Por José Natanson
Preocupado por la profundización del conflicto social, Carlos �Chacho� Alvarez le sugirió a Fernando de la Rúa una corrección de peso a la política económica: recomendó contraer nuevos créditos con los organismos internacionales, como el Banco Mundial y el FMI, para incrementar los gastos en políticas sociales. De concretarse, la iniciativa implicaría quebrantar la Ley de Convertibilidad Fiscal, que fija un techo a la deuda pública. Pero el frepasista no es el único: cerca de Raúl Alfonsín aseguran que el jefe radical comparte la idea y que incluso se la sugirió directamente a De la Rúa el jueves pasado, durante un cena con los ministros en la quinta de Olivos.
El planteo de Chacho es que el FMI, el Banco Mundial y el BID han modificado en los últimos años su posición ante Latinoamérica. Según el jefe del Frepaso, los organismos internacionales de crédito creen hoy, a diferencia de décadas pasadas, en las ventajas de un marco institucional ordenado como requisito para la seguridad jurídica y la continuidad de las inversiones. En este sentido, y luego de 17 años de democracia, la Argentina presenta un panorama prolijo, que podría peligrar si se profundiza la conflictividad social.
�No les conviene que se compliquen las cosas�, asegura el jefe del Frepaso. Y cita ejemplos de países con graves problemas sociales que desembocaron en diferentes situaciones de caos institucional: Perú, en donde manda el filodictador Alberto Fujimori; Colombia, con un gobierno condicionado por el narcotráfico y la guerrilla, y Venezuela, en donde Hugo Chávez refundó de golpe el sistema institucional de su país.
El vicepresidente comentó el tema en una reunión con un grupo de diputados del Frepaso a fines de la semana pasada. �Traten de no tensar la cuerda en estos días. Esperemos un poco a ver si podemos concretar esta idea�, sugirió.
La decisión de contraer más créditos violaría la Convertibilidad fiscal. La ley, votada por la Alianza y el PJ, fija un límite de 5 mil millones de déficit y establece que la deuda total del Estado no puede superar el 50 por ciento del PBI, unos 150 mil millones de dólares.
�Los economistas ortodoxos nos van a criticar, pero no hay otra salida�, aseguran cerca del jefe del Frepaso.
El economista del Frepaso Arnaldo Bocco fue uno de los hombres consultados por Alvarez. �De la Rúa dio varias señales de confianza y austeridad. Me parece muy bien que Chacho tome la iniciativa�, aseguró Bocco a Página/12.
Alfonsín comparte la iniciativa. Según aseguró uno de sus allegados, el ex Presidente realizó un planteo similar el jueves, durante una cena en Olivos. Ante De la Rúa y José Luis Machinea, que lo escuchaban en silencio, el jefe radical aseguró que maneja la idea desde hace tiempo e incluso se animó a establecer un monto tentativo: 2 mil millones de dólares.
El planteo coincidente de dos de los principales dirigentes de la Alianza terminó de instalar el tema en la cima del Gobierno y en la cabeza de De la Rúa.
La propuesta de contraer más crédito internacional refiere a un debate en el gabinete. Un sector de la administración aliancista reclama desde hace tiempo una corrección del rumbo económico que permita volcar más fondos a las políticas activas y de contención social. Los más preocupados son aquellos funcionarios que deben lidiar diariamente con los reclamos: la ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide; el de Trabajo, Alberto Flamarique, que maneja los solicitadísimos planes Trabajar; el de Infraestructura, Nicolás Gallo, que con cierto espíritu desarrollista viene pidiendo fondos para un plan de viviendas. Y esencialmente el de Interior, Federico Storani.
Ex dirigente de Franja Morada, Storani carga con los costos políticos de todas las represiones que ordena. Unos días atrás, el funcionario lesugirió a De la Rúa aprovechar el clima favorable creado por sanción de la reforma laboral y el triunfo porteño para modificar la estrategia oficial. Con mirada política, Storani recomendó concentrar las energías oficiales en medidas redistributivas que permitan contener la crisis social y marcar una diferencia con el menemismo, como requisito para superar con éxito las elecciones del 2001.
El marco de estos planteos es la penosa situación en la que se mueve un gobierno condicionado por los conflictos sociales que se multiplican en el interior del país. El viernes, luego de una semana de infructuosas negociaciones, la Gendarmería reprimió duramente a los manifestantes que mantenían cortada la ruta 34 en el norte de Salta. Apenas unas horas después del estallido salteño, Machinea anunció un recorte de 600 millones de dólares, que incluirá despidos de empleados contratados por el Estado, eliminación de reparticiones y suspensión de obra pública.
La iniciativa de Chacho se produce en el momento de mayor tensión entre la restricción de los economistas y los reclamos sociales.
Prevención y reflejos
Luego del estallido de Salta, dos ministros le plantearon ayer a Fernando de la Rúa la necesidad de anticipar los conflictos sociales en el interior para evitar nuevas represiones. La titular de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide, se comunicó telefónicamente con el Presidente por la mañana. Después de intercambiar informaciones, la funcionaria le comentó que el lunes se reunirá con el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, quien está preocupado por la crisis social de su provincia. A continuación, Fernández Meijide le sugirió al Presidente implementar algún mecanismo que permita detectar los focos de peligro social y prevenirlos antes de que estallen. Algo similar le dijo a De la Rúa Alberto Flamarique. El ministro de Trabajo recomendó prestarle mayor atención a los informes de inteligencia que manejan la SIDE y el Ministerio del Interior y propuso profundizar el diálogo con la Iglesia, la única institución con un despliegue geográfico similar al del Estado. La idea tiene su lógica: el Gobierno envió una comitiva interministerial a Tartagal recién el viernes, luego de que actuara la Gendarmería. Los representantes nacionales, que fueron con propuestas de planes Trabajar y ATN, descomprimieron el conflicto en cuestión de horas. Con más reflejos, el Gobierno podría haber enviado a su comitiva a principios de esta semana, con lo que hubiera evitado la represión de la madrugada y el ineludible costo político de los palos y los gases. |
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