobre derechos y garantías esenciales consagrados por la Constitución Nacional. Los episodios de anoche añaden una cuestión práctica a la de principios. Es conveniente que la información oficial y la que ofrecen las parcialidades políticas, sea contrastada por la de actores neutrales cuyo único interés coincide con el de la sociedad: la mayor precisión posible en las noticias que se difunden. Un proyecto de ley elaborado por el vicepresidente Carlos Alvarez se propone extender a todo el país la prohibición que tan mal debut hizo en la Capital. La maduración democrática no se consigue cercenando sino expandiendo la libertad, para quelos ciudadanos puedan controlar a sus gobernantes y no a la inversa. |
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