Por José Natanson
 El respiro duró poco. Ayer, dos días después del triunfo porteño, el Gobierno tuvo que abandonar los festejos y concentrarse en el interior: un grupo de manifestantes que mantenía cortada una ruta en el norte de Salta tomó una refinería cercana, rociando con combustible el lugar y amenazando con bombas molotov. Mientras, unas 300 personas, algunas de ellas armadas, seguían impidiendo el tránsito (ver nota aparte), por lo que el Ejecutivo decidió enviar un funcionario y puso en alerta a las tropas de Gendarmería. Federico Storani quiere evitar una represión como la de Corrientes, pero lo cierto es que tiene informes de inteligencia sobre múltiples focos de conflicto sociales en el interior del país. Quizá por eso Storani planteó la necesidad de que la gestión de la Alianza reoriente sus energías al diseño de políticas activas y de contención social.
La situación es grave. Entre 150 y 250 personas, en su mayoría desocupados de las localidades de Tartagal y General Mosconi, mantienen cortada la ruta nacional 34. Además, ayer un grupo se desprendió del piquete y se apostó en Refinor, una refinería ubicada a la vera de la ruta que cuenta con ocho tanques de combustible. Rociaron con combustible el lugar y amenazaron con bombas molotov. Según los informes locales de Gendarmería, los manifestantes tienen cuatro armas cortas y algunos de ellos cobran �peaje� para pasar el piquete en la ruta. �Hay grupos armados que no tienen interés en ninguna solución, que buscan otros fines�, explicó Storani ayer por la tarde, antes de recluirse en su estudio para seguir monitoreando el tema.
Hasta anoche, la Justicia sólo había ordenado �disuadir� a los manifestantes. Sin embargo, las conversaciones en el lugar no han prosperado y la orden de desalojo podría llegar en cualquier momento. �La instrucción de Fredi es agotar la instancias de diálogo y, en caso de que haya que reprimir, hacerlo con el mayor cuidado posible�, señaló a Página/12 una alta fuente de Interior.
El ministro quiere evitar descontroles como el de Corrientes, en donde la Gendarmería desalojó un puente con dos militantes muertos como saldo. Por eso, la primera medida fue el envío a Salta de Luis Uriondo, titular del Consejo de Seguridad Interior, quien integrará el Comité de Crisis junto a los funcionarios provinciales. Mientras tanto, la Gendarmería ponía en estado de alerta a los 140 efectivos apostados en la provincia, a los 350 de Córdoba y a 270 más del destacamento móvil de Rosario.
Según un decían cerca de Storani, una de las dificultades era la falta de colaboración del gobierno salteño. El gobernador, Juan Carlos Romero, tuvo que volver de urgencia de un viaje por el exterior, pero en el Ministerio del Interior aseguraban que no hizo ningún esfuerzo previo por resolver el conflicto. Y añadían que hubo dificultades para que los funcionarios provinciales se integraran al Comité de Crisis. �Es una manera de presionar por más fondos�, señalaban en Interior.
La crisis de Salta reconoce causas locales, como la paralización de los yacimientos petrolíferos. El problema, sin embargo, es global: Storani maneja informes de inteligencia de la Policía Federal y de la Gendarmería sobre diversos focos de conflicto social registrados en el interior.
Uno de los más graves ocurre la localidad neuquina de Cutral-Có. Está cortada la ruta 22 que une esa ciudad, devastada por la privatización de YPF, con Plaza Huincul. En el Ministerio del Interior esperan ansiosos la firma de un convenio con la cartera de Trabajo que permitiría superar la situación. También hay conflictos a punto de estallar en Mar del Plata, en varias zonas del Chaco, en la periferia rosarina y en provincias como La Rioja y Catamarca.
Las causas van desde la crisis de las economías regionales hasta la mala administración de los municipios. El reclamo de los desocupados, sin embargo, suele ser coincidente: un aumento de los planes Trabajar y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El problema es que no hay fondos. Cuando la Alianza asumió el gobierno se encontró con que el presupuesto diseñado por Roque Fernández eliminaba todas las partidas destinadas a los planes Trabajar. En aquel momento, De la Rúa impuso un ajuste de las cuentas y decidió reestablecer 200 de los 270 millones de pesos destinados a los programas de empleo transitorio. En cuanto a los ATN, los 407 millones que manejó Carlos Corach durante 1999 se redujeron a sólo 150 millones para este año.
La responsabilidad política de la represión de cualquier protesta recae sobre Storani. Por eso, el ministro, que siempre dijo encabezar el ala más progresista de su partido, viene reclamando un replanteo de la gestión aliancista. El razonamiento es que durante los cinco primeros meses De la Rúa tuvo que concentrar sus energías en la reducción del déficit y el equilibrio de las cuentas. La idea, compartida por buena parte del gabinete, es aprovechar la sanción de la reforma laboral, la tibia mejora de los indicadores económicos y la victoria del domingo en la Capital para modificar el tono de la gestión: generar políticas activas, redistributivas y sociales que permitan recuperar el encanto de los primeros días del gobierno aliancista.
�No nos van a mover, ya no tenemos
nada que perder, estamos jugados�
Por Héctor Alí
Desde Salta
Cubiertas humeantes, ramas, piedras, latas y postes son algunos de los elementos arrojados a lo largo de unos 300 metros de la ruta 34, entre los dos cortes que desde hace siete días desocupados de la zona realizan en General Mosconi, cerca de la frontera con Bolivia. Anoche, los manifestantes esperaban la incierta llegada de gendarmes para cumplir con la orden de desalojo dispuesta por el juez federal, Miguel Medina. Al margen de la salida política, la causa federal contra los manifestantes incluyó otros cargos como motín y tumulto, delitos emparentados con la sedición por poner en riesgo la �estabilidad institucional�. La ampliación de la carátula se debió, entre otras cosas, a la temeraria acción de un grupo de manifestantes que rociaron con nafta uno de los gigantescos tanques de combustible de Refinor, ubicados a un costado de la ruta, capaces de albergar hasta 8 millones de litros.
La escenografía, que incluye camiones atravesados y ollas populares, es similar a la de las protestas de mayo del �97. Aunque esta vez la pueblada se redujo al reclamo de unas 300 personas, ex beneficiarios de los planes Trabajar, que piden la restitución de ese salario mensual de 160 pesos, cortado en marzo por el Gobierno nacional, y el pago atrasado de dos meses de ese beneficio. Por ahora, sólo hay certeza del arribo de Luis Uriondo, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Seguridad. Su misión sería la de anunciar la creación de un comité de crisis, para encontrar una solución al conflicto.
Una tiroteo que destrozó la cabina de un camión, cuyo chofer pretendió atravesar el corte a pesar de los piqueteros. El corte mantiene varado a un centenar de camiones de carga y combis con �tours de compras a bordo�.
�No nos vamos a mover y si tenemos que pelear no tenemos problemas en dejar la vida porque ya no tenemos nada que perder�. El desafío aflora a coro entre los voceros del corte. Algunos dicen que ya están �jugados� y la protesta es lo único que les queda para llamar la atención. En Mosconi y Tartagal, los índices de desocupación superan el 50 por ciento. La secuela de pobreza y marginación es proporcional al desempleo que se desató a partir de la desaparición de YPF y la privatización de los pozos petroleros, con el despido de miles de trabajadores. Las altas indenmnizaciones sirvieron para montar una ficticia oferta de kioscos, almacenes y remises, que cayó por su propio peso. Esto fue acompañado por cierres de comercios, desmembramiento familiar y otros males que nunca fueron superados.
La crudeza de la situación quedó al descubierto en los cortes de mayo del �97, cuando todos los sectores de la zona apoyaron la medida de fuerza. La protesta se levantó al firmarse un acuerdo por el cual se crearían 5000 puestos de trabajo, un plan de obras públicas, condonación de deudas hipotecarias y otros puntos rubricados por los gobiernos nacional y provincial y las empresas radicadas en la zona. Muchos de los puntos quedaron en promesa y el precario paliativo laboral, resucitado en cada turno electoral, se fue consumiendo hasta desaparecer.
La metodología del corte se repitió en diciembre del año pasado, el mismo día que asumió Fernando de la Rúa. Esta vez fueron los municipales, que protestaron contra despidos y el atraso de varios meses en el pago de sus haberes. En esa oportunidad también se sumaron los beneficiarios de los planes Trabajar. El gobierno provincial pretendió quedar al margen de la disputa pero sólo evidenció su incapacidad para resolver la problemática social con planes de largo plazo. La protesta incluyó toma de rehenes, enfrentamientos con la policía con su secuela de heridos y detenidos. La reincorporación de los despedidos y un acuerdo suscripto con el flamante subsecretario de Trabajo, Horacio Viqueira, para mantener 1600 planes Trabajar, alcanzó para disolver el conflicto. Los cortes volvieron hace siete días, cuando unos 300 desocupados interrumpieron el tránsito en dos puntos de la ruta 34. El juez federal Miguel Medina aseguró que �han aparecido manifestantes encapuchados y armados con pistolas y bombas molotov, formando una especie de escudo para enfrentarse a las fuerzas de seguridad, como si se tratara de una suerte de estructura militar�. Para lo que reclaman los manifestantes hubo sólo un fax donde se aseguró que a partir de hoy comenzarían a pagarse los meses atrasados. Pero sobre la continuidad de los planes Trabajar no hay más que demoras y reticencias. Con ese panorama, entre la decepción y la inminencia de un desalojo por la fuerza, no resultó extraño que los manifestantes, cansados y �jugados�, optaran por resistir.
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