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 La jueza federal María Servini de Cubría le reclamó al Gobierno que interviniera para frenar las intimidaciones que sufre �junto al secretario Ricardo Parodi� desde que comenzó a investigar el robo de hijos de desaparecidos. �Pido que se ponga fin a estas amenazas �dijo�. Si nosotros tenemos una idea de dónde provienen, con más razón lo tienen que saber las autoridades.� Los mensajes mafiosos llevan toda la traza de provenir de hombres de la Marina. Como publicó en exclusiva Página/12, el 6 de mayo una patota ingresó en el departamento del secretario Parodi, robó la CPU de su computadora y dos videos �tal vez suponiendo que contenían la grabación del regreso de Eduardo Massera a la ESMA� y dejó un cuchillo clavado dentro de un placard en una clara amenaza de muerte. El grupo actuó a la vista de todo el mundo e incluso durante el operativo estacionaron dos autos en la puerta de la vivienda, esperando a los que ingresaron al domicilio. Fue la anteúltima de las amenazas recibidas: ayer, Servini reveló que un nuevo llamado telefónico a su despacho advirtió que �ahora vamos a seguir con la jueza�. Las amenazas comenzaron a llover desde que se abrió una investigación sobre el ex marino Policarpo Vázquez, quien ya fue procesado por la apropiación de la hija de dos desaparecidos. Tirando del hilo de ese ovillo, y a partir de una denuncia de las Abuelas de Plaza de Mayo, la magistrada centró su investigación sobre un grupo de suboficiales de Mar del Plata. En ese momento, según parece, los agresores decidieron pasar de las amenazas telefónicas a las acciones concretas. Cuando en diciembre pasado la jueza viajó a la costa para tomar testimonios, un coche se le tiró encima en plena ruta 2 para sacarla del carril. Lo intentó dos veces seguidas, pero entre el chofer de Servini y la custodia de Gendarmería repelieron el ataque. Ayer el ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra se comunicó con la jueza para darle su apoyo y asegurarle que su área �pondrá todo su esfuerzo para respaldar las investigaciones� abiertas sobre las amenazas. �Toda intimidación a un juez es una intimidación al Estado de derecho�, sostuvo Gil Lavedra después, para señalar que el tema es �una preocupación de Estado�. Las Abuelas de Plaza Mayo también repudiaron públicamente el atentado y las amenazas. Y pidieron al Gobierno que investigue y tome medidas para que las Fuerzas Armadas exijan a sus subordinados que se sometan a las leyes democráticas. �Quienes ejercieron el terrorismo de Estado tratan de implantarlo nuevamente en forma selectiva contra quienes trabajan en la obtención de Verdad y Justicia�, advirtieron. En el caso de la patota que entró a la casa de Parodi hay algunas pistas concretas. En el expediente que instruye el juez Yrigoyen aparece una referencia a los dichos de un oficial retirado que conversó con uno de los investigadores en el Círculo Naval. El testigo, cuya identidad se mantiene en reserva, reconoció que el atentado fue cometido por un grupo de marinos, todos suboficiales, que integran una organización supuestamente �incontrolable�. Agregó además que esos suboficiales �la mayoría de Mar del Plata� tuvieron el apoyo de integrantes de la Policía Bonaerense.
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