Por Carlos Rodríguez
 Cuando escuchó la sentencia atinó a encoger los hombros, entre incrédulo y resignado. Guillermo Alvarez, 22 años, conocido como el �Niño bien�, recibió sin dolor, como anestesiado, su tercera condena por homicidio en veinte meses. Le dieron 18 años como autor del asesinato de Elvio Aranda (20), en un hecho ocurrido en noviembre de 1998 en la cárcel de Caseros. Junto con Alvarez fue condenado a 16 años Gonzalo Pazo (20), mientras que fue absuelto el tercer imputado, Hugo Schmidt (21). El Tribunal Oral 12 ordenó, además, que se investigue al Servicio Penitenciario Federal (SPF) por la violenta represión ocurrida minutos después de la muerte de Aranda, de la que fueron víctimas todos los presos del pabellón uno, escenario del crimen. Pero, en inusual coincidencia, la defensa de Alvarez y la querella criticaron a los jueces por no decir �una palabra� sobre la actuación de dos guardiacárceles sospechados de hacer �la vista gorda� y permitir con su pasividad que se cometiera el homicidio (ver aparte).
Como un signo de las muchas irregularidades desnudadas en la audiencia, el tribunal integrado por Carlos Bruno, José Méndez Villafañe y Alfredo Rizzo Romano, requirió al SPF que se tomen �todas las medidas de seguridad necesarias� para salvaguardar la vida de los detenidos Mario Cruz Córdoba y Alberto Héctor Monzón. Ambos fueron testigos de cargo que señalaron a Alvarez como autor de la puñalada mortal que recibió, en el corazón, el joven Aranda. Al declarar en el juicio, Cruz Córdoba y Monzón reconocieron que habían sido amenazados de muerte por Alvarez, a quien en el penal de Caseros se lo conocía como �El Patovica�, por su físico trabajado con horas de gimnasio y su condición de pendenciero.
Además de pedir que se investigue la represión posterior al crimen de Aranda, ocurrido el 15 de noviembre de 1998 en horas del mediodía, los jueces habían solicitado antes la apertura de otra causa para analizar la denuncia formulada por Cruz Córdoba, quien sostuvo que recibió una carta intimidatoria atribuida a Alvarez. En ella se le exigía que �cambiara su declaración� acusatoria contra el �Niño bien�.
En la mañana de ayer, al hacer su alegato final ante los jueces, el �Patovica� admitió haber cometido �varios errores� en su vida, aludiendo a una seguidilla impresionante de robos a mano armada que finalizaron con tres asesinatos por los que ya fue condenado con anterioridad. Respecto de la muerte del preso en la cárcel vieja de Caseros, Alvarez aseguró que en ese caso no tuvo �nada que ver�. No obstante, por la tarde, el tribunal lo condenó a 18 años de prisión. El fiscal Gustavo Gerlero, que había pedido la cadena perpetua para Alvarez y para Pazo, dijo a Página/12 que después del miércoles próximo, cuando se conocerán los fundamentos del fallo, decidirá si apela o no la sentencia.
Ayer, al dar a conocer el monto de las penas, el tribunal no hizo mención a la actuación del celador Sandro Friedl, de quien varios testigos dijeron que se mantuvo estático y hasta �mirando hacia el techo�, como desentendiéndose del problema, durante los sucesos que terminaron con el asesinato de Aranda. Tampoco quedó clara la situación del otro guardia que estaba de turno el día del crimen, Luis Méndez, quien no estaba en su puesto cuando los presos que estaban en el pabellón cuatro, comandados por Alvarez, entraron sin trabas en el pabellón uno y asesinaron a Aranda.
Desde su detención, en agosto de 1996, Alvarez fue figura central en tres juicios. El 5 de septiembre de 1998 fue condenado a 25 años de prisión por el homicidio, en ocasión de robo, de Bernardo Loitegui. El 28 de octubre de 1999, otro tribunal lo sentenció a perpetua por un asalto en julio de 1996, cuando fueron asesinados el subinspector de la Federal Fernando Aguirre y la joven María Carballido. En ese caso, por acumulación de causas se le aplicó la accesoria de �reclusión por tiempo indeterminado�.
Hasta ayer, el �Niño bien� debía cumplir, por lo menos, 25 años de cárcel efectiva para poder aspirar a la libertad condicional. Al sumar otra condena a su corto pero rico historial, Alvarez tiene la puerta desalida cada vez más lejos. Como sus dos condenas anteriores han sido apeladas y no están firmes, la Cámara del Crimen, en un futuro cercano, deberá unificar las tres sentencias y establecer cuán lejos queda la calle.
Las críticas al tribunal
�El tribunal vio el árbol, pero se olvidó del bosque.� Teodoro Alvarez, defensor del �Niño bien�, apeló al lugar común para criticar la sentencia del Tribunal Oral 12. �El árbol era el crimen (cometido por Alvarez), pero el bosque era más importante porque era la corrupción del Servicio Penitenciario Federal, que no quiso ser vista por los jueces�, dijo el letrado a Página/12. El abogado Alvarez aludió así a la posibilidad de que el crimen de Elvio Aranda haya sido facilitado por los guardias del SPF.
�La corrupción del SPF es algo que viene de lejos, pero los jueces no quieren reconocerlo para no poner en tela de juicio a todo el sistema, salvo que reciban alguna amenaza personal�, señaló Alvarez, en obvia referencia a la causa iniciada por la denuncia del juez Alberto Baños.
Esta vez, la querella coincidió con la defensa. El abogado de la familia Aranda, Eduardo Azcuy, consideró �desmesurada la condena de 16 años para (Gonzalo) Pazo y de apenas 18 para Alvarez�. Concluyó que el tribunal lo condenó �porque necesitaba un coautor; de lo contrario tenía que pedir que se investigue a los guardias del SPF que ese día hicieron la vista gorda�. |
ACUSARON A POLICIAS DE HOMICIDIO
Preventivas por Ramallo
El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, dictó ayer la prisión preventiva a los policías bonaerenses Oscar Parodi, Ramón Leiva y Carlos Aravena, acusados de disparar sus armas en la �masacre de Villa Ramallo�, provocando dos de ellos la muerte del gerente Carlos Chaves y del contador Carlos Santillán. Como anticipó Página/12, la situación del suboficial principal Parodi, del Comando Patrullas nicoleño, y del sargento Leiva, integrante del GEO ya disuelto, aparecía como más complicada por haber disparado sus armas antes de que lo hicieran los delincuentes desde el interior del Polo verde. Ambos fueron acusados de homicidio simple, porque según el juez sus balas causaron la muerte de los dos rehenes. El cabo primero Aravena, también del ex GEO, disparó respondiendo a las balas de Saldaña y fue procesado por homicidio en grado de tentativa. Según las pericias, uno de sus proyectiles impactó en el cuerpo de Santillán, pero no fue el que determinó su muerte.
En los tres casos, la decisión tomada por Villafuerte se basó en las pericias de la Gendarmería, que analiza las trayectorias de las balas a partir de la disposición de los efectivos sobre la calle Sarmiento, de Villa Ramallo, y las armas de donde partió cada uno de los proyectiles. Mediante el cruce de datos, los gendarmes lograron determinar que el suboficial principal de los patrulleros Oscar Alberto Parodi y los GEOs de Zárate-Campana, el sargento Ramón Ignacio Leiva y el cabo primero Carlos Ariel Aravena, habían no sólo participado en el tiroteo sino que además sus balas habían impactado en los cuerpos del gerente Carlos Chaves y del contador Carlos Santillán.
Los tres fueron procesados en la causa 1080/99, que investiga las responsabilidades policiales en la masacre. Parodi, Leiva y Aravena son los únicos tres uniformados acusados de homicidio hasta el momento. Dentro de la misma causa, también fueron procesados, pero por incumplimiento de los deberes de funcionario público, el jefe de Seguridad de San Nicolás, comisario Alfredo Biardo �responsabilizado como jefe máximo policial de la jurisdicción�, y el comisario Omar Isaías �a cargo del desastroso operativo de recolección de pruebas, realizado con posterioridad a la masacre.
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