Por Héctor Alí
Desde Salta
 Dos piqueteros salteños murieron y otro resultó herido en un accidente automovilístico ocurrido en la madrugada de ayer, en Yuto, Jujuy. El hecho se produjo cuando viajaban en una camioneta para reintegrarse a la protesta. La tragedia y las dudas sobre las causas que la provocaron no hicieron mas que agregar tensión y malestar entre los manifestantes que ayer cumplieron once días desde que decidieron atravesar la ruta en demanda de la restitución de los planes Trabajar reducidos drásticamente por el gobierno nacional en marzo de este año. La mala noticia contrastó con la moderada expectativa que generó en la zona la llegada de un emisario del Ministerio del Interior para ponerse al frente de un comité de crisis. Luis Uriondo, secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, no fue muy elocuente a la hora de ofrecer soluciones y se limitó a advertir que el Gobierno �no negociará bajo presión�.
Aun así, los manifestantes accedieron a enviarle un petitorio de 25 puntos, que el funcionario se comprometió a analizar a condición de que despejen la ruta. La orden de desalojo fue dada por el juez federal Miguel Medina para su cumplimiento efectivo y, según información oficial, las tropas de Gendarmería estarían en las cercanías listas para actuar en cualquier momento.
Uriondo llegó el martes en un vuelo nocturno de línea y partió directamente hasta el Centro Cívico para reunirse con el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Walter Wayar, y otros funcionarios de primera línea. Allí quedó constituido el comité de crisis y como presidente del organismo habló con algunos periodistas pasada la medianoche. Fue muy claro al advertir que �el comité actuará con mucha firmeza�, asegurando que �no vamos a negociar bajo presión o chantaje�. En la misma línea se pronunció en la mañana de ayer el ministro de Gobierno, Gilberto Oviedo, quien copreside el comité como delegado del gobernador Juan Carlos Romero. El mandatario continúa de viaje por Israel, respondiendo a una invitación del embajador de ese país en la Argentina.
Voceros del Gobierno lamentaron las versiones acerca de �la falta de colaboración� de Romero para solucionar los problemas sociales de la provincia, vertidas por fuentes cercanas al ministro del Interior, Federico Storani. �Paradójicamente �dijeron�, Romero nos anunció que firmó un programa para emprendimientos productivos para mujeres de Tartagal.� Para los funcionarios consultados �una cosa es la posición del Frepaso y otra es el Ministerio del Interior, que está absolutamente conforme con la actuación del Gobierno.�
Sea como fuere, Uriondo y el resto del comité se encerraron ayer por varias horas para seguir la evolución del conflicto. Al filo del mediodía el funcionario se comunicó telefónicamente con voceros de los manifestantes, a quienes reiteró los mismos términos de sus declaraciones periodísticas. En la zona del corte, la llegada del emisario nacional fue recibida con moderado entusiasmo y cierto disgusto por la �altivez� que, según dijeron, exhibió Uriondo. De todos modos, aceptaron enviarle un petitorio con 25 puntos que recoge los planteos conocidos y agrega reivindicaciones históricas establecidas en el acuerdo que permitió el levantamiento de los cortes de mayo del �97 y que nunca fueron cumplidas.
A pesar de los recelos, los manifestantes resaltaron que ése había sido el �primer contacto positivo� que mantenían con alguna autoridad nacional o provincial, pero reiteraron su voluntad de permanecer en la ruta pese a las amenazas de un desalojo por la fuerza. Hasta ayer, la medida mantenía su fisonomía: camiones atravesados en cada punta del corte, barricadas, gomas humeando y la gente transitando a lo largo de los 300 metros que ocupan sobre la Ruta 34. Algunos de los participantes negaron que alguien portara armas o bombas, como se informó oficialmente, pero también huboquienes pudieron constatar el acopio de cócteles molotov en algunos sectores.
La diversidad de actitudes parece reflejar también los movimientos internos que existen alrededor de la medida. No son pocos los que atribuyen la persistencia del corte a una disputa entre el intendente peronista de General Mosconi, Miguel García, y el diputado provincial del mismo partido, Víctor Bellmon, quienes estarían luchando para posicionarse políticamente en el departamento.
Ajenos a las internas partidarias, la mayoría de los piqueteros no parecen responder a sectores orgánicos y aseguran estar dispuestos a resistir un eventual desalojo por la fuerza. Los mas pesimistas afirman que �si hay represión acá puede haber una masacre�. Por ahora, los costos en vidas se cobraron de manera insólita. Además de los dos piqueteros que murieron en un choque se dijo que una mujer, cuyo traslado a Salta se habría demorado por el corte, murió afectada por una pancreatitis. Anoche, en un acto convocado por gremios estatales en esta ciudad, dirigentes opositores responsabilizaron al gobierno provincial por la grave crisis social y las consecuencias de una eventual represión.
FEDERICO STORANI DICE QUE QUIERE AGOTAR EL DIALOGO Y EVITAR LA REPRESION
Con la espada de la orden de desalojo
Decidido a agotar el diálogo antes de ordenar una represión de desenlace incierto, el Gobierno resiste la ansiedad del juez salteño para desalojar la ruta que se encuentra cortada. A pesar de los esfuerzos, los representantes del Ejecutivo consideran inaceptable los reclamos de los manifestantes.
El representante del Gobierno en la zona es Luis Uriondo. El ex diputado peronista, de buena relación con los funcionarios provinciales, preside el Comité de Crisis que tiene que dialogar con los 300 manifestantes que mantienen cortada la Ruta Nacional 34, cercana a General Mosconi, en el Norte de Salta. El Gobierno dice que el problema es que el juez federal Miguel Medina ya libró un oficio en el que instó a �disuadir� a los manifestantes, y podría ordenar la represión en cualquier momento. Los funcionarios tratan de convencerlo de la necesidad de evitar un desalojo compulsivo, pero temen que si las conversaciones no prosperan en los próximos dos o tres días el magistrado decida utilizar la fuerza.
Claro que, en caso de no encontrar una solución, el Gobierno quiere evitar experiencias como la de Corrientes, donde dos militantes murieron en el desalojo de un puente. Por eso, los oficiales a cargo de los 600 gendarmes que se encuentran en la provincia son revisados por los oficiales para detectar armas no reglamentarias. Además, el piquete está siendo filmado constantemente. El peligro es evidente: según el último informe de inteligencia que maneja Interior, los manifestantes tienen once armas y algunos se encuentran apostados en una refinería cercana. Los camiones varados por el corte y el cobro de �peaje� por parte de algunos piqueteros hacen temer más problemas. La situación se agrava además porque los representantes del Gobierno no encuentran un único interlocutor entre los manifestantes.
�Hablamos con ellos en no menos de cien oportunidades. Es absolutamente falso que no hayamos intentado dialogar, lo que pasa es que las exigencias son inaceptables�, aseguró ayer Federico Storani. Y, en sintonía con otros funcionarios, agregó que algunos de los manifestantes tienen �motivaciones políticas�. Los piqueteros reclaman un incremento de los planes Trabajar. Durante 1999 se ejecutaron 395 planes, que se incrementaron a cerca de 2 mil a fines de ese año, en simultáneo con el último intento rereeleccionista de Menem.
CORTARON las RUTAS 22 y 7
Neuquinos encendieron el alerta
Por Elio Brat
Desde Neuquén
Cuando esta provincia patagónica amanece con la noticia de que la ruta nacional 22 está cortada por pobladores de Cutral-Có y Plaza Huincul, todas las luces políticas del gobierno provincial encabezado por Jorge Sobisch se prenden inmediatamente. Y ayer, a unos 150 desocupados cutralquenses que se instalaron en la salida de esa ciudad con destino a Zapala reclamando trabajo, se les unió una veintena de familias que ocuparon la ruta provincial 7 a la altura del pueblo fruticultor de San Patricio del Chañar. Este último corte se levantó luego de que el intendente Leandro Bertoya (Movimiento Popular Neuquino) accediera a frenar los remates de 17 terrenos que el municipio había cedido hace cinco años y que como sus ocupantes no habían podido pagar las veinte cuotas de veinte pesos que se pactaron iban a venderse. En Cutral-Có esperan una respuesta para levantar el corte.
La protesta de los desocupados de Cutral-Có comenzó anteanoche cuando un centenar de ellos, enrolados en los llamados �planes especiales� que se crearon con fondos aportados por el gobierno nacional y el municipio, decidieron mantenerse en el edificio comunal por más de tres horas reclamando a viva voz la continuidad de los programas transitorios de trabajo de 200 pesos por los próximos seis meses. Cuando se encaminaron hacia la ruta nacional 22 para cortarla se les unieron varias mujeres que pertenecen a los planes Trabajar cuyos cupos no fueron renovados.
Unos ciento cincuenta manifestantes colocaron cubiertas, palos y ramas durante toda la noche y el día de ayer sobre la cinta asfáltica, y fueron vigilados de cerca por la policía provincial, que procedía a desviar el tránsito.
�Déjense de joder y pónganse a trabajar para solucionar los problemas�, se quejó a través de las radios locales el ex intendente de Cutral-Có Adolfo Grittini, luego de denunciar haber sufrido un atentado incendiario que en la madrugada consumió parte de una base donde había camiones de su propiedad. �Perdí unos 120 mil pesos�, dijo el político y empresario local, agregando que �si durante cinco meses no se ha sacado ni una sola ley en nuestra Legislatura, ¿a quién le vamos a echar la culpa de lo que pasa?�.
Más de la mitad de los salteños
sobrevive bajo la línea de pobreza
Más de la mitad de los salteños �55 de cada cien� viven en hogares ubicados por debajo de la línea de pobreza. El 17,6 por ciento de la población de la provincia (184 mil personas) está directamente bajo la línea de indigencia, expresión que significa que tienen importantes dificultades para alimentarse. La brecha entre los que más y los que menos tienen se ha ahondado a tal punto que los ingresos del 10 por ciento más rico es 32 veces más alto que el que percibe el 10 por ciento más pobre: es el peor registro del que se tenga memoria para Salta en los últimos 15 años. Los números que pintan el aumento de la desigualdad y la calamitosa situación social en la provincia son parte de un informe que realizó la consultora Equis de Artemio López en base a datos oficiales del INDEC y el Banco Mundial.
El estudio analizó la distribución del ingreso, la situación ocupacional y de pobreza de los salteños. Allí el Estado es el principal dador de empleos, mientras que la precarización laboral y el trabajo en negro abarcan casi al 40 % de los que tienen trabajo, que están huérfanos de cualquier tipo de cobertura social. El fenómeno, según la consultora, es una de las consecuencias de la fuerte crisis económica de la región, por lo que muchos de los que quedaron fuera del sistema resisten como cuentapropistas, empleados domésticos o en emprendimientos económicos cuasi familiares y de escasa productividad.
Hace un año y medio, según una medición que hizo la consultora en los principales departamentos, la mitad de las familias de la provincia vivía con menos de 500 pesos por mes. Todo indica que desde entonces la situación ha ido empeorando. En principio porque el número de desocupados y subocupados creció de manera notoria. La población en edad de trabajar aumentó de octubre del �98 a octubre del �99 en 24.282 personas. Pero al terminar ese mismo período la provincia tenía 11 mil desocupados más, a un promedio de casi 33 desocupados nuevos por día, lo que muestra una incapacidad de generar puestos de trabajo suficientes para absorber la demanda de nuevos trabajadores. La tasa de subocupación también aumentó el 16%, abarcando a poco más de 10 mil personas. Y 22 mil ocupados, casi 3 de cada diez del conjunto de la población económicamente activa, manifestaron tener severos problemas de empleo.
El relevamiento que el Banco Mundial dio a conocer el año pasado señaló que el 55,9 por ciento de la población total de la provincia está por debajo de la línea de pobreza, es decir que para mantener a una familia de cuatro integrantes cuenta con menos de 490 pesos por mes. Dentro de ese grupo �de más de 584 mil habitantes� hay 184 mil que ni siquiera tienen 240 pesos mensuales para cubrir las necesidades de su grupo familiar, por lo que sin auxilio del Estado enfrentan serios problemas de sobrevivencia. El panorama es también crítico en el aspecto sanitario. La falta de baños en mínimas condiciones �es decir, de un simple retrete con descarga de agua� afecta al 12,5 por ciento de la población. Hay más de 105 mil salteños que viven hacinados �tres o más por cuarto�, mientras que cerca de 87 mil habitan en viviendas no aptas, es decir sin piso de material y con paredes de chapa o de cartón.
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