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Por Irina Hauser  La Policía Federal viola las normas y disposiciones que le impiden hacer espionaje político. A esa conclusión arribaron allegados a la investigación sobre la posible infiltración de una agente secreta en el partido Nueva Dirigencia, en base al escrito presentado por la Federal ante la Justicia �publicado ayer por Página/12� donde asegura que entre sus funciones figura �la realización de tareas de búsqueda de información sobre las actividades y propósitos de personas, grupos, entidades y organizaciones con actuación en el ámbito político�. Los investigadores sostienen que, además de vulnerar la Constitución Nacional, los azules estarían ignorando una disposición del Consejo de Seguridad Interior que prohíbe expresamente a las fuerzas de seguridad hacer tareas de inteligencia sobre agrupaciones políticas. Todo esto complicaría la situación de la mujer, de sus jefes policiales y del propio gobierno en causas judiciales abiertas en dos fueros. En un documento entregado al juzgado de Martín Silva Garretón, la fuerza policial a cargo de Rubén Santos intentó justificar las tareas de una de sus agentes en la agrupación que lidera Gustavo Beliz. El escrito asegura que la Policía está facultada para rastrear datos sobre partidos políticos. Silva Garretón estudia un pedido de hábeas data que Beliz presentó cuando se supo que Mónica Amoroso, que era la pareja y jefa de despacho del legislador Miguel Doy �mano derecha del ex candidato a vicejefe de Gobierno porteño� es espía de la Federal desde 1983. Los uniformados lo admiten e incluso dicen que la Legislatura estaba en su órbita de trabajo, aunque aclaran que nadie la mandó a infiltrarse. A Nueva Dirigencia había ingresado en 1994 y con Doy vivía desde 1997. A pesar de las facultades que se atribuya la Federal, existe una disposición que prohíbe el espionaje, que suscribió el Consejo de Seguridad Interior el 1º de julio de 1993 ratificando una circular que ya había emitido el Ministerio del Interior el 28 de junio del mismo año. Fue después de que se supiera que la Policía y la Gendarmería hacían actividades de vigilancia ideológica sobre estudiantes, docentes y organizaciones gremiales. Lo que el Consejo resolvió fue prohibir �la búsqueda y reunión de información, así como la elaboración de inteligencia relativa a los habitantes del país, por el mero hecho de su raza, fe religiosa u opinión política, o de su adhesión a principios de movimientos sindicales, juveniles, estudiantiles, cooperativos, asistenciales y culturales así como por la legítima actividad que desarrollen con integrantes de organizaciones que actúen legalmente en los sectores indicados�. En aquel entonces el propio Beliz era titular de Interior. Ni Storani ni Santos contestaron ayer los llamados de este diario. Algunos funcionarios de Interior estaban asombrados por las afirmaciones policiales. Más de uno reconocía que la prohibición de hacer espionaje surge de los artículos 19 y 38 de la Constitución �referidos a la privacidad y la libertad de ideas� y de la Ley de Seguridad Interior, que obliga a los órganos de seguridad a respetar las normas constitucionales. En ese sentido apuntaría la pesquisa sobre la espía Amoroso en el fuero federal: los investigadores analizan si la mujer y sus superiores incurrieron en abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes. En ese expediente, que instruyen el juez Jorge Urso y los fiscales Oscar Amirante y Guillermo Marijuán, también están denunciados el jefe de Policía, el titular de Interior y el de Seguridad Interior, Enrique Mathov.
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