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Por
Maximiliano Montenegro
 Mañana el Poder
Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley marco de un pacto
federal para "equiparar" salarios de legisladores y funcionarios
provinciales con sus colegas nacionales y fijar un tope al gasto de los
jueces provinciales. Bajo el lema de un compromiso para la
"Austeridad, equidad y transparencia en la función pública",
es la fórmula para mostrar que el ajuste que exige el Fondo Monetario a
las administraciones del interior también alcanzará a su dirigencia. Se
cree que así se podría ahorrar más de 350 millones de pesos al año. Página/12
reveló hace poco más de un mes las escandalosas dietas, gastos de
representación y fondos reservados que manejaban los legisladores de la
mayoría de las provincias, a lo que se suma el despilfarro en los
Concejos Deliberantes (ver aparte). Hoy revela las notables diferencias
salariales, de personal y presupuestarias en la Justicia de distintas
provincias, lo que motivó al gobierno nacional a incluirla en el plan de
ajuste. Un juez en Formosa y en San Cruz le cuesta por año a dichos
fiscos 800 mil y 1 millón de pesos, respectivamente, es decir, entre 3 y
4 veces lo que cuesta un magistrado en provincias comparables como La
Rioja y Río Negro. A su vez, el sueldo promedio de un juez de primera
instancia en Córdoba es un 20 por ciento superior al de un juez federal,
y el doble que un magistrado de igual jerarquía en Mendoza, Salta o
Santiago del Estero.
Sin embargo, la decisión de orientar la tijera miope del
Ministerio de Economía al Poder Judicial podría aparejar más problemas
que soluciones. Hay provincias en las que los juzgados apenas funcionan
por falta de recursos. Además, si bien el proyecto de ley elude hablar de
los salarios de los jueces, para no violar la cláusula constitucional
sobre la "intangibilidad" de los sueldos de los magistrados,
nadie descarta una avalancha de juicios contra el Estado.
Si todo marcha como se prevé,
mañana los diputados Darío Alessandro y Jesús Rodríguez, presidente y
vice del bloque aliancista, y los senadores José Genoud y Pedro del Piero
presentarán en sociedad el proyecto del Ejecutivo sobre equiparación
salarial en las administraciones del interior del país. La propuesta
también incluye la creación de una "fuerza federal" que vele
por la transparencia en los presupuestos provinciales.
Es una vieja promesa de la
Alianza desde los tiempos de la campaña: que la dirigencia política
adecue sus gastos a los de una sociedad empobrecida, eliminando las
prebendas más insólitas en cabeza de legisladores y funcionarios
provinciales. No obstante, pasar ciegamente la guadaña, por ejemplo,
sobre las Legislaturas podría detonar más de un estallido social, ya que
muchas localidades del interior sólo sobreviven gracias a la mano visible
del Estado, aunque ésta alimente el clientelismo político más perverso.
La iniciativa fue ideada por un equipo interministerial formada por
técnicos de Economía, Interior y Justicia, en contacto directo con los
ministros de cada área. Pero, sin duda, quien más interesado estuvo en
motorizarla fue José Luis Machinea, obsesionado en cumplir la misión de
aplicar el ajuste que exige el FMI hasta en el último rincón del país.
Al principio se pensaba excluir
del proyecto a los poderes judiciales provinciales, teniendo en cuenta que
la cláusula constitucional de la intangibilidad de los sueldos de los
jueces podría ocasionar una avalancha de juicios e impugnaciones contra
el Estado. Sin embargo, según contó el diputado Rodríguez a este
diario, finalmente se establecerán topes al presupuesto judicial, aunque
no se hablará de los sueldos ni de la equiparación salarial.
La Argentina es un país
federal, lo que significa que cada provincia se dicta sus propias leyes e
instituciones con independencia del gobierno nacional. Así, de ser
aprobada en el Congreso, la ley serviría sólo de marco para un
"compromiso federal", pero para llevarse a la práctica debería
ser refrendada por cada una de las Legislaturas provinciales. Para que
ello suceda podrían abrirse luego negociaciones puntuales con la Nación,
que dispone de "palos y zanahorias" de acuerdo con los intereses
de cada gobernador. Sea como fuere, está claro que, a diferencia del
ajuste que ya negoció Economía con las provincias chicas más
necesitadas de fondos, este plan de austeridad también alcanzaría a las
grandes: Buenos Aires y Santa Fe deberían reportar la mitad del ahorro
previsto en las Legislaturas, mientras que Córdoba es la provincia a la
que más golpearía la poda judicial.
Injusticia
El estudio sobre la justicia provincial, al que accedió Página/12,
se halla en los despachos de un selecto grupo de funcionarios nacionales,
que lo manejaron con la máxima reserva por temor al contraataque de los
jueces, celosos de la división de poderes y de la cláusula
constitucional que preserva sus haberes. Las principales conclusiones del
informe son las siguientes:
Un juez de Santa Cruz cuesta al fisco, en promedio, 972 mil pesos al año.
Uno de Formosa, 795 mil pesos. Uno de Neuquén, casi 771 mil pesos. Un
magistrado de Chaco, 722 mil pesos. En cambio, en provincias como Mendoza
cuesta 410 mil pesos, en Río Negro 275 mil y en La Rioja 248 mil. El
promedio de gasto por cada juez provincial en la Argentina es de 511 mil
pesos.
Como en todas las provincias existen los mismos fueros, más allá de las
peculiaridades de cada sistema jurídico, en la visión de Economía
"no hay forma de justificar diferencias de gastos tan marcadas para
administrar justicia", en especial, en las provincias con condiciones
socio-demográficas más similares. Desde esa perspectiva, semejante
disparidad esconde un cierto grado de clientelismo político, bajo la
forma de reparto de cargos y recursos, aunque en una proporción menor a
la de las Legislaturas.
También existe una diferencia muy marcada de la cantidad de personal a
cargo de cada juez. Por ejemplo, siempre en promedio, en Chaco disponen de
27 empleados, en Salta de 24, y en Formosa y Chubut, de 21. En cambio, en
Jujuy de 10, en Tucumán de 9 y en Río Negro de 7.
Hay una gran disparidad en los sueldos de los jueces, y tal diferencia no
respondería a factores tales como la prosperidad de la provincia. Un juez
de primera instancia gana en Córdoba 6963 pesos mensuales y en Santa Fe
6360 pesos. Son salarios alrededor de un 20 por ciento superiores a los de
sus pares federales. En Mendoza se las arreglan con 3000 pesos. En
Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, viven con salarios que van de
2500 a 3000 pesos. En Jujuy cobran 4000 y en Buenos Aires 5100, al igual
que en Entre Ríos y Corrientes, dos provincias en crisis.
Entre los jueces de Cámara, los mejor pagos son los santafesinos (8690
pesos mensuales), los cordobeses (8128 pesos) y los correntinos (7000
pesos). En el otro extremo, en Catamarca perciben 2880 pesos.
Según los cálculos realizados por Interior y Economía, hay once
provincias que, aplicando los dos criterios de ajuste que figuran en el
proyecto de ley, deberían recortar su presupuesto judicial.
Así,
de un presupuesto para el Poder Judicial de 1550 millones para el conjunto
provincial, el recorte alcanzaría a poco más de 120 millones de pesos,
es decir, un 8 por ciento del total. No es el ajuste que se prevé en los
poderes legislativos: de 800 millones de presupuesto para el conjunto
provincial se estiman que se podrían recortar 236 millones, esto es, casi
el 30 por ciento. Sin embargo, en algunas provincias el
tijeretazo sería terrible.
Córdoba sería la más afectada: le "sobraría" un 31 por
ciento de su presupuesto judicial. Tres provincias deberían hacer
recortes de entre 20 y 30 por ciento: Santa Cruz, Corrientes y Río Negro.
En otras tres, el apretón sería entre 10 y 15 por ciento: Chaco,
Formosa, Entre Ríos. En las cuatro restantes el ajuste sería inferior al
10 por ciento: Neuquén, Mendoza, Chubut y Santa Fe.
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Transparencia y publicidad
El proyecto de ley marco incluirá un capítulo especialmente dedicado a la �Transparencia y publicidad� en la función pública provincial. Así:
Las remuneraciones de los funcionarios de la administración provincial deberán ser publicadas �en medios que permitan la consulta irrestricta de cualquier ciudadano interesado�.
Se crearía una �Red Federal de Información Pública a fin de difundir, sin ningún tipo de restricciones y de la manera más amplia, el estado y detalle de las cuentas públicas en las respectivas jurisdicciones�. Con esto, el Ministerio de Economía pretende que los gobernadores le �abran� los presupuestos para monitorear el destino de sus fondos, ya que hay provincias a cuyas cuentas ningún funcionario de la Nación ha logrado todavía acceder. |
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Los criterios para el recorte
El �Compromiso federal para la proporcionalidad de las remuneraciones de los funcionarios públicos� tendrá la forma de un proyecto de ley que marcará los parámetros del ajuste en los tres poderes provinciales. También se apelará a la adhesión de los municipios. Los criterios que se seguirán son los siguientes:
Poder Legislativo: Se fijan dos criterios para imponer un techo a los gastos de las Legislaturas. Primero: que el presupuesto legislativo no debe superar el 2,62 por ciento del presupuesto total de la provincia. Segundo: que el gasto por legislador no supere los 600.000 pesos anuales. Entre una y otra siempre prevalecerá la más �dura�, es decir, la que suponga menor nivel de gasto.
Poder Judicial: Se fijan dos criterios. Primero: el presupuesto judicial no debe superar el 5 por ciento del presupuesto total provincial. También se fija un techo del orden de 550.000 pesos por juez. Este no es un tope salarial sino presupuestario: el presupuesto total dividido el número de jueces no debe superar esa suma. De nuevo, de los dos criterios prevalece el más restrictivo, es decir, el que suponga el menor nivel de erograciones.
Poder Ejecutivo: Las provincias deben comprometerse a que �las remuneraciones por todo concepto, incluyendo todo tipo de beneficio, de quienes se desempeñan en los cargos de gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios y subsecretarios no superen las remuneraciones de jerarquía equivalente del gobierno nacional�. A su vez, se comprometen a que �las remuneraciones de los demás cargos de la administración pública no superen la remuneración de subsecretario o equivalente, lo cual deberá garantizarse en la legislación de fondo que se dicte en materia de estructura salarial�. |
Concejales e intendentes que son un gran lujo
Por M.M.
Sin contar gastos extras, la dieta de un concejal de la ciudad de Córdoba es de 7260 pesos, superior al sueldo del gobernador de esa provincia. En tanto, un concejal de Formosa capital dispone en total de 21.700 pesos mensuales. El gobierno nacional quiere que el ajuste en los salarios de la dirigencia política llegue también a los municipios, donde hay gastos desproporcionados no sólo en cabeza de concejales sino también de intendentes. Página/12 ya había revelado los increíbles gastos de los legisladores provinciales, mucho más cotizados que sus pares norteamericanos. En el caso de los gastos de gobernadores y ministros provinciales, en el Ministerio de Economía sospechan que sus sueldos esconden más de lo que muestran.
El proyecto que presentará hoy la Alianza busca que el largo brazo del ajuste llegue también a concejales e intendentes. Sin embargo, en la práctica sólo ocurrirá si es refrendado por los Concejos Deliberantes y municipios respectivos. En el Ministerio de Economía existen datos reveladores de los envidiables ingresos de algunos funcionarios municipales. Por ejemplo:
El intendente de una ciudad como Pringles, de sólo 25 mil habitantes, en la provincia de Buenos Aires, cobra bastante más que el jefe de la comuna de Rosario, una ciudad de más de un millón de habitantes (ver cuadro).
Contando adicionales, un concejal formoseño duplica el sueldo de un ministro a nivel nacional.
El proyecto aliancista dice que los funcionarios municipales deberían cobrar el 70 por ciento de los cargos equivalentes en la administración provincial.
Según el informe de Economía, los salarios de gobernadores y ministros provinciales son sólo de forma: en realidad ganan mucho más de lo que declaran. Así, habría ingresos ocultos bajo la denominación de cuentas como gastos reservados, de representación, asesores y otros ítems, a las que los economistas del gobierno nacional nunca pudieron acceder. Por ejemplo:
El gobernador con sueldo �blanco� más alto es el de Tierra del Fuego: 9000 pesos. Y sus ministros cobran 7650 pesos. José Manuel de la Sota declara cobrar 6380 pesos y sus ministros 6128 pesos. En San Juan, el sueldo del gobernador es de 3500 pesos y el de ministro de 3000 pesos. En Mendoza de 3891 y 3700, respectivamente.
Si fuera por estos parámetros, la equiparación salarial obligaría a subirles los sueldos, ya que el de un ministro a nivel nacional ronda los 10 mil pesos.
El otro gran capítulo del proyecto serán las Legislaturas. Como publicó este diario, allí es donde el derroche es mayor y, de acuerdo con los cálculos de Economía, el ajuste podría llegar a los 235 millones de pesos.
En Buenos Aires, la dieta por senador asciende a 14 mil pesos. Además poseen una partida de 30 mil pesos mensuales para asesores. El Parlamento bonaerense es más caro que el de California o el de Nueva York, los dos estados norteamericanos más ricos, con un PBI 8 y 5 veces mayor al bonaerense.
En Santa Fe, el sueldo de un senador es de 10 mil pesos, a lo que hay que sumarle 8000 pesos en subsidios para su �departamento político�. El presupuesto de los congresales santafesinos (69) es superior al de sus pares del estado de Nueva Jersey (120 parlamentarios), una economía once veces superior.
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