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La orden del juez Marcelo
Claudio Dau era muy clara: cavar en los fondos de la casa de Bazurco 1185,
de Rafael Castillo, "más precisamente en donde existe un piso de
cemento que funcionaría como patio, procediendo, en caso afirmativo, al
secuestro de restos óseos y otro elemento de interés para la presente
investigación", señaló en un escrito. El pedido había sido
formulado por Ana Bazarava, hermana de Carlos Bazarava, el esposo
desaparecido, e impulsado por el fiscal Daniel Sueiro. La fundamentación
del procedimiento fue una versión sobre la supuesta presencia de restos
humanos en el terreno, bajo el ahora "ex" patio de cerámica.
Fuentes de la Unidad Fiscal 4,
a cargo de Sueiro, admitieron que "por ahora" no se ha
confirmado la presencia de restos humanos en la zona, tan malamente
excavada. Sin embargo, los voceros justificaron el procedimiento porque
"era necesario investigar esa posibilidad en un caso que sigue sin
resolución". La orden de allanamiento tiene fecha 4 de abril del
2000, se cumplió un día después y aunque se había anunciado que se
trabajaría durante 48 horas, la tarea se suspendió luego de la primera
jornada a pleno martillo neumático. A más de un mes del suceso, nadie se
hace cargo de reparar el daño causado.
"Es primordial resarcir el
daño", dijo a este diario Ernesto Vissio, representante legal de
Vitalina Correa, jefa de la familia afectada por el procedimiento.
"Si hubo excesos como los denunciados por mi cliente, si la policía
estuvo 24 horas en la casa y prohibió la salida de todos, hubo privación
ilegítima de la libertad", precisó el abogado. "Si se comieron
y tomaron todo lo que había en el kiosco, eso está encuadrado dentro de
la figura delictiva de 'hurto'", agregó.
Vissio, que presentará una
demanda contra la policía para solicitar un resarcimiento económico,
anticipó que tiene "plena confianza en el juez Dau, que es muy
garantista y a quien desde ya separo de las irregularidades que tuvo el
procedimiento". Para el letrado, la actuación policial demostraría
"cómo se actúa con la gente humilde y cómo se la discrimina".
Uno de los bomberos que participó en el procedimiento se mostró
intrigado por la forma en que se actuó: "Fue raro, porque se rompió
el patio y se hicieron excavaciones de hasta 80 centímetros, cuando lo
habitual es llegar al metro veinte". Y se preguntó "¿por qué
razón no se excavó dentro del pozo ciego?" que, abandonado desde
hace 18 años, está ubicado en un rincón del terreno.
Además del patio, se rompieron todos los caños del lavadero y los
que salían de la cocina de la casa. "Cuando dejaron de cavar había
una mugre bárbara, pero no se pudo limpiar esa noche porque nos quedamos
sin agua", recordó Vitalina Correa. También vive allí Lucía
Bazarava, la hija mayor, casada y con hijos chicos. Ella atiende el kiosco
esquilmado por la voracidad policial. "Se comieron y se tomaron todo, sin pedir permiso. Se movían con tanta libertad que entraban al kiosco tirando todo al suelo", explicó Lucía. El abogado Vissio pidió a los Bomberos Voluntarios de La Matanza, a los que "no se va a responsabilizar por los desmanes", que aporten un informe sobre las construcciones que resultaron destruidas durante el allanamiento. El escrito resumirá "todo lo que pasó, que es tal cual lo relata la familia", adelantó un vocero del cuerpo, cuyos miembros trabajan sin percibir sueldo alguno: "Lo único que queremos es ayudar a la gente", aseguraron.
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