Página/12

TRAS LAS AMENAZAS, LOS JUECES PIDEN MAS SEGURIDAD
Cómo cuidar a su señoría

Los jueces nacionales se quejaron ante la Corte por la falta de seguridad. Nazareno admitió la preocupación por el tema. Analizan poner detectores de metales en los accesos a Tribunales.

El presidente de la Corte, Julio Nazareno, admitió que hay preocupación por la inseguridad.
Los reclamos fueron formulados tras las amenazas a los jueces Alberto Baños y Susana López.

Como ocurre con los casos más complejos, las amenazas a los jueces que investigan focos de corrupción en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) llegaron para su tratamiento hasta la Corte Suprema de Justicia, que ahora estudia qué medidas tomar para garantizar la seguridad de los magistrados que tienen su despacho en el Palacio de Tribunales. El presidente del máximo tribunal, Julio Nazareno, admitió que hay �preocupación� por la situación planteada con los jueces Alberto Baños y Susana Wilma López, teniendo en cuenta las �escasas condiciones de seguridad� para vigilar el ingreso y egreso de los miles de personas que concurren a diario al edificio de Talcahuano 550. �Un Estado democrático no se puede dar el lujo de tener jueces amenazados�, dijo el viceministro de Justicia, Jorge Pérez Delgado, quien visitó a los dos jueces y se puso a disposición de la Corte para aportar lo necesario en materia de seguridad. Una alternativa sería instalar detectores de metales en los accesos del Palacio y reforzar la guardia policial en los 42 juzgados de instrucción que allí funcionan.
Los jueces que trabajan en Talcahuano 550 se dirigieron a la Corte para pedir que arbitrara �los medios tendientes a revertir la situación de inseguridad en que los magistrados ejercen sus funciones, habida cuenta de que la gravedad de los hechos que son de dominio público involucran a un organismo que depende de otro poder el Estado�, en alusión al SPF. El juez Baños, al hablar ayer en la reunión quincenal que realiza el Consejo de la Magistratura, afirmó que hay �problemas serios de seguridad en el Palacio de Justicia� porque �cualquier persona circula libremente y se puede entrar con paquetes sin que haya control alguno�. Al término de la reunión, el Consejo expresó su �solidaridad activa� con los jueces y los dos secretarios amenazados, María Fernanda Martínez y Julio Quiñones.
El viceministro Pérez Delgado, que estuvo reunido una hora con Baños y luego visitó a la jueza López, consideró �muy grave� la situación derivada de las amenazas que han recibido los cuatro funcionarios judiciales que vienen investigando causas relacionadas con la salida ilegal de presos, con la ayuda de personal del SPF, y un posible atentado contra Baños. Además de la solidaridad, Pérez Delgado dijo que analizan �otras medidas de apoyo que no interfieran en la independencia del Poder Judicial�.
El funcionario resaltó que en la actual situación los jueces �no están solos�, porque los acompañan �muchos colegas y el poder político, que quiere que sigan ejerciendo con libertad la investigación que llevan adelante� y que involucra directamente al SPF, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El subsecretario de Justicia, Carlos Balbín, quien acompañó a Pérez Delgado, explicó a Página/12 que el Poder Ejecutivo �sólo puede intervenir a requerimiento de la Corte; por eso fuimos a ofrecer todo el apoyo que necesiten y a escuchar sus propuestas�. Reconoció que uno de los planteos que escucharon fue la instalación de máquinas detectoras de metales en las puertas de acceso al Palacio, similares a las que hay en los tribunales federales del edificio de Comodoro Py. Balbín dijo que una medida de pronta resolución sería reforzar la guardia policial en los 42 juzgados de instrucción que hay en el palacio.
Ante una consulta, Balbín admitió que la situación es muy compleja porque en el edificio de Talcahuano 550, que ocupa una manzana, entran miles de personas a diario en el horario de 8 a 13, cuando están abiertas por lo menos tres puertas de acceso. En el palacio funcionan todas las dependencias de la Corte, la Intendencia, el Archivo General, las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial y en lo Contencioso Administrativo Federal, tres juzgados comerciales, diez tribunales orales en lo criminal, siete juzgados de menores y 42 juzgados de instrucción, dos de los cuales pertenecen a los doctores Baños y Wilma López.
Baños dijo ayer que la Policía Federal adoptó �medidas de seguridad satisfactorias� luego de que él denunciara la existencia de un complot para asesinarlo a él y a su secretaria María Fernanda Martínez. Otro que habló sobre su situación personal fue el secretario Julio Quiñones, quiendijo que estaba tranquilo, aunque admitió que �no es agradable tener a un policía de custodia en el living de casa�.

CONDENADO POR MATAR A UN PERRO
Paseador de pocas pulgas

Nadie recuerda un hecho semejante en la historia judicial. El acusado es un cuidador de perros y la víctima fatal, un boxer. Según pudo reconstruir el juez en lo correccional de la Capital Federal Eduardo Etcharrán, el paseador de animales agredió brutalmente con una patada en la zona abdominal a uno de los pichichos que estaban bajo su cuidado, cuando la mascota se le cruzó en el camino, y le provocó la muerte. El magistrado le imputó haber violado la llamada Ley Sarmiento, que castiga el maltrato de animales con penas entre un mes y un año de prisión. Sin embargo, el hombre zafó de la cárcel: fue beneficiado por la aplicación de la �probation� y deberá pagar 480 pesos por daños a la dueña del animal y cumplir cuatro meses de trabajos comunitarios.
El atacante fue identificado como Adrián Silvio Pizarro. La agresión ocurrió el 17 de setiembre de 1998, en la calle México al 3900, barrio de Almagro. Pizarro cumplía con su trabajo y paseaba las mascotas ajenas cuando una de ellas, un boxer, se le interpuso en el camino. El hombre no tuvo mejor idea para persuadirlo de que continuara con su marcha que lanzarle una patada. El golpe fue directo a la zona abdominal del pichicho. Según declararon testigos, el animal gimió de dolor durante unos instantes. Por la noche, el perro orinó sangre y cuando su dueña lo llevó al veterinario, su estado era de tal gravedad que el profesional no pudo salvarle la vida.
La mujer denunció la muerte de su mascota a la Justicia. El caso cayó en manos del juez Etcharrán. Al caratular la causa, el magistrado decidió aplicar una figura contemplada en el artículo tres de la ley 14.348 -conocida como Ley Sarmiento� que castiga el maltrato a animales con penas de un mes a un año de prisión. Finalmente, el juez decidió beneficiar al paseador de perros con la �probation�, que consiste en la suspensión del proceso a cambio de realizar trabajos comunitarios. Pizarro deberá pagar 480 pesos por daños a la dueña del boxer muerto y cumplir durante cuatro meses tareas sociales en un hospital público que le asignó la Justicia.
El caso sorprendió en los tribunales. Según revelaron fuentes judiciales, no registra antecedentes, por lo que probablemente la resolución a la que llegó el magistrado siente un precedente para episodios similares que se produzcan en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta la proliferación de paseadores de perros que se ha dado en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires.

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