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REDUCCION SALARIAL Y DISPONIBILIDAD DE PERSONAL
Ajuste �inimaginable� hace un mes

Entre las alternativas de recorte del gasto público, por un total de 600 millones, que el Ministerio de Economía dará al Presidente para que tome una decisión figuran medidas que por su costo político hasta ahora se descartaban.


t.gif (862 bytes) El recorte de gasto público de 600 millones de pesos que en las últimas horas terminó de cerrar el Ministerio de Economía contempla distintas alternativas que en los próximas horas deberán ser evaluadas por el presidente Fernando de la Rúa. En esencia, quienes trabajaron en este nuevo plan de ajuste coinciden en señalar que incluirá: la eliminación de organismos estatales, con la puesta en disponibilidad de su personal; un recorte salarial en los sueldos de la administración pública, que afectaría principalmente a los niveles más altos; el despido de gran parte de los 20 mil contratados que todavía revistan en el Estado; la suspensión de obras públicas; y el recorte de programas de infraestructura, de reforma del Estado y de equipamiento financiados por el Banco Mundial. Con semejante cóctel, el ministro José Luis Machinea buscará renovar su imagen frente a los inversores, dañada después del cruce con el jefe de la Side, Fernando de Santibañes, economista predilecto del Presidente. 
Ayer, en Economía nadie quería hacer declaraciones, por temor a ser desautorizados por De la Rúa. En tanto, el jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, admitió ayer que él todavía no había recibido la propuesta de ajuste de Economía, la que, como establece la Constitución, debía aprobar antes de ser girada a Presidencia. 
�La economía está saliendo (de la recesión) muy lentamente. Y el escenario internacional es muy distinto al que se esperaba apenas hace un mes. Tenemos que afrontar esta situación con medidas contundentes�, reflexionó ante este diario un integrante del equipo económico. Con la lógica típica de los economistas más ortodoxos de la city; para dicho funcionario �medidas contundentes� significan un fuerte ajuste fiscal que le permita a Machinea recobrar el voto de confianza que le fueron quitando en las últimas semanas los mercados. Para la misma fuente, hace un mes era �inimaginable� hablar de bajas salariales en la administración pública, pero las cosas han cambiado. 
El incremento del riesgo país, motorizado por la suba de la tasa de interés internacional, la percepción cada más generalizada de que la economía sigue estancada, y la certeza de que así no habrá forma de cumplir con las metas acordadas con el FMI, dan a Economía nuevos argumentos para redoblar la apuesta del ajuste, incluso a costa de pagar un alto costo político. La lógica es que la baja en el gasto público permitiría alinear las cuentas fiscales con las metas del Fondo y así se activaría un círculo virtuoso que empieza con la disminución del riesgo país, sigue con un mayor ingreso de capitales y se cierra con el salto del consumo y la inversión. Sin embargo, la receta no especifica las contraindicaciones de dicho �remedio�: si el nuevo recorte de gastos se traduce en menor consumo y la gente percibe la señal de ajuste como una medida de la gravedad de la crisis, entonces, la recesión se profundizará, la recaudación seguirá planchada y los inversores terminarán por espantarse. 
Como publicó Página/12, el recorte salarial podría crear más de un problema legal al Estado, lo que podría allanarse de prosperar el proyecto de ley de Emergencia Económica que el Ejecutivo impulsa en el Congreso. El resto del paquete de ajuste se completaría con las siguientes medidas:
Cierre y fusión de organismos descentralizados y secretarías, poniendo en disponibilidad el personal sobrante. La fórmula de eliminar organismos es el mecanismo más sencillo, según las normas actuales, para pasar a disponibilidad personal de planta estatal, que goza de un régimen de estabilidad especial.
Despido de buena parte de los 20 mil contratados que todavía siguen trabajando en el Estado. En esta condición no sólo habría consultores y asesores varios sino también personal que hace las funciones más tradicionales �desde cadetes y administrativos hasta secretarias� pero que ingresó a la función pública en los tiempos de Domingo Cavallo bajo este régimen. * Se postergarán obras públicas y de infraestructura. Y se congelarán las compras de bienes y servicios estatales. 
Se darán de baja programas financiados por el Banco Mundial y el BID (desde planes de infraestructura hasta sociales) que requieren de una contrapartida de fondos del gobierno, pero que, más importante, también �inflan� el gasto. 
En los últimos dos días, Machinea aclaró tantos con De Santibañes y se encargó de trasmitir a sus colegas de gabinete que cuenta con el total respaldo del influyente jefe de la Side. Más aún, Luis Secco, el economista-jefe de ese organismo, se puso a disposición de los hombres de Machinea, por orden de De Santibañes, para coordinar los estudios de �estrategia de mediano y largo� plazo que vienen evaluando en la Side con las medidas de corto que elaboran en Economía. A través de Secco, también tranquilizó al equipo de Machinea sobre un tema con el que volvieron a insistir economistas de la city y del extranjero: les explicó que, en sintonía con Economía, De Santibañes no ve con buenos ojos dolarizar la economía. �Es un atajo que no resolvería ninguno de los problemas de la Argentina�, escucharon en Economía, aliviados.

 

RADIOGRAFIA SALARIAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
De privilegios e inequidades

Por Cledis Candelaresi
De los 255 mil empleados que tiene la Nación �incluyendo las Fuerzas Armadas y de seguridad�, más de 100 mil cobran entre 420 y 840 pesos por mes, lejos de cualquier remuneración de privilegio. Sea por despido o recorte salarial, el ajuste que prevé el Gobierno en personal indefectiblemente pasará por ellos. El mapa salarial y las perspectivas de recorte del gasto son semejantes en las provincias, lo que amenaza recalentar el clima de conflictividad social. 
La intención de hacer una poda amplia no sólo es pregonada por los funcionarios en sus últimas declaraciones sino que quedó expresada en el proyecto de ley de emergencia económica con media sanción de Diputados. Esta iniciativa pone en capilla a todos los contratados (un universo de más de 15 mil agentes, al que se suman unos 6 mil temporarios), ya que prevé la rescisión de �contratos y servicios�, rubro donde se incluye las remuneraciones de esos empleados. 
La propuesta legislativa que ahora deberá convalidar el Senado también abre las puertas para que el Estado pueda pasar a disponibilidad el personal de planta permanente, eludiendo con ello, una serie de trámites engorrosos para concretar los despidos y ganando la posibilidad de pagar la indemnización en cuotas.
Los datos oficiales ilustran cómo es ese universo de amenazados, donde hay disparidad de remuneraciones y una situación poco equitativa:
Si se toman las remuneraciones extremas de la grilla, la dispersión salarial del sector público es grande, ya que va desde los 354 pesos a unos 8406 brutos de los funcionarios de máxima jerarquía. 
Sin embargo, la gran mayoría se encuentra debajo del promedio de 1252 pesos mensuales brutos, es decir, de 1000 pesos de bolsillo.
Según destaca un análisis del economista Claudio Lozano de ATE, el 74,5 por ciento de los asalariados públicos se encuentra por debajo de ese promedio.
Esos tres tercios de agentes (unos 190 mil, incluyendo uniformados) absorben poco más de la mitad de la masa salarial total, 6636 millones de pesos, según el Presupuesto del año 2000. El resto de los recursos se reparten en el privilegiado cuarto restante.
Sólo el 2,6 por ciento de los cargos reciben remuneraciones netas superiores a los 2900 pesos y apenas el 0,43 por ciento a 5000 pesos. 
Una situación semejante se reproduce en las provincias, donde las estadísticas del Ministerio de Economía no reflejan con justicia la situación. El promedio salarial de todo el país �incluyendo las remuneraciones de los empleados de la Ciudad de Buenos Aires� es de 840 pesos. Sin embargo, la gran mayoría de los agentes estatales se concentra en franjas que están por debajo de ese promedio.
Más allá del nivel de las remuneraciones, en las provincias también influye el hecho de que en algunos estados los planteles públicos son muy nutridos en relación a su población. El ranking lo lideran Santa Cruz, La Rioja y Catamarca con 88, 87 y 72 empleados cada mil habitantes, respectivamente, contra los 24 ó 37 que tienen Córdoba o la Capital.
Muchas administraciones del interior se comprometieron ante la Nación a reducir el staff de agentes estatales a cambio de un auxilio para refinanciar deudas. En algunos casos esas mismas administraciones tienen sancionadas sus propias leyes de emergencia, que funcionan como un procedimiento de crisis para empresas privadas, permitiéndoles deshacerse de personal a bajo costo.

 

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