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Por Claudio Scaletta  Los bloques oficialistas de las dos cámaras del Congreso presentaron un plan para recortar y equilibrar los presupuestos de las legislaturas provinciales, tal cual había anticipado Página/12. El gasto por legislador alcanza en algunas jurisdicciones a dos millones de pesos anuales, en tanto en otros están por debajo de los 200 mil. Las mismas asimetrías se reproducen en la Justicia. El �Compromiso Federal para la Proporcionalidad de las Remuneraciones de los Funcionarios Públicos�, tal la denominación del proyecto, pretende recortar el gasto de los distintos cuerpos legislativos en más de 230 millones. En tanto, el bloque del Partido Justicialista reclamó que el ajuste alcance también a los ministros del Poder Ejecutivo y propuso que ningún funcionario, cualquiera sea su ámbito, cobre un sueldo superior al 90 por ciento de los 4800 pesos que recibe el Presidente de la Nación.Las particulares características de asignación de ingresos que surgen de las autonomías provinciales obligan, según la propuesta oficialista, a que el ajuste deba ser implementado a través de este �compromiso federal�, el que a juicio de los legisladores sólo podrá surgir de un amplio consenso político previo entre Nación y gobiernos provinciales. Y aunque el objetivo de fondo sea la continuidad de la reducción del gasto, el proyecto se propone también terminar con las irritativas dietas que, a contrapelo de un Estado empobrecido, se autoasignan muchos funcionarios públicos. Los fundamentos de la iniciativa, presentada en la Cámara alta por los senadores José Genoud y Pedro del Piero, y en la baja por los diputados Darío Alessandro y Jesús Rodríguez, señala que el costo de funcionamiento de las legislaturas provinciales �varía groseramente en relación a sus respectivos presupuestos, lo que habla de una situación por demás irregular, sin encontrar aún justificación a la luz de las propias realidades provinciales�. Estas críticas no se dirigen sólo a los poderes legislativos, pues a renglón seguido se agrega que �otro tanto puede decirse de los distintos estamentos de la función pública�. Entre las cifras consideradas para destacar las disparidades se encuentran las publicadas por este diario, que mostraban el gasto total por legislador. En casos extremos, como la provincia de Formosa, llegan a 2 millones de pesos anuales, reduciéndose a 160 mil en provincias como San Luis o Catamarca. En tanto, los gastos que insumen los jueces nacionales llegan en casos como la provincia de Córdoba a casi un millón de pesos por año, reduciéndose en estados como La Rioja a 250 mil pesos. Esta desproporción se reproduce también entre los distintos estamentos del gobierno. Así, un concejal de la ciudad de Formosa cobra más de 16 mil pesos mensuales. Más allá de cuestiones estrictamente presupuestarias y la preocupación por los desequilibrios evidenciados en las provincias más pobres, el objetivo de Economía es que el ajuste alcance también a las provincias más grandes. Fuentes de la Legislatura bonaerense adelantaron a Página/12 que si bien los recortes no superarán el 1,5 por ciento del presupuesto provincial esto supone, entre ambas cámaras, una poda de entre 25 y 30 millones. A nivel de remuneraciones, se estima una disminución a los legisladores de entre el 30 y el 40 por ciento y al personal �político� -el de planta está amparado constitucionalmente� de entre un 12 y un 15 por ciento. Entre los puntos principales de la propuesta, que propone la creación de un organismo de control del acuerdo, se destaca que: u Los funcionarios de los ejecutivos provinciales deberán tener remuneraciones inferiores al 90 por ciento de los ingresos de los cargos similares de la administración nacional. u Los sueldos de los legisladores provinciales no podrán superar el 70 por ciento de los cobrados por parlamentarios nacionales.* Los presupuestos de las legislaturas provinciales tendrán como tope al tres por ciento de los gastos generales de la provincia y nunca superar los 700 mil pesos anuales por legislador. u Las remuneraciones de los concejales no podrán superar el 70 por ciento de los sueldos de los legisladores provinciales. En tanto, el bloque de diputados justicialistas, a través de su titular Humberto Roggero, aunque manifestó su acuerdo con la propuesta, pidió que la poda se haga extensiva también a los ministerios del Ejecutivo Nacional. También propuso una ley alternativa que se limite a establecer que ningún funcionario público pueda recibir una remuneración superior al 90 por ciento de la remuneración del Presidente de la Nación y que derogue las asignaciones complementarias no remunerativas.
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