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 Las Fuerzas Armadas brasileñas deberán abrir sus archivos sobre la dictadura para buscar datos relacionados con la desaparición de tres ciudadanos argentinos. El presidente Fernando Henrique Cardoso tomó esta determinación a raíz de declaraciones del antiguo jefe del Servicio Nacional de Informaciones (SNI), general Newton Cruz, al diario Jornal do Brasil. Cruz afirmó que la investigación sobre la Operación Cóndor había que realizarla en oficinas militares y no sólo en las de los servicios de Inteligencia. La apertura de los archivos es parte del revuelo que causó en Brasil un pedido de colaboración del juez federal argentino Claudio Bonadío. El fiscal general de Brasil, Gilmar Mendes, ya había solicitado que se dieran a conocer los documentos sobre la coordinación de la represión en los países del Cono Sur durante la décadas del 70 y 80 al titular del Gabinete de Seguridad Institucional, general Alberto Cardoso, al de Justicia, José Gregori, y al de Defensa, Geraldo Quintao. Pese a que todavía no existe un resultado oficial sobre esa investigación, el jefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia, coronel Ariel de Cunto, anticipó que no había encontrado ningún papel relacionado con el Plan Cóndor. �Estamos expectantes. En 1995 tuvimos acceso a archivos de Porto Alegre y San Pablo y allí había información que ratificaba la colaboración directa de las dictaduras de Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay�, aseguró Claudia Alegrini a Página/12. Alegrini es la mujer de Lorenzo Ismael Viñas, quien desapareció el 26 de junio de 1980. Ese día Viñas salió en micro desde Argentina rumbo a Brasil acompañado del capellán de la organización Montoneros, Jorge Adur. Viñas iba a contactar a algunos miembros de la agrupación que volvían al país desde el exilio como parte de la llamada contraofensiva planeada por la conducción montonera. Viñas fue secuestrado en Uruguayana �frontera entre Argentina y Brasil del lado de este último� en un operativo en el que, según admitió un militar brasileño, participaron fuerzas conjuntas de ese país y de Argentina. Bonadío investiga la desaparición de Viñas y las de Horacio Campiglia y Mónica Susana Pinus de Binstock. El 12 de marzo de 1980 Campiglia y Pinus abordaron un avión en Panamá e hicieron una escala en Venezuela. Planeaban volver a Argentina, pero fueron secuestrados en el aeropuerto de Río de Janeiro. El juez argentino no sólo pidió información sobre estos casos a Brasil, también lo hizo a Paraguay y Estados Unidos. A fin del año pasado una comisión de familiares de detenidos-desaparecidos del Plan Cóndor viajó a Estados Unidos para pedir que el Departamento de Estado desclasifique documentos secretos que puedan ayudar a clarificar el destino de los tres desaparecidos argentinos. El gobierno norteamericano respondió con una carta en la que manifestaba buena predisposición para realizar la medida, pero aún no dio una respuesta. El plazo establecido por el gobierno brasileño para contestar las preguntas de Bonadío es el 25 de mayo, aunque podría ser extendido. Con su pedido, el juez argentino abrió un debate en la sociedad brasileña. Durante las últimas dos semanas, un alto oficial retirado admitió públicamente la participación del país en el Plan Cóndor, documentos secretos revelaron que los brasileños, incluso, ayudaron a la creación de la policía secreta de Augusto Pinochet y se formó una comisión parlamentaria para investigar si la muerte de ex presidente Joao Goulart -ocurrida en Argentina en diciembre de 1976� estuvo ligada al Cóndor. Además, el titular de Justicia anunció que solicitará al Parlamento la ampliación de la actual Ley de Desaparecidos Políticos por la que el Estado indemnizó a los familiares de 265 militantes políticos asesinados entre el 2 de setiembre de 1961 y el 15 de agosto de 1979. La intención es que se amplíe el plazo de la ley hasta el 15 de marzo de 1985, fecha del final de la dictadura militar, con lo cual se indemnizaría a unas 30 familias de los muertos o desaparecidos entre 1979 y 1985.
URSO Y LA VENTA ILEGAL DE ARMAS
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