Por F.C.
 Si se mantiene fiel a su convicción podadora, el ministro de Economía, José Luis Machinea, le dirá que no a los funcionarios del Ministerio del Interior que lo irán a ver para pedirle los millones que necesitan para llevar algún alivio a las economías provinciales y salir del parche tras parche. El secretario de Asistencia a las Provincias, Walter Ceballos, calculó esa cifra en 35 millones de pesos y, pese a alguna primera respuesta positiva de Economía, Machinea insistiría en que hay que arreglarse con lo que hay, agrandando las diferencias que conviven dentro del gabinete nacional sobre el rumbo que debe seguir el Gobierno. Mientras se busca una solución, el presidente Fernando de la Rúa advirtió que �no se admitirá como modo de reclamo� el corte de ruta.
En ausencia del ministro Federico Storani �vuelve mañana de Londres�, los funcionarios de Interior se dedicaron ayer a pulir la propuesta que le llevarán a Machinea. La idea de Ceballos es conseguir los recursos necesarios para poner en marcha un plan de Dinamización Productiva Regional que, entiende, conseguirá una solución más de fondo que la que dan los planes Trabajar. �Es un plan para productores pobres a los que ningún banco les va a dar un préstamo�, argumentan en Interior.
Si bien aclaró que el área social no iba a ser tocada, Machinea no estaría dispuesto a no ordenar ningún gasto que perturbe el recorte de 600 millones de pesos en el gasto público. La posición de Economía, que tiene como principal objetivo reducir el déficit fiscal y conseguir la confianza de los organismos de crédito internacionales, viene ganando en la pulseada frente a la denominada �ala política� del Gobierno, que quieren impulsar ya mismo medidas que favorezcan a los sectores de menores recursos, de manera de diferenciar claramente el actual modelo del menemista.
Por ahora, más que de nuevos recursos, de lo que se habla es de ordenar y transparentar los planes sociales que ya existen. Por ejemplo, en su visita a la base aeronaval de Bahía Blanca, De la Rúa señaló que algunos de los levantamientos que se vienen produciendo en el interior �son por una mala distribución de los recursos existentes y se soluciona cuando esto se aclara y se ordena bien�. Algo similar dijo el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, quien tiene a su cargo la distribución de los planes Trabajar. �Estamos haciendo los máximos esfuerzos, poniendo nuestra voluntad en administrar con la mayor eficiencia los pequeños recursos que tenemos dentro del presupuesto�, sostuvo el ministro.
Justamente, para seguir puliendo la forma de administrar la ayuda, el lunes a las 10 se reunirá el gabinete social, que esta semana debió suspenderse debido a que la mayoría de sus integrantes estaban de viaje. Un día después, el martes, se concretará el primer encuentro con los delegados de las provincias para coordinar la distribución de los planes sociales, tal como se lo prometió De la Rúa a los gobernadores del PJ.
La intención del Gobierno es compartir las responsabilidades de la explosiva situación social con las administraciones provinciales que, consideran en la Rosada, tienen la mayor parte de la culpa de lo que pasa en su territorio. Claro que esa pretensión no será sencilla. Ayer, por ejemplo, luego de reunirse con el secretario general de la Presidencia, Jorge de la Rúa, el gobernador salteño Juan Carlos Romero volvió a quejarse porque el Gobierno lo responsabilizó de los cortes de ruta de la semana pasada. �Quisieron sacar provecho echándome la culpa a mí. Es una cuestión política de envergadura que espero que no se repita�, dijo.
Los ajustes que vienen en las provincias
El empleo público en el tobogán
Por Cledis Candelaresi
Los estallidos de Salta y Chaco pueden ser los primeros de una serie que amenaza encender al interior, agobiado por la obligación de realizar un duro ajuste en sus cuentas públicas. Los compromisos que las provincias asumieron directamente con la Nación y, a través de ésta, con el Fondo Monetario Internacional, las obliga a reducir sus déficit conjuntos en 1500 millones de pesos durante este año. Como agravante, aquellas provincias que están obligadas a realizar un mayor esfuerzo fiscal relativo son las que, al mismo tiempo, tienen los más nutridos planteles de empleados estatales. Estas grillas están condenadas a una drástica reducción.
No es descabellado pensar, entonces, que Formosa o Neuquén, por ejemplo, son terrenos fértiles para inminentes explosiones sociales. Sus grandes números pintan una situación aún más crítica que la que encendió al Chaco, a pesar de que la administración de Angel Rozas no está en ninguna situación holgada. Según las previsiones del Ministerio de Economía, este Estado norteño debe achicar su déficit en 54 millones de pesos para honrar sus compromisos presupuestarios.
El ajuste fiscal formoseño previsto para el 2000 equivale a más del triple de sus recursos propios. La provincia debe hacer un recorte de gastos de casi cuatro veces (un 387 por ciento) lo que recauda, excluyendo lo que le transfiere la Nación por impuestos coparticipados. Con 67 agentes estatales cada mil habitantes, Formosa tiene, al mismo tiempo, uno de los índices más elevados de empleo público, después de Santa Cruz y Catamarca.
En Neuquén ocurre algo semejante, ya que el ajuste fiscal equivale a casi el 64 por ciento de sus recursos propios y la proporción de agentes públicos es casi tan alta como la formoseña. Aunque un poco menos dramática, la situación se repite en al menos la mitad de los Estados del interior, donde el gasto en personal siempre tiene un gran peso relativo. En todas las jurisdicciones, representa más de la mitad de las erogaciones y, en algunos casos, casi absorbe íntegramente el presupuesto.
Achicar gastos en el interior significa, indefectiblemente, reducir salarios o expulsar agentes estatales, ya que es prácticamente imposible realizar algún ajuste que no involucre el rubro personal: en las alicaídas economías del interior, el empleo público es un remanido recurso para encubrir la desocupación. Pero también significa deteriorar aún más la calidad de las prestaciones básicas como salud y educación, ya que estos servicios son administrados por las provincias. Según el compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional, el déficit del conjunto de las provincias debe bajar de los 3698 millones
de pesos registrados en 1999 a 2200 millones de pesos este año. Pero los diecinueve Estados que suscribieron el pacto Nación-Provincias tienen condicionamientos adicionales, tal vez más rígidos. A cambio de ayudarlas a refinanciar su enorme deuda �que en conjunto alcanza 20.041 millones de pesos� el Ministerio de Economía les impuso un recorte de gastos que es proporcionalmente mayor para aquellas provincias más endeudadas.
El pacto federal, a su vez, garantiza que el Estado girará todos los meses 1350 millones de pesos al interior por impuestos coparticipados, al margen de la suerte de la recaudación. Pero, angustiado por el apremio de las cuentas nacionales, José Luis Machinea está intentando eludir esta garantía y transferir menos fondos si Carlos Silvani no consigue reforzar la caja pública. A cambio, ofrecería planes sociales magros y de duración efímera, para ir apagando incendios.
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