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Por Horacio Verbitsky
El hilo por lo más delgado Los informes de inteligencia de Gendarmería, que el gobierno atribuye ahora a la SIDE, y los de la red de militantes radicales que el ministerio del Interior usa para cotejar con los de la Policía Federal, dibujan un mapa del conflicto social con aquellos sitios en los que podrían producirse �hechos de AOP�, que en la jerga de inteligencia significan Alteraciones del Orden Público. En realidad el gobierno no necesitaría de semejante parafernalia informativa. Para ubicar los sitios del país que serán aturdidos por el humo de cubiertas quemadas, los gases lacrimógenos y las balas de goma le bastaría revisar los acuerdos del ministerio de Economía con las provincias, según el Memorando de Política Económica elevado al FMI. Si se compara la nómina de las 15 provincias que para las fuerzas de seguridad tienen prioridad alta y media, con la de las provincias en las que se concentra el mayor esfuerzo del ajuste de 1.500 millones de dólares que este año se exige al interior, se verá que diez de ellas coinciden. La escalada El gobierno de la Alianza ya ha apelado tres veces a la represión por tropas federales para enfrentar las manifestaciones de protesta. La primera, en Corrientes, a pocas horas de asumir, en diciembre de 1999. En febrero, se reunió con la mayor ceremonia el Consejo de Seguridad Interior. El punto 11 del temario tratado se refirió �a delitos como el narcotráfico, piratas del asfalto, corte de rutas y el contrabando�, que fueron puestos en un inadmisible pie de igualdad. En cuanto fue designado en la Central Nacional de Inteligencia, el general Ernesto Juan Bossi hizo circular un documento en el que se fuerza la interpretación de las leyes de defensa nacional y seguridad interior de modo de admitir la intervención militar en tareas de inteligencia vinculadas con el narcotráfico, cuando el marco legal vigente sólo permite el apoyo logístico a las fuerzas de seguridad. Bossi fue uno de los jefes de la misión militar en Bolivia que en la década del 80 apoyó el golpe de los narcoroneles. El viernes, en una resolución dogmática y sin fundamentos, el juez federal Jorge Urso lo sobreseyó parcialmente en la causa por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, en la que falsificó documentos para encubrir la maniobra. Esto, según Urso, no constituye delito. En marzo, el ministro de Defensa Ricardo López Murphy, definió las �nuevas amenazas� en función de las cuales debía redefinirse el rol de los militares argentinos: narcotráfico, terrorismo, pero también pobreza extrema y migraciones masivas. Sus colaboradores explican que la reacción política y social ante ese exabrupto fue tan dura, que el ministro no volverá a pronunciar esas palabras escritas por plumíferos castrenses. En abril, la Policía Federal reprimió en forma �brutal y salvaje�, según las palabras del ministro del Interior Federico Storani una movilización sindical frente al Congreso. Malos, afuera La visita del nuevo presidente del Fondo Monetario Internacional, Horst Köhler, dio lugar a una retahila de lamentaciones apocalípticas. El ex presidente Raúl Alfonsín declaró que el FMI había conducido al país al desastre. La CGT Azopardo reclamó a Köhler una reprogramación de los pagos al Fondo. Los manifestantes de la paleoizquierda congregados para presionar al presidente de Chile propusieron suspender los pagos de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional. También la Iglesia Católica ve con simpatía estos planteos. Es obvio el carácter negativo de los condicionamientos que los organismos internacionales imponen a los países que, como la Argentina, requieren del aporte de capitales externos para equilibrar sus cuentas. En la edición del mes pasado de �The New Republic� fueron cuestionados nada menos que por Joseph Stiglitz, asesor económico de Bill Clinton hasta 1997 y desde entonces y hasta este añovicepresidente del Banco Mundial. Stiglitz recuerda que el Tesoro norteamericano y el FMI presionaron para que en el sudeste asiático y Rusia se redujera el gasto gubernamental y se eliminaran �subsidios para necesidades básicas como alimentos y combustible, al mismo tiempo que políticas contractivas los hacían más necesarios que nunca�. También sospecha que esas políticas, que hicieron que la recesión asiática fuera �más profunda, más extensa y más dura�, fueron impulsadas en beneficio de los intereses financieros en Estados Unidos y los países avanzados. Pero de ahí a ubicar todos los males fuera del país y propiciar algún fantástico acuerdo nacional de los 35 millones de patriotas que habitan estas pampas para enfrentar a los sotretas foráneos, hay una distancia que no se debería recorrer con liviandad. Es probable que quienes se confortan con tales ensoñaciones ignoren que la deuda con el Fondo Monetario Internacional apenas asciende al 3,66 por ciento del endeudamiento total. Por otra parte, como lo demostró la investigación de Eduardo Basualdo publicada aquí, en los años de la convertibilidad, de 1991 a 1997, los pagos de intereses más las amortizaciones de capital de la deuda ascendieron a 59.700 millones de dólares. Pero en el mismo lapso se contrajeron nuevas deudas por 63.500 millones. Es decir que el país recibió una transfusión de casi 4.000 millones de dólares, aun sin considerar la Inversión Extranjera Directa. En el mismo periodo, salieron del país capitales por 37.900 millones de dólares, producto de las superganancias realizadas por las empresas estatales privatizadas, con mercados cautivos y sin regulación, más otros 5.500 millones declarados como remisión de utilidades. La identificación errónea del problema es la manera más insidiosa de favorecer a quienes desde hace dos décadas se han enriquecido sin límites gracias a la gestión del Estado de Bienestar para Pocos, y que no están fuera sino dentro del país. Con demasiada frecuencia y aun con la mejor intención, los políticos locales imaginan que la luz verde de los organismos internacionales permitiría solucionar los conflictos sociales sin cambios profundos en las relaciones internas de poder. En estos días el licenciado Alvarez lanzó la idea de solicitar a esas fuentes de financiamiento créditos especiales para planes sociales y la ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide solicitó al Banco Mundial que dejara de exigir el aporte simétrico nacional como condición para liberar los préstamos ya acordados para planes de empleo y asistencia social. Mejor harían en preguntarse por qué el ministro de Economía José Luis Machinea incluyó en el acuerdo con el FMI una meta de ajuste casi mil millones de dólares más severa que lo establecido por la ley de solvencia fiscal: 4.700 millones de dólares de déficit máximo, contra 5.650 que permitía aquella ley. Además de errar en su hipótesis de reactivación Machinea necesita dar pruebas de su conversión a la ortodoxia. Para ello ha llegado a eliminar de la lista de invitados a los encuentros periódicos de explicación de la coyuntura a sus ex amigos Adolfo Canitrot y Mario Brodersohn. En poco tiempo ha logrado un auténtico milagro: no es respetado ni a derecha ni a izquierda. Esto lo torna cada día menos viable, pese a la ratificación presidencial. El viernes, De la Rúa desmintió las interesadas versiones sobre el relevo de Machinea por Miguel Angel Broda, que no surgieron por casualidad: el jueves por la noche Santibáñes había torpedeado al ministro en una de sus raras declaraciones públicas. La versión del recambio ubicaba a Santibáñes, quien se declara harto de la SIDE, al frente del Banco Central. Un dólar, un dólar Broda es uno de los partidarios más persistentes de la dolarización y ya colocó a un hombre de su íntima confianza, Luis Secco, como responsable de la Inteligencia Económica de la SIDE. Dentro de la misma lógica se interpreta la reunión con Rückauf y otros gobernadores justicialistas, ala que De la Rúa no invitó a ningún miembro del Frepaso ni del ala radical que cuestiona el ajuste perpetuo. En lugar de Fernández Meijide llevó a su segunda, Cecilia Felgueras; la eminencia gris oscura del gobierno Enrique Nosiglia, estuvo representado por Carlos Becerra y Christian Colombo, y al ministerio de Trabajo ni le avisaron de la reunión, organizada por el hombre más silencioso y activo del gabinete, el Hermano Jorge. Fernández Meijide había firmado convenios con una docena y media de provincias por los cuales la ayuda alimentaria ya no podrá ser usada por los gobernadores para hacer política: por primera vez se controla el destino real de las entregas, que son ejectutadas por los intendentes de distinto signo partidario. Esto ha provocado la furia de Rückauf & Cia, que procuran puentear a la ministra, por lo visto con éxito. Otra lógica Un primer paso para cambiar la lógica del modelo económico y también la de la esporádica, dispersa y violenta contestación que genera, es el proyecto de declaración de la emergencia social, que la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) se propone presentar al Congreso mediante el mecanismo constitucional de la iniciativa popular. El proyecto, dirigido a �garantizar que ningún hogar quede por debajo de la línea de pobreza que establece el INDEC�, fue presentado el lunes al Defensor del Pueblo de la Nación, quien tiene diez días para dictaminar si no hay objeciones constitucionales. Luego comenzará un proceso de recolección de firmas. La CTA confía en obtener un millón (como ya ocurrió en contra de la privatización del sistema jubilatorio). A partir de entonces el Congreso tendrá un año para tratar el proyecto, que crea un seguro de empleo y formación para todos los jefes de hogar desocupados, sean hombres o mujeres, y una asignación mensual por cada hijo menor de 18 años de edad. El seguro, descripto en el proyecto como �un derecho humano fundamental�, sería de 380 pesos mensuales, y la asignación de 60 pesos por hijo. Un proyecto similar fue presentado hace tres años por las diputadas radicales Elisa Carrió y Elisa Carca, con una conferencia de prensa en el Congreso a la que asistió el entonces presidente del bloque, Federico Storani.
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Las grandes crisis son momentos de oportunidad para que el poder económico más concentrado imponga cambios decisivos de política económica, aquellas de efectos más profundos, duraderos y perniciosos sobre el conjunto de la sociedad. Durante la campaña electoral de 1989, Domingo Cavallo opinó que no debía obstaculizarse el avance de la bola de nieve hiperinflacionaria, porque cuando estallara en el rostro del agonizante gobierno radical, sería mucho más fácil aplicar las durísimas medidas que él preparaba para la nueva etapa. Un razonamiento similar se difunde ahora entre el establishment económico. Los cortes de rutas, los incendios de legislaturas provinciales, la represión de policías y gendarmes y los aprestos castrenses podrían conducir a un climax equivalente al de los saqueos y los brotes de hiperinflación de 1989/90 y derivar en la dolarización, con sus consecuencias obvias: nuevo agravamiento de las condiciones sociales, ruptura del Mercosur y caída en la órbita excluyente de Estados Unidos. La visita de Ricardo Lagos y los gestos ostensibles del gobierno hacia el mandatario chileno, la firma de acuerdos que señalan en la dirección contraria de aquella, exaltando el Mercosur y su dimensión social, indican que ésta es una batalla en pleno desarrollo.