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 El Gobierno dará a conocer en las próximas horas los detalles del ajuste adicional por 600 millones de pesos. Para definir sus alcances, Fernando de la Rúa y José Luis Machinea se reunieron ayer en dos oportunidades en la quinta de Olivos, una vez a la mañana y otra al atardecer. Habrá recortes en todas las partidas de la administración pública, incluyendo los fondos para pagar salarios. El propio jefe de Estado hará una convocatoria al resto del Gabinete para que todos los ministros se pongan en línea con el ajuste y ofrezcan una imagen de cohesión interna. De manera tal de enviar una fuerte señal de que su Gobierno va a poder cumplir con las metas fiscales pautadas con el Fondo Monetario.�Todo está en manos del Presidente. Nosotros bosquejamos una propuesta pero será él quien tome la decisión final�, comentó anoche a Página/12 un miembro del equipo económico. Lo que sí es seguro es que De la Rúa reclamará de sus ministros un encolumnamiento total a las medidas y les pedirá dejar de lado las visiones encontradas sobre la actual coyuntura. En ese sentido, su objetivo no sólo apunta a lograr que se concrete el recorte anunciado sino también a impedir que vuelvan a aparecer diferencias entre los funcionarios. En otras palabras, no quiere que se repitan hechos como el del último jueves cuando su amigo, el jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, apareció en un canal de televisión aseverando que no se había cumplido con el recorte de gastos prometido. Para el Gobierno, la concreción de este ajuste es vital para regenerar la confianza de los financistas internacionales y abrir las puertas a una rebaja de las tasas de interés, que sea capaz de reactivar la economía. Entre las medidas acercadas este fin de semana por Machinea, la más difícil de adoptar es la que involucra a los agentes de la administración pública. Economía maneja dos alternativas, aunque podría darse el caso de que la decisión final termine siendo una combinación de ambas.  Por un lado, figura la posibilidad de poner en disponibilidad a una parte de los empleados públicos. En lo que va del año, Economía redujo la masa salarial de la administración pública en un 2,5 por ciento. La idea es bajarlo dos puntos adicionales. Para lograrlo, podría haber despidos directos y la apertura de una lista con retiros voluntarios. Un ejemplo de esta vía es lo que se está haciendo en la AFIP. También habrá jubilaciones anticipadas. Además, el Gobierno analiza reflotar el decreto 290/95, que hace cinco años le permitió a Carlos Menem rebajar los salarios de los agentes en 5, 10 y 15 por ciento, dependiendo de la escala salarial (2000, 3000 o más de 4000 pesos). No obstante, esta salida podría generar más problemas que soluciones. En el �95, el Estado tuvo en su contra una catarata de juicios por parte de los agentes a los que se les rebajó el salario.Sin embargo, Federico Storani, ministro del Interior, puso reparos a esta intención al asegurar que �de ninguna manera (el ajuste) tiene que realizarse por achicamiento de mano de obra. Y menos (por la reducción) de los planes sociales�. Los planes de asistencia social quedarán intactos. Por otra parte, el paquete de medidas incluirá los siguientes puntos: Habrá fusiones y cierre de organismos. Se postergarán varios emprendimientos de obras públicas e infraestructura. También quedarán para otro momento las compras de bienes de uso, como computadoras. Se reducirá el Fondo de Jerarquización que reciben los empleados de la AFIP en proporción a la reducción de su plantilla. Del organismo se irán unos 2500 empleados.Después de una semana complicada, el Gobierno intentará retomar la ofensiva política y, al mismo tiempo, convencer hacia adentro y hacia afuera (léase los inversores internacionales) que el plan económico marcha sobre ruedas.
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