Un instrumento previsto en la ley de Solvencia Fiscal
Denunciarán al que no ajuste

Hacienda accionará penalmente, por incumplimiento de los deberes de funcionario, a ministros y secretarios que gasten de más. El ministro José Luis Machinea, agobiado por los reclamos. Para cuidar el ajuste denunciará a sus colegas si es necesario.

 La Secretaría de Hacienda denunciará penalmente, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, a ministros, secretarios de Estado o titulares de organismos descentralizados que gasten más de la cuota presupuestaria asignada todos los meses o tomen deuda con proveedores sin autorización. De hecho, en forma reservada para no provocar revuelo en el gabinete, donde las tensiones por el reparto de fondos es cada día mayor, ya se enviaron dos expendientes al procurador general de la Nación, para que éste evalúe si existen elementos suficientes para radicar una denuncia penal en la Justicia. Las actuaciones están encuadradas en la Ley de Responsabilidad Fiscal, aprobada el año pasado, y en Economía consideran que será un instrumento valioso para contener las presiones por más gasto público de otros ministerios y cumplir las metas fiscales pautadas con el FMI. Es la primera vez que un ministro de Economía asume semejante rol para cuidar la salud del ajuste. Mientras el establishment aplaude, el método puede desatar una verdadera guerra en el gabinete. 
La noticia de que el déficit de abril alcanzó al 90 por ciento del déficit acordado por el Fondo Monetario Internacional para todo el segundo trimestre del año volvió a provocar tensión en el gabinete de Fernando de la Rúa. Hasta la semana pasada, por lo menos, cuatro ministros (Nicolás Gallo, de Infraestructura, Graciela Fernández Meijide, de Desarrollo Social, Federico Storani, de Interior y Alberto Flamarique, de Trabajo) presionaban sobre Hacienda para que el secretario Mario Vicens abriera la caja, les autorizara una mayor cuota presupuestaria y les permitiera así cumplir con un mínimo de las demandas sociales y sectoriales que reciben a diario. 
Para tener una idea de la mishiadura que soportan algunos ministerios, Fernández Meijide viene reclamando sin éxito un aumento en los fondos del plan ProHuerta, el programa de microemprendimientos agropecuarios de mayor cobertura del país, de tan sólo 2 millones de pesos por sobre los flacos 10 millones asignados para este año. Mientras tanto, la ministra, esmerilada políticamente por pasar inadvertida en un escenario social cada vez más caliente, pelea por que no le recorten el presupuesto de 60 millones anuales destinados al reparto de alimentos en las provincias. 
Más preocupado todavía está Gallo, que anunció un ambicioso plan de viviendas, financiado con recursos públicos y créditos internacionales. José Luis Machinea ya lo vetó, aunque en público diga que negocia con el BID el desembolso de los préstamos que solicita su colega de gabinete. 
En un principio Storani se puso al frente de la poda en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que en forma oscura manejaba su predecesor en Interior, Carlos Corach. Luego se percató de que el problema no era el instrumento y que, utilizado con criterio, podría servir para apagar incendios en áreas socialmente inestables. Hoy, la �pesadilla de Fredi�, dicen quienes lo conocen, es quedar en la historia de la democracia reciente como el ministro que reprimió más que Corach. Flamarique, en tanto, paga su cuota del costo político cada vez que una protesta por la eliminación de planes Trabajar amenaza en traducirse en un estallido social con repercusión nacional, como ocurre actualmente en Salta. 
En las próximas semanas, esos funcionarios sentirán cómo el grifo de Hacienda se cierra aún más en un intento desesperado por alinear las cuentas fiscales con las metas del FMI. Para tal fin, Machinea cuenta con un aliado clave: �Hay ministerios que todavía no hicieron los ajustes necesarios�, plantea sin rodeos en el gabinete el influyente Fernando de Santibañes, jefe de la SIDE.
Con ese aval, en el equipo económico aseguran que no dudarán en denunciar ante la Procuración General de la Nación a ministros, secretarios y titulares de organismos descentralizados que gasten o se endeuden con proveedores por encima de la cuota que les autorice Hacienda. Luego, los fiscales deberán determinar si cabe una denuncia penal en la Justicia por incumplimiento de los deberes de funcionarios público. �Sólo vamos hacer lo que dicta la Ley de Solvencia Fiscal. Si no damos curso a la denuncia, los que estaríamos incumpliendo la ley seríamos nosotros�, dicen en Economía. En realidad la ley, promulgada en setiembre pasado, es bastante ambigua: en su artículo cinco, afirma que se �establecerán sanciones a las autoridades� que no cumplan con el compromiso de reducción del déficit fiscal, hasta llegar al equilibrio en el año 2003. Dichas sanciones, �serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo nacional�, señala.
Sea como fuere, Economía ya dejó constancia del procedimiento al que echará mano, demostrando que existe la voluntad de avanzar en este terreno, políticamente muy escabroso. Sucedió con dos casos que no fueron difundidos y hasta pasaron inadvertidos en el gabinete. La Oficina de Presupuesto Público detectó excesos de gastos en el primer trimestre en Fabricaciones Militares, un organismo hoy bajo la órbita de Economía, y en el Instituto Nacional del Cine, dependiente de la Secretaría de Cultura, antes de que asumiera su actual titular José Miguel Onaindia. Hacienda abrió sendas denuncias, que están en poder del procurador Nicolás Becerra. En ambos casos, las cifras del desvío fueron marginales y la responsabilidad habría caído en funcionarios de la línea. 
Sin embargo, el rumor de que Economía denunciaría penalmente a los funcionarios que no acataran la orden de ajustarse el cinturón se esparció entre los consultores de la city, verdaderos guardianes de las metas del Fondo, que lo celebraron como un gesto de �valentía� del secretario de Hacienda, Vicens. Más aún, en el equipo de Santibañes son de la opinión de que esta metodología debiera hacerse pública más allá de la barra de la city, a manera de advertencia para ministros y secretarios que todavía no entendieron el mensaje: el que no cumpla con las reglas del ajuste deberá enfrentar una acusación penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público. 
�La causa del ajuste no puede ser sólo del Ministerio de Economía, haciendo el malo de la película. Todos tienen que hacer de malos de la película. Pero esto no está pasando, salvo con Santibañes, que es el único que en casa (por la SIDE) hizo el recorte que hacía falta�, explican en las cercanías de Machinea. Y agregan: �todos entraron al Gobierno pensando que iban a hacer grandes obras y ahora no tienen los fondos. Está todo el mundo desesperado. Pero si queremos cuidar la estabilidad lo cosa va a seguir siendo así�.

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