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Diputados brasileños investigarán
el asesinato de Joao Goulart 

La Cámara de Diputados de Brasil designó ayer a once legisladores encargados de esclarecer la muerte del ex presidente de ese país en la Argentina en el marco del denominado plan Cóndor.

El presidente Fernando Henrique Cardoso dio luz verde para que avance la investigación.


t.gif (862 bytes) La Cámara de Diputados de Brasil nombró ayer a los legisladores que integrarán la comisión especial creada para investigar el asesinato del ex presidente brasileño Joao Goulart ocurrido en Argentina en 1976, víctima de la Operación Cóndor. El presidente de la Cámara baja, diputado Michel Temer, anunció que los once parlamentarios de la comisión tendrán un plazo de 180 días para investigar la denuncia del líder socialdemócrata Leonel Brizola, quien considera que Goulart, su cuñado, fue envenenado por agentes al servicio de ese plan de represión coordinada en el Cono Sur. 
El Cóndor fue una iniciativa del gobierno del entonces dictador chileno Augusto Pinochet y permitió coordinar la �guerra sucia� de los órganos de seguridad de ese país, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, según confirman diversos testimonios y documentos. Sin embargo, apenas asumió en su cargo, el jefe del Ejército argentino, Ricardo Brinzoni, aseguró que no le constaba que la Operación Cóndor hubiera existido. 
Joao Vicente Goulart, hijo del último presidente democrático brasileño antes del período de gobiernos militares �iniciado en 1964 y concluido en 1985�, se congratuló por la decisión parlamentaria y se sumó a las sospechas de que su padre fue asesinado por lo que denominó el �Mercosur del terror�. �La familia Goulart tiene limitaciones, por ejemplo la de requerir información a las autoridades argentinas, lo que no será el caso de esta comisión que cubre nuestra imposibilidad de llevar adelante una investigación de tal envergadura�, declaró el hijo del ex presidente al diario Jornal do Brasil. 
El diputado socialdemócrata Miro Teixeira, quien requirió la creación de la comisión que ahora integra, reveló que ha pedido una reunión con el ministro de Seguridad Institucional de la Presidencia, el ex general del Ejército Alberto Cardoso, para conocer informaciones al respecto. No obstante, Teixeira reconoció que es �poco probable� encontrar archivos del asunto en Brasil, �porque eso (el supuesto asesinato de Goulart) fue perpetrado fuera del país�, según consignó la agencia EFE. 
La Secretaría de Seguridad Institucional de la Presidencia y el Ministerio de Justicia anunciaron el jueves pasado que fueron notificados por la Abogacía General del Estado de que, paralelamente a la investigación parlamentaria, deben informar a la Justicia argentina de todo lo que sepan sobre la Operación Cóndor. En los tribunales locales hay tres causas dedicadas a investigarla. 
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Marcos Rolim, informó ayer que convocó para el próximo miércoles a �una audiencia pública extraordinaria para debatir todo este asunto�. Entre los convocados, además de Brizola, figura el presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, Jair Krischke, quien ha entregado a la Justicia argentina diversas pruebas sobre el caso, así como el periodista Nilson Cezar Mariano, autor del libro Operación Cóndor: terrorismo de Estado en el Cono Sur. 
Brizola declaró hace dos semanas que �la causa oficial del deceso de Goulart fue un ataque cardíaco, pero es altamente sospechoso que el gobierno militar argentino y brasileño hayan prohibido en ese momento la realización de la autopsia como reclamaban los amigos del ex presidente�. El ex gobernador aseguró que �hubo un plan Cóndor que tenía como objetivo eliminar personalidades políticas de influencia en nuestros países�, y sugirió que �la Justicia brasileña debe solicitar a la Argentina que provea toda la información porque se trata de un ex presidente que murió en el exilio�.
A su vez, la Corte Suprema del Brasil ordenó a los organismos de seguridad proveer toda la información y documentación sobre la desaparición de tres personas argentinas en Brasil que fue solicitada por el juez federal Claudio Bonadío. 

 


 

URUGUAY VA A INVESTIGAR EL DESTINO DE LOS DESAPARECIDOS
Batlle pidió ayuda a la Argentina

El presidente de Uruguay, Jorge Batlle, pidió al Gobierno argentino su colaboración para investigar los casos de niños y adolescentes uruguayos desaparecidos durante las dictaduras que gobernaron en ambos países. Batlle encomendó al ministro de la Embajada de Uruguay en Buenos Aires, José Ignacio Villar, entrevistarse con las autoridades argentinas para recabar información al respecto.
Según fuentes gubernamentales orientales consultadas por la agencia EFE, Villar ya habría entablado contactos con Fernando de Santibañes, jefe de la SIDE. Sin embargo, los espías locales ni confirmaron ni desmintieron esa información. De todos modos, las primeras consultas se refieren a los casos de los hermanos Beatriz y Fernando Hernández Hobbas, uruguayos desaparecidos en la Argentina en 1977, hijos de Nelson Hernández y Lourdes Hobbas, detenidos en Buenos Aires en 1974 y 1977, respectivamente. Nelson Hernández fue liberado en 1977, se exilió en España y allí falleció, mientras que Lourdes Hobbas y sus hijos Beatriz y Fernando siguen desaparecidos.
El jefe de Estado uruguayo está interesado en aclarar también el caso del hijo de la uruguaya Blanca Altmann, que dio a luz en una fecha no precisada mientras permanecía detenida en Buenos Aires. Tras comprometerse el pasado 1º de marzo en el acto de asunción a procurar �sellar la paz definitiva entre los uruguayos�, Batlle inició una serie de investigaciones sobre los destinos de desaparecidos durante el régimen militar que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985. 
Dada la posibilidad de que estén vivos, aunque se ignore su paradero, el jefe de Estado destacó que asigna �especial prioridad� al tema de los niños desaparecidos. Un mes después de asumir el cargo, el presidente anunció la localización en Montevideo de la nieta del poeta argentino Juan Gelman, nacida en cautiverio en la capital uruguaya y que en la actualidad tiene 23 años. Y, hace dos semanas, Batlle consiguió convencer al uruguayo Gerardo Vázquez, de 24 años, para que se sometiera a un análisis de ADN y comprobar si en realidad es Simón Riquelo, un niño desaparecido cuando tenía veinte días. Hasta entonces, Vázquez se había negado repetidamente a realizarse el análisis a pesar del reclamo judicial que había presentado su presunta madre biológica, Sara Méndez. Página/12 pudo saber que el joven y Méndez ya se extrajeron la muestra de sangre para la prueba genética, cuyos resultados estarán listos en unos 20 días. Sin embargo, las muestras serán analizadas también en Buenos Aires. 
Los casos de los hermanos Hernández Hobbas y Simón Riquelo son los únicos de menores de edad desaparecidos que quedan sin resolver, señalaron a EFE portavoces del Servicio Paz y Justicia (Serpaj). Según una comisión del Parlamento uruguayo que estudió el tema en 1985, tras la recuperación de la democracia, 164 uruguayos �118 hombres, 38 mujeres y 8 niños� desaparecieron durante la dictadura; 127 de ellos en la Argentina, 32 en Uruguay, 3 en Chile y 2 en Paraguay. 

 

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