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Por Nora Veiras  El ex jefe del Ejército, Martín Balza, fue procesado ayer junto a otros ocho altos oficiales por �malversación de caudales públicos� y �falsedad ideológica� en la causa que investiga el tráfico de armas a Croacia y Ecuador. El juez federal, Jorge Urso, llegó a la conclusión de que Balza fue el ideólogo del convenio firmado en 1994 entre la fuerza y Fabricaciones Militares que permitió �disfrazar la salida de una importante cantidad de material bélico� vendido ilegalmente al exterior. El fiscal Carlos Stornelli que había acusado a Balza de �organizador de una asociación ilícita� �delito no excarcelable� anticipó que analizará el fallo para apelarlo. Los abogados del ahora general retirado también apelarán exactamente por los motivos contrarios: consideran que su defendido es inocente. Urso prometió para otra etapa resolver los pedidos de procesamiento que recaen sobre los ex ministros Erman González y Guido Di Tella y el ex vicecanciller Juan Carlos Olima.A lo largo de 470 páginas, Urso analiza la acusación del fiscal y la confronta con los testimonios de los militares y ministros imputados en la investigación. �El delito de malversación supone que Balza le dio a los bienes bajo su custodia una finalidad distinta a aquella para la que le fueron confiados�, dijo el magistrado al salir de tribunales. Urso argumenta en su fallo que �resulta difícil de aceptar, a la luz de los elementos con que cuento, que (Balza) no tuviera conocimiento del convenio (firmado el 11 de octubre del �94) y que recién hubiera tomado noticia de su existencia el 15 de octubre de ese año�. El procesamiento del ex jefe del Ejército �a quien también se le trabó un embargo por 1 millón de pesos� coloca, de hecho, en una postura incómoda a su sucesor, Ricardo Brinzoni, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Carlos Mugnolo. �No se detectaron faltantes injustificados en el patrimonio de la fuerza, ni anormalidades de consideración respecto de los efectos de arsenales�, entre 1993 y 1999 escribieron los dos uniformados en sendos informes que Balza presentó, hace pocos días, como prueba en su defensa. Anoche, desde el Edificio Libertador repitieron más o menos los mismos argumentos: �Del Ejército no salió nada. Existen instrumentos (los convenios) que legitiman la salida de bienes�. El problema, justamente es que el juez pone en duda la veracidad de los convenios. El magistrado adjudicó culpas a Balza en el injustificado retiro de cañones y obuses del Ejército. �Ninguno de los imputados en la causa logró explicar válidamente los motivos que llevaron a la remisión de los 6 cañones CITER, previo a la firma del convenio�, escribió el juez y abundó en que nadie �logró informar fundadamente en qué consistiría la pretendida �transformación� de los cañones. Por el contrario, se intentó convencer al tribunal de que se trató de permuta�. Sin embargo, Urso no compartió el razonamiento del fiscal Carlos Stornelli, quien considera que existen pruebas suficientes para encarcelar a Balza como supuesto �organizador� de una asociación ilícita que habría operado desde el Ejército para proveer armas a países en guerra. Por eso, el juez procesó al general pero no le impuso prisión preventiva. Incluso, le dictó falta de mérito por asociación ilícita. Cabe preguntarse si el rechazo a esa figura supone que el magistrado considera que la venta ilegal de armas a países que sufrían embargo de Naciones Unidas �Croacia� o a los que Argentina era garante de la paz -Ecuador� se realizó sin haber conformado una asociación ilícita. La otra posibilidad es que la Justicia apunte hacia las responsabilidades políticas que se ocultan detrás de la firma de los decretos que habilitaron el camino de la exportación ilegal de armamento. Esa cadena de mandos termina en el propio ex presidente Carlos Menem. Urso dictó ayer también el procesamiento por malversación de caudales públicos y falsedad ideológica de Luis Sarlenga (ex interventor deFabricaciones Militares, detenido por orden del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky), Edberto González de la Vega (ex gerente de FM), Carlos Jorge Franke, Julio Gómez Sabaini (ex subjefe del Ejército) y Antolín Mosquera, a quienes les trabó embargo por un millón de pesos. A Daniel Quatrocchi, Justino Mario Bertotto, Jorge Cornejo Torino y Marcelo Gatto los procesó sólo por malversación y les fijó embargo por 400 mil pesos cada uno. El juez sobreseyó a Antonio Vicario, Juan Ernesto Bossi �el ex secretario general del Ejército que a partir de esta decisión sería blanqueado en la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side)� y de Ernesto Jorge Ramírez y dictaminó la falta de mérito de Teresa Hortensia de Canterino, la encargada de firmar las órdenes de embarco como personal de FM. Poco antes de que se conociera la sentencia, Balza dijo que el fiscal Stornelli lo persigue por �cuestiones ideológicas� y defendió su inocencia. Horas más tarde, no comentó el pronunciamiento judicial aunque sus abogados anticiparon que apelarán la medida. El general retirado optó por hacer llegar al programa Esto que pasa de Radio del Plata la última amenaza que recibió, fechada el 17 de mayo. �General: Lo suyo es causa perdida. Por más declaraciones que haga o expedientes que muestre, el fiscal es nuestro, el juez es nuestro, y el apoyo político es nuestro. Quédese en el molde y lo vamos a ayudar en el 2 por 1. No hable más. Estar adentro significa estar vivo. Siempre es mejor�. Los uniformados apelarán el fallo de Urso, pero están expectantes por el contenido de la prometida sentencia que apuntará hacia los responsables políticos.
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Los decretos firmados por el
ex presidente Carlos Menem, entre 1991 y 1995, permitieron la salida del país de 6500 toneladas de armas y municiones de Fabricaciones Militares con destino a Panamá y Venezuela que terminaron en Croacia y Ecuador.