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 El gobierno de la Alianza ya tiene sus primeros funcionarios en el banquillo. El juez Gabriel Cavallo citó para prestar declaración indagatoria como sospechoso al ex cointerventor del PAMI Angel Tonietto, cuñado de la ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide. Lo responsabilizan por la recategorización irregular de dos hogares terapéuticos de su mujer y por haber omitido información obligatoria en su declaración jurada de bienes. Tendrá que dar explicaciones ante el magistrado el 24 de este mes. También serán indagados otros dos ex funcionarios de la obra social de los jubilados, José Amorín y Aldo Zeta, quienes habrían participado en el trámite de cambio de categoría. Carente de respaldo, Tonietto se vio obligado a renunciar hace un mes, cuando se supo que la nueva gestión del PAMI había elevado de categoría los Hogares Terapéuticos Florida I y II, propiedad de su esposa, Juana Castagnola, que es hermana de Fernández Meijide. Esa mejoría les permitía a los establecimientos multiplicar sus ingresos en aproximadamente un 25 por ciento. Al dejar la intervención �que compartía con Cecilia Felgueras y Horacio Rodríguez Larreta�, Tonietto se autodenunció ante la Justicia federal pidiendo que revisaran �desde el primero hasta el último día� de su gestión. A esa altura ya lo investigaba de oficio la Oficina Anticorrupción (OA) del Ministerio de Justicia, que conduce José Massoni. El juez Cavallo adjudica al ex interventor el delito de negociaciones incompatibles con la función pública �que prevé de dos a seis años de prisión� ya que, a través de terceros, pudo haber utilizado su cargo para lograr un beneficio para la clínica de su esposa. Aunque a esta altura, además, quedan pocas dudas de que se trataría de un bien ganancial que, por ende, le pertenecería a él también. Según pudo saber este diario a través de dos allegados al expediente, algunos de los testigos que ya declararon contribuyeron con la versión de que Tonietto presionó para lograr la recategorización y que el trámite siguió un camino no habitual. Pero el médico sanitarista tiene otra acusación sobre sus espaldas. El juez también decidió citarlo por presunta falsedad ideológica �que se castiga con uno a seis años de cárcel� en función de datos aportados por la OA. En su declaración de bienes, reportó el organismo, Tonietto no incluyó las clínicas. �Esa es información que debe figurar aunque pertenezcan sólo a su esposa; de lo contrario se trata de una falta�, explicó a Página/12 un funcionario de la investigación. Las declaraciones juradas tienen una parte pública (más general) y otra reservada (detallada) que es de acceso exclusivo a un juez. Pero, al parecer, los hogares de la localidad de Florida no figuran en ninguna de las dos. Sólo aparecen los inmuebles donde funcionan. De todos modos, todavía se está investigando si tiene otros establecimientos similares que fueran prestadores del PAMI. Otros dos ex miembros del PAMI en la gestión del gobierno aliancista también tendrán que vérselas con el juez. José Amorín, que era subinterventor de Prestaciones Sociales y mano derecha de Tonietto, tendrá que presentarse ante Cavallo el 23 de este mes. El arquitecto Aldo Zeta, que también era una figura muy cercana al interventor en el instituto de jubilados, tendrá que declarar el día 22. Ambos habrían intervenido en el ascenso de categoría. Las citaciones habían sido solicitados, en un principio, por los fiscales Gerardo Di Masi y Jorge Dahl Rocha.
LA CONFERENCIA ESPISCOPAL EN PLENO DEBATE SOCIAL
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