Por Martín Granovsky
El día empezó con humo y terminó con humo. De madrugada el hongo de los gases lacrimógenos se elevó por encima de las columnas densas que levantaban las gomas quemadas por los piqueteros de Tartagal, el pueblo que se resiste a ser fantasma y ahora reclama, al menos, la compensación de algunos planes Trabajar. Quedaron 40 heridos, entre civiles y gendarmes, y 40 detenidos. Un camionero murió de un infarto. Por la noche los piqueteros volvieron a cortar la ruta quemando gomas, mientras el comité de crisis encabezado por los secretarios Horacio Viqueira, de Empleo, y Walter Ceballos, de Provincias, trataba de alcanzar la solución que el Gobierno no aportó antes de reprimir. Hasta el gobernador salteño, Juan Carlos Romero, percibió por primera vez que la crisis era seria: interrumpió su viaje por Israel.
Hasta la tarde de ayer, la única reacción del Ejecutivo nacional había sido enviar a un funcionario, el responsable de la seguridad interior Luis Uriondo, y disponer que actuara la Gendarmería para desalojar la ruta.
La versión oficial, aportada después de los enfrentamientos por el ministro del Interior, Federico Storani, dice textualmente así:
�Primero se creó un comité de crisis para negociar, con instrucciones. Pero los interlocutores (de los piqueteros) no son siempre los mismos, y por eso no había negociaciones y se prolongaba todo sin solución. El comité de crisis trató de involucrar a todas las partes, incluida la provincia. Por eso intervino la Gendarmería para desalojar la ruta 34. Fue sin armas de fuego y soportó estoicamente incluso la acción de francotiradores.
Sigue de este modo la versión:
�Hay también otros intereses en juego, con muchas ganas de que la gendarmería y las fuerzas del orden estén metidas en otro tema. En una zona de frontera caliente operan el contrabando y el narcotráfico. Y no vemos muy desvinculado el motín en la cárcel, donde hay varios procesados por narcotráfico.
Otros funcionarios de Interior señalaron a Página/12 su orgullo por lo que podría llamarse, siguiendo el razonamiento oficial, represión soft, sin los muertos de Corrientes y las navajas policiales del Congreso. Esta vez, a diferencia de las anteriores, el Gobierno puso límites concretos a la represión. Pero no tuvieron en cuenta los heridos ni dieron precisiones sobre qué decomisos se practicaron en la frontera aprovechando que la inteligencia advirtió que aumentaría el tráfico de drogas.
La Gendarmería reprimió en dos lugares distintos. Primero en la ruta 34, con uso masivo de gases y balazos de goma, y luego en el centro de General Mosconi, donde la población enardecida llegó a quemar la municipalidad, arrojando al fuego desde marcos de puertas hasta computadoras.
Los piqueteros usaron piedras y palos. Después cruzaron dos camiones incendiados como barricadas. Víctor Yofre, un camionero mendocino, murió de un infarto tras discutir con quienes obstruían la ruta.
A las 7 el comandante Prado pudo decir: �Hemos llevado a cabo la operación de limpieza como se nos ordenó�. Informó que había usado 600 hombres. Las imágenes mostraban todas las columnas de gas lacrimógeno fundidas en una sola, como una neblina espesa e impenetrable.
Cuarenta y cinco minutos después, escapando a la policía provincial, los piqueteros tomaron de la iglesia la imagen de la Virgen de Fátima y emprendieron una procesión por las calles del centro mientras rezaban el Padre Nuestro.
Desde muy temprano en la mañana, en Buenos Aires comenzó a librarse otra batalla paralela entre el gobierno provincial y el nacional por ver quién se libraba del costo político de la represión y la crisis.
�Por las elecciones, se sobredimensionaron los planes Trabajar �dijo Fernando de la Rúa como una explicación de los efectos negativos que, después, produjo la restricción de la ayuda social. Su vocero, Darío Lopérfido, dijo que �hay responsabilidades compartidas entre Nación y Provincia�, y agregó que le parecía extraña la ausencia de Romero, en gira por Medio Oriente, en medio de la crisis.
�No nos pueden venir a exigir que en cuatro meses solucionemos los desastres de diez años de menemismo�, dijo Carlos �Chacho� Alvarez. �Los años de Menem fueron años de festival, de irresponsabilidad�, criticó Graciela Fernández Meijide. Ceballos completó la condena a Romero: �Los planes que la Nación tiene comprometidos están siendo pagados. La situación se agravó porque había planes de empleo transitorios que pagaba el gobierno provincial, que este año no los puso en su presupuesto�. El jefe del bloque oficialista, Darío Alessandro, a su vez, completó a De la Rúa: �Que en setiembre y octubre se hayan alcanzado los picos máximos de los planes Trabajar demuestra la utilización que se quería hacer para capitalizarlos electoralmente�.
El gobernador no tuvo dudas. Desde el Hilton de Tel Aviv aclaró que no era Dios, o sea que no podía �estar en todos lados al mismo tiempo�, felicitó a la Gendarmería y a la policía y culpó de los incidentes al �activismo anarquista�. Romero retrocedió casi 80 años: es difícil encontrar una calificación así desde que el Ejército reprimió a los peones de la Patagonia en 1921.
La visión del PJ y la de la Alianza quedó sintetizada anoche en el programa de televisión de Nelson Castro.
�A veces la gendarmería es más rápida que las soluciones políticas -resumió el diputado justicialista salteño Juan Manuel Urtubey, convertido durante el día en un referente público de Romero�. Ahora, dejemos de hacer política con el hambre de la gente.
Nilda Garré, diputada del Frepaso-Alianza, le retrucó volviendo a Menem.
�Como Cutral-Có, en Neuquén, Tartagal sufrió con el achicamiento de YPF. El gobierno de Menem podría haber generado otro proceso productivo, pero, igual que en Cutral-Có, no lo hizo. Y eso que Tartagal es una zona subtropical rica. El tártago permite hacer aceite de ricino exportable. El palo santo es una madera utilizable. Tras diez años de menemismo, el gobierno de Romero no recicló la economía.
Pero lo cierto es que argumentos como los de Garré aparecieron con fuerza en público recién ayer. Y recién ayer, luego del corte de rutas, un avión con Viqueira, Ceballos, planes Trabajar y dinero de Adelantos del Tesoro Nacional partió a Salta.
También fueron necesarias las gomas quemadas para que el obispo de Orán, Jorge Lugones, y su colega de Salta, Mario Cargnello, abandonaran la reunión episcopal en San Miguel para reunirse con De la Rúa y discutir sobre la crisis.
�Que andamos en las drogas es una mentira de acá a la China �gritaba uno de los piqueteros, con la cara cubierta por los gases�. Solamente queremos trabajo digno.
HABLA EL JUEZ MEDINA, EX APODERADO DE ROMERO
�El Gobierno decidió esperar�
Por Eduardo Tagliaferro
Orgulloso de sus antecedentes como militante justicialista y seguidor del actual gobernador salteño, Juan Carlos Romero, el juez federal Miguel Medina no aceptó frente a Página/12 que el gobierno nacional lo convirtiera en el principal responsable de la represión de ayer en General Mosconi.
�¿Cuándo tomó la decisión de reclamar el desalojo de la ruta 34?
�El pasado martes envíe un oficio al gobierno nacional, reclamando la ayuda del destacamento nacional de la Gendarmería para desalojar la ruta nacional 34, a la altura de General Mosconi. La policía provincial me había enviado un oficio en el que me manifestaba que no tenía el personal de infantería necesario para liberar la ruta.
�¿El oficio exigía desalojar a los piqueteros de cualquier forma?
�El oficio era de estilo, y por ese motivo fue tenido en cuenta por el Ministerio del Interior, que emitió una resolución convocando al Comité de Crisis tal como prevé la ley de Seguridad Interior. Si hubiera sido descabellado o arbitrario, hubiera sido rechazado sin más trámite. No hice más que cumplir con la ley.
�Cuando se interroga al Gobierno por la represión, dice que obedeció a una orden judicial. ¿Es así?
�Yo notifiqué al Gobierno el martes de la semana pasada. Desde el principio del corte de la ruta hasta hoy pasaron 10 días. Si el Gobierno decidió esperar hasta ayer para resolver el conflicto, ya no es mi competencia. Como tampoco lo es la forma en que se resolvió el desalojo.
�¿Cuántos detenidos hay?
�Hasta este momento hay 40 detenidos a los que les estamos tomando declaraciones. Incluso hemos habilitado el juzgado para seguir interrogándolos durante el sábado y el domingo. No voy a prolongar las detenciones más allá de lo que cada situación exija.
�¿Bajo qué cargos se los acusa?
�Aquellos que hayan acatado la primera intimación van a ser procesados por infracción al artículo 194 del código penal, los que hayan persistido en el corte de ruta y desconocieron las dos intimaciones se los acusará por motín.
�¿Usted era apoderado del Partido Justicialista?
�Sí, hasta el año `95 fui apoderado y participaba del grupo interno liderado por el actual gobernador Juan Carlos Romero. Luego renuncié y asumí en este juzgado. Anteriormente ya había ocupado otros puestos en la Justicia.
�¿Cómo pronostica la evolución del conflicto?
�Soy optimista, porque cuando la política no interviene pasan estas cosas y por fin luego de 10 días sucedió algo que no se hace muy frecuentemente en este país: se empezó a hacer política. Aparecieron los funcionarios nacionales, apareció la iglesia y se está hablando del tema.
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