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Por Cledis Candelaresi  Aun en la hipotética situación de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales capitalizara Aerolíneas Argentinas con el multimillonario aporte que espera el gobierno argentino, difícilmente los españoles continuarían operando la empresa privatizada. En Economía piensan que esa capitalización sólo sería el paso previo a la venta de la agonizante compañía o a la asociación con otra, que se encargaría de remontar lo que queda de ella. Si la negociación política entre los gobiernos fracasara, y el destino de AA quedara librado a la voluntad de su directorio, el Estado argentino tendría un margen de maniobra muy acotado, ya que sus delegados no tienen poder de veto.Aunque el vicepresidente Carlos �Chacho� Alvarez fue el único que admitió públicamente que  Aerolíneas está en �serio riesgo� de desaparecer, los números de la empresa privatizada manejados por Economía prueban lo que los otros miembros del gabinete tienen pudor en admitir: la empresa fue vaciada y sin una inyección no inferior a los 700 millones de pesos no puede sobrevivir. �Si nos regalaran la empresa en su estado actual, habría que aportar alrededor de 30 millones mensuales para sostenerla en actividad�, precisó el secretario de Transporte, Jorge Kogan, ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de las privatizaciones.El primer indicador de la debacle empresaria es el resultado operativo. Según detalló Kogan a los legisladores, las pérdidas de Aerolíneas superaron los 200 millones de pesos en el ejercicio anterior y sumarán unos 240 en el actual. Sólo en los cuatro primeros meses del 2000 habría acumulado un quebranto de 75 millones. Su patrimonio se licuó paulatinamente. El capital de la que hasta hace una década era una aerolínea que superaba los estándares internacionales en materia de seguridad se redujo a unos exiguos 70 millones de pesos. Sus aviones fueron vendidos y reincorporados a la flota por medio del leasing. Resignó rutas, aun aquellas con buenas perspectivas de rentabilidad, y se desprendió de casi todos sus edificios en el exterior y dentro del país. Aunque durante un breve período finalizado hace unos meses, el gerenciamiento estuvo a cargo de American Airlines, el responsable de esa política es el gobierno español, principal accionista y adjudicatario de la empresa privatizada. Por eso la estrategia del gobierno argentino consiste en presionar a la administración de José María Aznar para que asuma su responsabilidad y, al menos, cancele los compromisos pendientes. El paso siguiente, según prevé la administración de Fernando de la Rúa, podría ser la venta (básicamente de los derechos a operar las rutas que tiene asignadas) o la asociación estratégica con otra aerolínea. Esa alternativa no sólo la admitió Kogan ante el Parlamento sino que el propio jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, la sugirió hace días en un comunicado. No hay impedimento legal para que ese eventual socio o comprador herede la condición de aerolínea de bandera. El Estado argentino, poseedor del 5 por ciento de las acciones, se niega a realizar un eventual aporte que vaya más allá de esta proporción. Pero, salvo esta determinación, no le será fácil sostener alguna otra que contraríe la voluntad de los accionistas privados, ya que cuando se incrementó la participación accionaria de Iberia, resignó su derecho a veto. En un caso extremo, sólo le quedaría el también extremo recurso de anular la privatización y convocar a una nueva licitación, algo que no está, por ahora, en los planes de la Alianza.
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