Página/12

La Cámara de Casación rechazó el pedido de libertad de Gorriarán

El ex jefe del MTP, Enrique Gorriarán Merlo, y su esposa tendrán que cumplir la condena por el copamiento de La Tablada.

Enrique Gorriarán Merlo está condenado a prisión perpetua.
�Gorriarán sigue creyendo en una salida política�, dijo su abogado.

El ex líder guerrillero Enrique Gorriarán Merlo continuará detenido porque la Cámara de Casación Penal confirmó el fallo que lo condenó a reclusión perpetua por la tentativa de copamiento del Regimiento 3 de La Tablada del 23 de enero de 1989. La sala II del Tribunal rechazó un planteo de inconstitucionalidad contra la sentencia de la Cámara Federal de San Martín, con lo que ratificó también la pena a 18 años de prisión impuesta a la esposa de Gorriarán Merlo, Ana María Sívori.
El abogado Rodolfo Yanzón, uno de los defensores de la pareja, afirmó que debería estar en libertad porque �no tienen condena firme y su condición es la de procesados�, por lo cual presentará �un recurso extraordinario ante la Corte Suprema�. Para ello tiene un plazo de 10 días. Gorriarán Merlo y Sívori llevan 5 y 6 años detenidos respectivamente. �Algunos carapintadas salieron en libertad por la aplicación del Pacto de San José de Costa Rica, pero en nuestro caso parece que no es válido�, dijo indignado el letrado.
Yanzón visitó ayer a Gorriarán en la cárcel de Caseros y aseguró a Página/12 que la resolución judicial no afectó al líder del Movimiento Todos por la Patria. �Gorriarán sigue creyendo en una salida política que tienda a dar una solución a la cuestión de todos los presos (por el ataque a La Tablada)�, relató el abogado.
Sin embargo, decidieron denunciar al gobierno argentino por tercera vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) porque consideran que fueron violadas las garantías judiciales, en este caso puntualmente de Gorriarán y Sívori. Yanzón explicó que fue violada la garantía del juez imparcial porque la Cámara Federal de San Martín intervino en la instrucción y en las apelaciones. La resolución conocida ayer rechazó este argumento. Los camaristas Juan Fégoli, Pedro David y Raúl Madueño sostuvieron que hay antecedentes �como el del caso Carrasco- en el que expresaron que ni en el Pacto de San José de Costa Rica ni en otras normas procesales se prohíbe que el órgano jurisdiccional que entiende en la instrucción de una causa sea el mismo que luego dicte sentencia. �Esto es inadmisible porque en lugar de corregir el error cometido anteriormente insisten en seguir fallando en contra de los establecido por la jurisprudencia internacional�, se quejó Yanzón.
Hace cinco años, Gorriarán fue capturado en México. En 1997 fue juzgado por su participación y responsabilidad en el ataque al cuartel de La Tablada. Gorriarán Merlo y Sívori fueron considerados integrantes de una asociación ilícita, acusados de poseer una organización militar y disponer de armas de guerra y se les atribuyeron los delitos de rebelión, homicidio agravado, robo calificado, privación ilegal de la libertad y lesiones graves reiteradas. Fueron condenados, pero la sentencia nunca quedó firme porque la Cámara de Casación rechazó intervenir en la segunda instancia amparándose en la Ley de Defensa de la Democracia. Sin embargo, la Corte Suprema declaró inconstitucional esa resolución y fue así que la sala II tuvo que volver a analizar el asunto.
Los defensores del guerrillero también habían cuestionado el modo en que Gorriarán Merlo fue detenido en México, expulsado de ese país y traído a la Argentina. �Fue un secuestro porque no hubo un proceso de extradición y eso violó su derecho a la defensa�, argumentan. La sala II concluyó que el procedimiento fue �válido�, ya que �toda Nación tiene la facultad de prohibir la entrada de extranjeros a su territorio� o de �admitirlos bajo determinadas circunstancias�. Yanzón calificó esto como �escandaloso�, porque los camaristas �están avalando un secuestro�.
El letrado criticó el dictamen porque �no dijeron absolutamente nada de los dos informes de la CIDH cuestionando las condenas contra Gorriarán, Sívori y los otros presos del MTP�. Ese organismo internacional consideró probado que los sobrevivientes del ataque a La Tablada �fueron torturados por agentes del Estado argentino� y que �hubo deficiencias notorias en la investigación de los hechos�. Ante lo que consideran una falta de�solución global�, los detenidos comenzarán una huelga de hambre (ver aparte).

MARQUEVICH SUFRIO UNA VIOLENTA INTIMIDACION
Un revólver en la sien del juez

El juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich, fue víctima de una intimidación por parte de tres desconocidos que lo abordaron cuando estaba en la puerta de su juzgado. �Sé quién sos vos�, fue lo único que le dijo un hombre mientras apoyaba el caño de un arma en la sien del magistrado.
El extraño episodio ocurrió hace un mes, pero no había trascendido porque Marquevich no estaba interesado en darle publicidad y se limitó a hacer la denuncia. �No lo tomé como un robo sino más bien como una advertencia�, aseguró el juez a Página/12.
Eran las 12.30 cuando el auto de Marquevich llegó al juzgado. Manejaba uno de los custodios y los otros dos iban sentados atrás, con sus armas reglamentarias y una ametralladora. Estaban a punto de cruzar la reja del garaje cuando aparecieron los atacantes. El juez llevaba �como de costumbre� la ventanilla baja y sintió el frío de la pistola sobre su cabeza. �Me di cuenta de que había empezado a temblar y yo levanté la mano para correr el caño porque me molestaba. Fue un reflejo inconsciente, después me di cuenta de lo que había hecho�, relató Marquevich. En ese momento, uno de sus custodios le recomendó que se quedara quieto. En la luneta se había apostado otro individuo que también les apuntaba.
De pronto, los agresores emprendieron la fuga, sin pedir ni llevarse nada, a bordo de una moto de cross que estaba en la esquina de Ituzaingó y Tres de Febrero. Los custodios reaccionaron y empezó un intenso tiroteo que podría haber resultado fatal porque enfrente del juzgado funciona un colegio cuyos alumnos estaban saliendo justo en ese instante.
Marquevich afirmó que no es la primera vez que protagoniza un incidente de esta naturaleza, pero reconoció que �no de tal magnitud�. Hace un año sufrió un intento de agresión cuando se le acercaron dos individuos e intentaron abrir las puertas de su auto. Y en otra oportunidad recibió una carta con un símbolo similar al del Ejército en la que le decían que estaba condenado a muerte. El juez no quiso arriesgar ninguna hipótesis, pero deslizó la posibilidad de que estos actos provengan de sectores vinculados con los represores imputados en varias causas sobre violaciones a los derechos humanos que tramitan en su juzgado.

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