Por Adriana Meyer
 La confesión de Michael Townley conmovió a Chile. El ex agente norteamericano reconoció su participación como autor material del atentado en el que murió el ex jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido en Buenos Aires en 1974. Lo hizo en su declaración ante la jueza federal María Servini de Cubría, que investiga el asesinato y hace un año viajó a los Estados Unidos para interrogarlo. El presidente chileno Ricardo Lagos se manifestó �impactado� por la noticia y advirtió que, �si estos hechos ocurrieron como los dice (el ex agente), debemos meditar para que no ocurran nunca más�. Por primera vez uno de los responsables del ataque asume su culpabilidad en forma directa.
Sin embargo, ya existía certeza de que este crimen había sido perpetrado por agentes de la DINA, la disuelta policía secreta chilena, tal como afirmó el Informe Rettig de 1991 sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura. Sofía Prats aseguró que para su familia no es novedad la participación de Townley en el doble asesinato.
Ayer en Santiago, el presidente Lagos recordó que conoció en forma personal a Prats y a su esposa, con quienes compartió �algunas tardes de domingo tomando el té� en la casa que tenía en Martínez, y por eso espera que la Justicia argentina aclare �ese alevoso atentado�. Agregó que �por el bien de Chile� espera que el caso �pueda ser dilucidado�. En tal sentido aclaró que �será la magistrada argentina la encargada de resolver cuál es el valor de la declaración (de Townley)�, pero consideró que �tiene que servir para hacernos meditar mucho�.
El diario electrónico El Mostrador publicó el lunes �en base a fuentes allegadas a la investigación� que Townley admitió haber colocado y activado la bomba que mató a los Prats, inculpó a los hermanos Jorge y Raúl Iturriaga Neumann como responsables en la actividad preoperativa del atentado y aseguró que Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, fue quien dio la orden para ejecutar la operación. El diario chileno La Nación confirmó ayer esta información. La declaración del ex agente quedó incorporada esta semana al expediente que instruye Servini de Cubría, en su versión traducida del inglés. Habría accedido a hablar a cambio de que su testimonio no fuera utilizado en contra suyo ni de su ex esposa, la chilena Mariana Callejas, quien también estuvo en las filas de la DINA.
Townley vive en los Estados Unidos amparado por el programa de protección de testigos por haber admitido su participación en el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier y su secretaria Ronni Moffitt, ocurrido el 21 de setiembre de 1976 en Washington. Recibió una condena leve a cambio de la información que brindó a la fiscalía. Antes de ser extraditado, en 1978, estaba adscrito al aparato externo de la feroz policía represiva de Pinochet y era un fervoroso anticomunista residente en Chile. En el sótano de la lujosa residencia que le entregó la DINA fue torturado y asesinado en 1976 el diplomático español de la ONU, Carmelo Soria. También estuvo implicado en los atentados cometidos en Roma contra el ex vicepresidente chileno Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno.
Contreras había declarado ante Servini que el atentado contra los Prats fue obra de Townley, en connivencia con la CIA y con grupos argentinos vinculados a la Triple A. �La operación fue planificada por la CIA y llevada a cabo por Townley y su mujer�, aseveró el ex jefe militar chileno tratando de desligarse del asunto.
Entre los nueve imputados del caso figura Augusto Pinochet como �coautor, partícipe o encubridor� del homicidio del matrimonio Prats y su indagatoria fue pedida por los fiscales Jorge Di Lello y Jorge Alvarez Berlanda luego de que Contreras afirmara que recibía órdenes directas del dictador (ver recuadro). Los querellantes darán a conocer en los próximosdías la identidad de alto oficial del Ejército chileno que también estaría involucrado.
Prats fue jefe del Ejército y ministro del Interior durante el gobierno del socialista Salvador Allende. Tras el golpe que encabezó Pinochet se trasladó con su familia a Buenos Aires. El matrimonio fue asesinado en la madrugada del 30 de setiembre de 1974 en el barrio de Palermo, en un ataque perpetrado mediante la colocación de explosivos en su automóvil. El ex agente chileno Enrique Lautaro Arancibia Clavel habría brindado la información para que Townley ejecutara el atentado.
| Pinochet tiene que buscarse abogado
Augusto Pinochet tiene tiempo hasta mañana para buscarse un abogado en Buenos Aires y así poder afrontar el juicio por el asesinato del general Carlos Prats; de lo contrario será asistido por un defensor oficial. Hace un mes la jueza María Servini de Cubría declaró el hecho como crimen de lesa humanidad y rechazó los argumentos que pretendían obtener la prescripción del caso, presentados por los militares chilenos Raúl y José Iturriaga Neumann, José Zara Holger, Manuel Contreras y Pedro Espinoza. La magistrada se basó en la jurisprudencia internacional de derechos humanos y su decisión fue apelada ante la Cámara Federal porteña. Cuando se resuelva esa situación, Servini de Cubría estaría en condiciones de escuchar a Pinochet en una declaración indagatoria. Si bien el escenario del juicio oral aún está lejos, el ex agente de inteligencia chileno Enrique Arancibia Clavel podría sentarse en el banquillo antes que los demás. Está detenido desde hace cuatro años en el penal de Caseros y su caso irá a juicio oral a partir de la resolución de la Cámara de Casación que declaró competente a la Justicia argentina para juzgarlo. Arancibia Clavel está acusado de haber integrado una asociación ilícita con la disuelta policía secreta chilena (DINA) para asesinar a Prats y a su esposa. Mientras tanto, Servini siguió avanzando. En mayo pasado viajó a los Estados Unidos para interrogar al ex agente Michael Townley. Y en diciembre participó del interrogatorio a Contreras y Espinoza en la cárcel especial para violadores de los derechos humanos ubicada en la localidad chilena de Punta Peuco. En una decisión inédita, la Justicia chilena la autorizó a presenciar la indagatoria. La causa fue iniciada por las hijas del general Prats y por el Estado chileno y fue impulsada por los fiscales Jorge Di Lello y Jorge Alvarez Berlanda. |
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