Por Eduardo Tagliaferro
 La ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide, se reunió ayer con el obispo de San Isidro y titular de Caritas, Jorge Casaretto, intentando sumar a la Iglesia Católica en la implementación del �Plan Integral de lucha contra la Exclusión�. El plan es no solamente una de las prioridades del Gabinete Social para atender a 455 mil familias que se encuentran en situación de extrema pobreza en todo el país, sino también uno de los temas que genera debates entre los ministros de áreas sensibles como Salud, Trabajo y Desarrollo Social con aquellos funcionarios que priorizan el cumplimiento a rajatabla de las metas económicas. Detrás de la pelea por conseguir mayores fondos se insinúan también distintas posiciones políticas y prioridades.
Durante una hora y media, Graciela Fernández Meijide intentó convencer a monseñor Casaretto para que Caritas participe de la instrumentación de los planes de ayuda social. Casaretto, de larga relación personal con Fernández Meijide, se manifestó �aliviado� cuando la ministra le aseguró que el �Plan Integral� no reemplaza a otros planes alimentarios vigentes como el Prani y el Asoma. Casaretto no fue refractario al pedido de Fernández Meijide. �Siempre y cuando Caritas mantenga su plena autonomía, no veo inconvenientes en participar junto al Gobierno de la asistencia social�, le dijo el obispo a la ministra.
La posible participación de la Iglesia en la ejecución de la ayuda social es un objetivo buscado denodadamente por el gobierno de Fernando de la Rúa, que intenta darle credibilidad y transparencia a un sistema de ayuda social que en más de una ocasión fue utilizado como una herramienta prebendaria al servicio del punterismo político. En este sentido el encuentro de ayer de Fernández Meijide con el titular de Caritas se suma a los realizados con otros destacados miembros de la Iglesia, entre ellos, el titular del Episcopado, Estanislao Karlic, y el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Bergoglio.
La ministra le anticipó al titular de Caritas que impulsará un proyecto de ley para reglamentar el trabajo del voluntariado social. En la actualidad cerca de 3 millones de personas realizan trabajos solidarios como voluntarios. Gran parte de ese voluntariado es canalizado por distintos organismos eclesiásticos y Fernández Meijide aspira a que parte de ese voluntariado pueda participar en la ejecución de los planes sociales.
Luego del encuentro con monseñor Casaretto, la ministra visitó a evacuados por la inundación bonaerense y ordenó comprar ropa, colchones y alimentos no perecederos, para distribuirlos en los partidos de Quilmes, Lomas de Zamora y Pilar. Fernández Meijide se comunicó con María Isabel Zapatero, mujer del gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf, y titular del Consejo Provincial de la familia y desarrollo humano de la provincia, para una coordinación directa del gobierno nacional con el provincial, a fin de que la ayuda social llegue inmediatamente a los damnificados (ver página 3).
|
opinion
Por Washington Uranga |
| Colaboración y autonomía
Ayer, a pesar de los problemas causados por la tormenta, Graciela Fernández Meijide atravesó toda la ciudad para visitar en su propia casa al obispo de San Isidro y titular de Caritas, Jorge Casaretto. El gesto estuvo a la altura de la omisión que ahora se salvó: Casaretto, responsable de la máxima estructura asistencial de la Iglesia, no había sido incluido en la ronda de contactos eclesiásticos que Fernández Meijide mantuvo en las últimas semanas. El hecho �inexplicable para muchos dado el buen diálogo previo entre el obispo y la ministra� había dado lugar a comentarios y especulaciones tanto en la Iglesia como en los medios políticos.
En la vieja casona de San Isidro donde se asienta la sede episcopal, el diálogo fue cordial. La ministra de Desarrollo Social y el presidente del organismo de solidaridad de la Iglesia Católica, cada uno desde su perspectiva, coinciden en sus preocupaciones y en la urgencia de brindar atención a pobres y excluidos. Después del Estado y salvando las distancias, sólo la Iglesia Católica tiene una infraestructura capaz de llegar hasta la mayoría de los rincones del país, en particular a los lugares más pobres y lejanos.
Si de atender a los pobres y a los excluidos se trata, la colaboración y la complementación entre el Estado y la Iglesia Católica es prácticamente indispensable. Desde el Gobierno hay claridad en este sentido. No sólo por la infraestructura que la Iglesia puede ofrecer, sino fundamentalmente por la credibilidad que la institución tiene en aquellos que resultan más perjudicados por la crisis social. Tanto De la Rúa como el vicepresidente Alvarez han subrayado la necesidad de trabajar con la Iglesia. Caritas insiste en que no basta con las ayudas de emergencia: hay que desarrollar planes integrales contra la pobreza.
Fernández Meijide escuchó a Casaretto lo mismo que ha oído en los últimos tiempos de Estanislao Karlic, el presidente del Episcopado, del secretario general, Guillermo Rodríguez Melgarejo, y del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio: autonomía y colaboración. Rodríguez Melgarejo dijo la semana pasada, refiriéndose a la actuación de la Iglesia en los acontecimientos de Salta, que �como parte del ministerio pastoral� los obispos �escuchan, contienen, pacifican� pero con la autonomía propia de quienes no son �funcionarios del Estado o de un gobierno�. Autonomía y colaboración son las palabras con las que la jerarquía católica quiere definir su voluntad de contribuir a la solución de los problemas y, a la vez, su firme disposición a mantener una prudente distancia que le garantice independencia en los criterios y en la acción. |
|
