Por Irina Hauser
 Las 41 cajas estaban a la vista de todo el mundo, en los estantes de la oficina de Registros Internos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en La Plata. Contenían entre 3500 y 4000 fichas de detenidos políticos que pasaron por cárceles de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar, muchos de los cuales serían desaparecidos. �Detenidos especiales�, �Subversivos�, �detenidos a disposición del PEN� (Poder Ejecutivo Nacional), llevaban como identificación los legajos, que fueron descubiertos por la Cámara Federal de La Plata a partir de una denuncia que recibió el senador provincial del Frepaso Alejandro Filomeno.
�El gran aporte de este hallazgo es que nos permite saber cuántos detenidos políticos pasaron por las unidades del Servicio Penitenciario provincial, algo que hasta ahora no se había acreditado�, le dijo a Página/12 el juez Leopoldo Schiffrin, presidente de la Cámara Federal de La Plata, que desde 1998 lleva adelante el Juicio por la Verdad para conocer el destino de más de 2000 desaparecidos. �Al parecer �continuó� la Unidad 9 y Sierra Chica habrían sido las más utilizadas para esa finalidad.� El juez Víctor Reboredo, que integra la cámara platense y es padre de un desaparecido, añadió que la documentación �forma parte de la prueba que nos permitirá determinar cómo procedieron las Fuerzas Armadas para secuestrar a ciudadanos y el destino dado a los desaparecidos�. El diputado aliancista Alejandro Mosquera planteó: �Esto demuestra que en la provincia existen todavía estamentos del Estado que mantienen información de la época de la represión y confirma la necesidad de intervenir el SPB�.
El miércoles 3 de mayo una mujer golpeó la puerta del despacho de Filomeno, quien había presentado un proyecto de intervención del SPB. �Dijo que tenía información muy valiosa, pero que no quería que trascendiera su identidad�, relató el senador. �Me contó que conocía la existencia de una cantidad importante de fichas y legajos relacionados con la desaparición de personas, que la documentación estaba en una oficina del Servicio Penitenciario y que estaba siendo objeto de una clasificación a los fines de ocultarla o destruirla�, agregó. La informante precisó, además, que había expedientes sobre abogados, médicos y estudiantes que serían desaparecidos. La conversación no duró más de diez minutos. Como ella no quiso llevar la información a la Justicia, lo hizo Filomeno en función de todo lo que había escuchado junto con su asesor Daniel Rizzi.
El mismo día el secretario de la Cámara Federal fue con una orden de registro a verificar si los legajos en cuestión existían. El lunes Schiffrin fue al lugar en persona junto con las autoridades del SPB y todos pudieron ver la documentación con sus propios ojos. Había carpetas de los años 1976 a 1983. Estaban ordenadas alfabéticamente e identificadas como �formulario 1�. El juez ordenó precintar los archivos, las puertas y las ventanas de la oficina, ubicada en la calle 6, entre 35 y 36 de La Plata. El material está en pleno proceso de inventario, será cotejado con los listados de desaparecidos y analizado en profundidad por los investigadores.
�Por ahora lo que se pudo ver es que son legajos típicos del SPB, llevan nombre y apellido, en algunos casos tienen foto y registro del momento en que ingresaron al sistema carcelario; algunas dicen �detenidos subversivos�, o �detenidos especiales� o �detenidos a disposición del PEN�. Los nombres que vi hasta ahora no me sugieren nada, habrá que analizar todo�, explicó Schiffrin a este diario. �Seguramente eran personas que habían estado en algún campo de concentración. Por lo que pude observar en alguna caja, al parecer había gente que la sacaban de la comisaría octava, por ejemplo, como si estuviera legalizada pero sin decreto. Es decir, los liberaban oficialmente y probablemente en muchos casos los mataban afuera. También habría casos de intervención de tribunales militares�, detalló el camarista federal, que es miembro de la Comisión por la Memoria.
Hasta ahora sólo se habían encontrado expedientes similares en la dependencias del Servicio Penitenciario de Bahía Blanca, explicó Schiffrin. �Es probable que, además de estos cerca de 4000 legajos haya muchos más�, dijo el juez. �Acá existe un problema histórico. Nunca más es un principio superficial de investigación. Lo grave fue que la Conadep nunca pudo seguir investigando, no por su culpa sino porque no se le dio el tiempo necesario. La forma en que se cortaron las investigaciones locales trabó el acceso a mucho material.�
| Repudio al �avance militar�
�No al avance militar, responsabilidad del gobierno�, fue una de las consignas centrales que guiaron una manifestación frente al Edificio Libertador, sede del Ejército, convocada ayer por organismos defensores de los derechos humanos. �Cárcel a los genocidas y sus cómplices�, escribieron en enormes letras blancas sobre el asfalto de la avenida Paseo Colón. Protestaron así desde las seis de la tarde en reclamo de encarcelamiento de militares responsables de delitos de lesa humanidad, de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y cuestionaron el modelo económico. Participaron la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo Línea-Fundadora, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y algunos partidos de izquierda, entre otras organizaciones. La movilización se trasladó después a la Casa de Salta, en apoyo a los piqueteros de esa provincia. |
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opinion
Por Ernesto López* |
| Doble discurso en Defensa
En su reciente discurso de apertura del curso superior de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa desarrolló una sorprendente y contradictoria posición. Por un lado, reclamó atención sobre las llamadas nuevas amenazas y enumeró: terrorismo internacional, pobreza extrema, superpoblación y migraciones masivas, narcotráfico, degradación del medio ambiente, tráfico ilegal de armas, fundamentalismo religioso y luchas étnicas y raciales. Complementariamente adujo que las nuevas circunstancias demandaban asumir �nuevos roles y compromisos�. Pero, por otro lado, dijo también que la defensa nacional era una política de Estado y que sus objetivos eran �el resguardo de la soberanía nacional e integridad territorial, la extraterritorialidad jurídica, la contribución argentina a la paz y la seguridad internacionales� y la cooperación para la paz y la integración regional.
Estos propósitos, que no son necesariamente compatibles, han instalado un doble discurso que resulta peligroso. Porque incurre en torpezas conceptuales tales como suponer que la degradación del medio ambiente o la pobreza, definidos así, sin más, pueden ser objeto de una política de defensa (¿debería la Marina operar contra quienes contaminan el Riachuelo?, ¿es reconducible la pobreza no ya a cuestión de policía �como lo fue hasta avanzados los �40� sino a asunto militar?). Pero también porque ampara, por defecto, prácticas o situaciones deletéreas: la confusión de instancias de procesamiento judicial, la inquietante reaparición de un doble standard profesional (entre otras, la actuación de un general retirado en la CNI, según informan diversos medios, de manera virtualmente clandestina) o soterradas operaciones de prensa a propósito del involucramiento militar en la lucha contra el narcotráfico.
Quizá se esté a tiempo de corregir rumbos y pueda desandarse el camino ya transitado. Lo que se ve, empero, es inevitable decirlo, no presagia sino dificultades.
* Especialista en sociología militar. |
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