Por Cledis Candelaresi
 El Gobierno rechazó a través de un documento los multimillonarios reclamos que le plantea la contratista civil de Yacyretá. En un informe de seis carillas, el director ejecutivo, Rafael Martínez Raymonda, consideró que los 1500 millones de dólares adicionales que Eriday exige al gobierno argentino fueron �exageradamente mensurados� y la mayoría son �improcedentes hasta el absurdo�. El mismo escrito descalifica como laudador a Henry Kissinger �árbitro designado por las empresas privadas� como un �lobbista que no mantiene la correspondiente prescindencia�. Mientras este comunicado se pulía en las oficinas de Madero al 900, sede de la Entidad Binacional Yacyretá, los presidentes Fernando de la Rúa y Luis González Macchi firmaron una declaración que sepultó definitivamente la posibilidad de privatizar la central, tal como anhela el Banco Mundial.
El documento es el primero de una serie sobre la complicada situación de Yacyretá. �Coincidimos con nuestros hermanos paraguayos en impulsar un plan de trabajo que sacara a la institución del estancamiento y abandono en que se encontraba�, fue la primera definición que Martínez Raymonda disparó contra la anterior gestión de la entidad, que estuvo a cargo de varios funcionarios menemistas.
Los principales reproches fueron dirigidos a Eriday, consorcio encabezado por la dupla Impregilo-Dumez. Para la entidad binacional, la mayoría de los reclamos por diversos asuntos contractuales aún pendientes �la obra civil ya fue íntegramente abonada� �ya estaban comprendidos en los pagos hechos�. Con ello las empresas estarían pretendiendo cobrar dos veces por lo mismo y, en otros casos, hasta exigen la restitución de impuestos de los que estaban eximidas.
Pero para Eriday, consorcio que también integran las principales constructoras del país como Techint, Socma o Roggio, no todo está perdido. El informe destaca que la mayor parte de los reclamos están �quintuplicados�, elíptica manera de admitir que el Tesoro argentino sí podría reconocer una deuda a favor de las empresas de 300 millones de pesos. Kissinger, socio de Eriday, parece tener menos posibilidades de conservar su status de árbitro: el directorio de Yacyretá cuestionó tanto las pretendidas reglas del arbitraje para definir este pleito como el papel del ex secretario de Estado norteamericano en el asunto.
Mientras en el directorio debatían la letra fina de este comunicado, De la Rúa firmaba con su par en Asunción una declaración de 48 puntos, de los cuales tres están referidos al futuro de Yacyretá. En ellos se reafirma la voluntad de avanzar con las obras necesarias para ampliar la capacidad operativa de la represa, hasta que la cota llegue a 83 metros. Esas obras adicionales se realizarán �en el marco legal previsto�, lo que excluye de cuajo la posibilidad de privatizar la central.
El esquema que previó el gobierno argentino consiste en que un pool de bancos aporte los 700 millones de pesos necesarios para costear esa ampliación, contra la garantía de la futura venta de energía: incrementar la capacidad operativa de la represa permitiría facturar 200 millones de pesos adicionales cada año. Pero esta fórmula mantiene la administración de la obra en la órbita de la EBY, algo que el Banco Mundial objetó.
La entidad que preside James Wolfensohn cuestiona duramente el desempeño de la entidad binacional y propone que Yacyretá (diseñada para operar en cota 83 y no en los 76 metros actuales) sea gerenciada por un concesionario privado. Para el organismo multilateral, así se evitarían demoras en la ejecución de la obra y habría mayores garantías de que se cumplirán con las reglas para atenuar el impacto ambiental y social. En otras palabras, que cada propietario afectado por la ampliación del lago de la usina cobrará su indemnización en tiempo y forma.
�No hay posibilidad alguna de concesionamiento�, descarta la EBY, cuyo directorio acuerda que no es posible que el Estado absorba los pasivos yceda una represa que da ganancias�. �Lucharemos con uñas y dientes para evitar que la goce uno solo�, es el audaz remate de Martínez Raymonda.
| El futuro de Yacyretá
El 4 de mayo tuvo lugar en Buenos Aires una reunión decisiva para el futuro de Yacyretá, que el gobierno argentino prefirió mantener en reserva. El ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo, junto al director ejecutivo del EBY, Rafael Martínez Raymonda, y una delegación de funcionarios paraguayos debatieron largamente con técnicos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo sobre los próximos pasos a seguir para aprovechar al máximo la controvertida obra. El gobierno argentino pareciera haber salido airoso del encuentro. La cota de la represa irá subiendo pero gradualmente, con lo cual no es necesario conseguir ya los 700 millones presupuestados para ampliar la capacidad operativa. En la misma reunión, los delegados del BID y el Banco Mundial aceptaron que se prende la futura energía para obtener ese dinero. El esquema descarta de cuajo la participación privada pero, al mismo tiempo, da certeza de que podrá ponerse un moño a la megaobra sin exigir al maltrecho Tesoro que aporte fondos. |
SIGUE UNA CAUSA POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA
Por ahora, Wenceslao Bunge no zafará
Por Julio Nudler
Wenceslao Bunge no podrá escapar de la denuncia por administración fraudulenta en la acción penal que Moisés Fontenla y otros le iniciaron en 1993 por el manejo del Programa de Propiedad Participada de las telefónicas, valuado en unos 1500 millones de pesos. Aunque su abogado había planteado la prescripción de la causa, el fiscal Carlos Searras acaba de emitir un dictamen adverso a la pretensión de quien fuera asesor de Domingo Cavallo y vocero de Alfredo Yabrán. La decisión última queda en manos del juez Adolfo Bagnasco, que indagó a Bunge en febrero último, cuando ya habían transcurrido más de seis años desde el comienzo de la acción.
Bagnasco había decidido el procesamiento de varios funcionarios, pero éste fue revocado por la Cámara Federal por falta de mérito. A partir de ese momento, la lupa de la Justicia ha tendido a centrarse en una cuestión particular y parcial, como es la del manejo de los dividendos distribuidos por Telefónica y Telecom. Esos fondos, en lugar de aplicarse a la cancelación de la deuda contraída por los trabajadores telefónicos con el Estado por los paquetes accionarios que les fueron cedidos (10 por ciento del capital de cada concesionaria), fueron retenidos y administrados por un comité controlado por Foetra, que a su vez contrató los servicios de Bunge y su consultora PPP Sociedad Anónima, que cobraron 2,3 millones de pesos.
El tema es que el portavoz del cartero había sido nombrado asesor de Economía por la resolución 381/91, firmada por Cavallo. Ese nombramiento cesó por otra resolución, la 497 del 17 de mayo de 1993. Pero en la indagatoria, Bunge aseguró no haberse enterado de su designación hasta el 14 de julio de 1992, cuando supo de ella �sostuvo� por una nota de Página/12. De inmediato pidió la anulación, aunque la logró recién diez meses después. Cabe aclarar que un indagado no está obligado a decir la verdad, como sí ocurre con una declaración testimonial. Bunge también señaló que su amistad con Cavallo, nacida en la Universidad de Harvard, se extendió hasta 1995. En agosto de ese año, el mediterráneo lanzó su detonante denuncia contra Yabrán.
El fiscal, por su parte, no se deja impresionar por aquella resolución de 1993, manifestando que, al no existir una formal y fehaciente rendición de cuentas sobre el movimiento de fondos, habrá que investigar más en profundo para saber hasta cuándo intervino realmente Bunge en la administración de los PPP. Un detalle crucial es que asignó esas tareas a Elio Horacio Riccitelli y Oscar Cortés Conde, que revistaban en el Ministerio de Economía. Riccitelli, en particular, actuaba en el área jurídica del organismo, y desde allí emitía dictámenes adversos a las impugnaciones que se presentaban contra el Acuerdo General de Transferencia de las acciones, firmado en 1992 entre Wylian Otrera (Obras Públicas) y los sindicalistas telefónicos.
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