Por Maximiliano Montenegro
 Mientras se multiplican los reclamos sociales en el interior, el Banco Mundial tiene paralizados todos los créditos sociales y de infraestructura otorgados al país. Son 1500 millones de pesos en préstamos para asistencia a inundados, planes sociales, de salud, de educación y de infraestructura social. El Banco se niega a desembolsarlos porque el Gobierno recortó en 260 millones las partidas que les corresponde aportar a los programas para activar los créditos. José Luis Machinea dice que este año, igualmente, gran parte de esos préstamos no se podrán utilizar porque se excederían las metas de gasto exigidas por el Fondo Monetario Internacional, que en este tema está enfrentado con el Banco Mundial. Los ministros Nicolás Gallo (fondos para obras públicas), Federico Storani (reforma en provincias e inundaciones), Graciela Fernández Meijide (programas sociales), Alberto Flamarique (planes de empleo) y Juan Llach (de educación) son los principales perjudicados. Así, el fuerte ajuste presupuestario que está aplicando el Ministerio de Economía para cumplir con las metas fiscales del FMI abre un nuevo frente de conflicto en el Gabinete nacional. Para peor, el país tendría que pagar multas por mantener inmovilizados los fondos. Tan desorientados están en el Gobierno en esa materia, que Carlos �Chacho� Alvarez le sugirió a Fernando de la Rúa contratar nuevos créditos con los organismos internacionales para incrementar los gastos en políticas sociales. Los préstamos ya están, lo que no están son los fondos a girar por Economía para conseguir los respectivos desembolsos.
En la oposición, la Alianza solía criticar al menemismo porque solicitaba los llamados �préstamos sociales� a organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), pero después no administraba correctamente los desembolsos, ya sea por incapacidad, negligencia o corrupción. Así, no sólo las obras quedaban postergadas sino que encima se pagaban multas (�comisiones de compromiso�) por no aprovechar los créditos en tiempo y forma. El caso más escandaloso de todos fue revelado por este diario: en medio de las graves inundaciones que azotaron al Litoral en el �98, el Gobierno salió a anunciar que pediría créditos afuera para reconstruir la zona, pero lo cierto es que los fondos, para obras preventivas (muros de contención, canales, puentes, albergues), estaban disponibles hace un año y no se habían utilizado.
Graciela Fernández Meijide, ministra de Desarrollo Social.
Programas sociales paralizados por falta de fondos. |
Alberto Flamarique, ministro de Trabajo.
Poda planes de empleo por el recorte del gasto. |
Juan José Llach, ministro de Educación.
Sin fondos para recibir la contrapartida de créditos externos. |
Hoy, Argentina está pagando elevadas comisiones de compromiso �entre 15 y 20 millones de pesos al año� por préstamos que venían demorados y que ahora están parados. Esta vez, la causa es que el gobierno argentino suprimió los recursos presupuestarios que debe aportar para poner en marcha los planes �la llamada �contrapartida local�� y que actúan como gatillo para los desembolsos del organismo internacional.
En general, en todos los programas firmados con el Banco Mundial, el 50 por ciento debe ser financiado por el gobierno nacional �como una forma de mostrar su compromiso con el plan de obras� y el 50 por ciento restante corre por cuenta del organismo. La proporción puede variar hasta un piso del 30 por ciento aportado por el Gobierno.
Los recursos oficiales figuran en el Presupuesto en la �Cuenta 22�, donde la guadaña de Machinea no tuvo reparos. Sólo quedaron 156 millones de pesos, apenas el 10 por ciento de los programas por 1529 millones que se había acordado ejecutar para este año con el Banco. Con una contrapartida local tan baja, en Washington no están dispuestos a soltar los 1379 millones que le corresponden. Y exigen que, si realmente existe voluntad de la Alianza para llevar adelante los planes en cuestión, que estire el financiamiento local en, por lo menos, 260 millones de pesos más.
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Federico Storani, ministro del Interior.
Le falta plata para atender el desastre de inundaciones. |
Nicolás Gallo, ministro de Infraestructura y Vivienda.
No tiene el dinero para lanzar obras públicas. |
Los ministerios más afectados por el conflicto son los siguientes:
 Infraestructura: el ministro Nicolás Gallo está muy inquieto. Y no es para menos. Es el área con el mayor monto de préstamos ya aprobados paralos próximos años: 3000 millones de dólares. Para este ejercicio, desde Washington pensaban enviarle 600 millones. Pero no lo harán hasta tanto no aumente el presupuesto para poner en marcha el plan de obras en por lo menos 65 millones de pesos, adicionales a los 53 millones con que cuenta actualmente. Si los desembolsos previstos para este año quedan congelados, todo el plan de infraestructura anunciado por Gallo podría quedar en el freezer, al menos durante este gobierno.
Educación: si Juan José Llach quiere recibir los 270 millones pautados para este año para avanzar en la reforma educativa, entonces tendrá que elevar la contrapartida en, al menos, 107 millones de pesos.
Interior: con el ministerio de Federico Storani, el Banco Mundial/BID acordó para este año créditos por 137 millones de pesos. Es financiamiento para planes de reforma en las administraciones provinciales y de obras de reconstrucción en las zonas de inundaciones que, aunque serán coordinadas por Infraestructura, siguen estando en cabeza de Interior. No hay fondos previstos en el Presupuesto para motorizar estos planes. Para colmo, existe el peligro de que los préstamos para inundaciones se caigan definitivamente, ya que desde el año pasado el Gobierno no paga siquiera las comisiones de compromiso.
Salud: aunque hasta ahora no ha expresado queja alguna �tal vez todavía no se enteró�, el ministro Héctor Lombardo no contará con 32 millones de dólares en préstamos externos mientras no logre conseguir del Presupuesto otros 18 millones para su área.
Desarrollo Social: Graciela Fernández Meijide dispone de 63 millones de pesos para financiar programas asistenciales focalizados en los grupos más carenciados. Pero, antes, deberá convencer a Machinea para que le libere 8 millones de pesos adicionales que permitirían asegurar los desembolsos del Banco para este año.
Trabajo: Alberto Flamarique está en una situación parecida. Cuenta con 80 millones del Banco para solventar parte de los planes Trabajar, de Capacitación y de Entrenamiento para Jóvenes. Pero si no contribuye con 3,5 millones de pesos, algunos capítulos de dichos programas se frenarían.
El resto de los créditos corresponden a la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia, Cancillería y el propio Ministerio de Economía. Pero por los montos y características de éstos, nadie en el Gobierno se preocupará si se postergan un año más. Para los programas de Presidencia, en tanto, no estaba previsto en el 2000 ningún desembolso de organismos internacionales.
Machinea ya dejó en claro que no está dispuesto a soltar los 260 millones que reclaman a coro el Banco Mundial y ministros. Y que lo desvela mucho más incumplir las metas fiscales con el FMI que las promesas del Gobierno. Tras el anuncio del viernes de un nuevo ajuste en las cuentas fiscales, en Economía explicaban que se dejarán caer varios de los programas con financiamiento internacional.
En Hacienda considera que si se ejecutara una buena parte de los planes por 1500 millones del Banco Mundial y el BID, entonces el Fondo Monetario pondría el grito en el cielo. El motivo es que, desde una visión puramente fiscalista, dichos programas son evaluados como gasto y no como inversión, aunque sean de obras públicas o mejoren capital humano. Como tales, para el FMI inflan el techo de gasto presupuestado y empeoran las cuentas fiscales.
La única forma de asegurar su supervivencia en los próximos meses serían firmando una side-letter (carta adjunta) al memorando de entendimiento con el FMI, en la que se estableciera que son gastos de capital y que, por lo tanto, son erogaciones de �una vez y para siempre� financiadas fuera del Presupuesto. La idea no surgió del ala izquierda de la Alianza sino del propio Banco Mundial, enfrentado al Fondo por este tema. Pero Machinea, asustado por lo difícil que viene el partido, todavía no se siente en condiciones de sentarse a negociar ni una sola de las reglas del juego FMI, por más que cuente con el respaldo del vecino de Washington.
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�Comisión de compromiso�
Cuando los directorios del Banco Mundial o del BID aprueban un préstamo para Argentina, se abre una cuenta especial en la cual se depositan los fondos que se van desembolsando de acuerdo con un cronograma establecido previamente. Como todos estos créditos están encuadrados dentro de un programa (social, de empleo, de infraestructura, educativo, etc.), el Banco permite que los recursos vayan saliendo de esa cuenta en la medida en que el país cumpla con su parte del plan. Si esto no sucede, el capital queda inmovilizado en la cuenta y, como el Banco tampoco puede invertirlo en otros proyectos o hacerlo rendir en alguna colocación financiera, el país debe pagar una multa o punitorio, denominado en la jerga �comisión de compromiso�. En la actualidad, fuentes de Washington calculan que Argentina estaría pagando entre 14 y 18 millones de dólares anuales de comisión de compromiso, por encima de lo normal, por el atraso en la ejecución de los programas.
El cuadro adjunto, al que accedió Página/12, revela que la cartera total de préstamos de Argentina aprobada por el Banco Mundial y el BID asciende actualmente a 10.110 millones de dólares. De dicha cartera, el país ya recibió 3765 millones de dólares, es decir, el 37 por ciento del total. El resto está todavía pendiente de desembolso. Los atrasos más notables en la ejecución de los créditos se hallan en el Ministerio del Interior que, como ya se dijo, administra los préstamos para inundaciones y provincias: por ahora, llegó al país apenas el 17 por ciento del total solicitado. También existen demoras importantes en Desarrollo Social, que sólo ejecutó el 19 por ciento de los programas financiados por organismos internacionales. Y en Presidencia de la Nación, donde se agrupan una serie de programas de asistencia social. En Salud, se firmó recientemente un préstamos nuevo por 50 millones de dólares, aunque de los que ya estaban aprobados el país recibió hasta ahora sólo el 40 por ciento. Por otro lado es muy baja ejecución en Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Justicia, pero los montos de los préstamos son relativamente menores. |
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