![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Por Victoria Ginzberg ![]() La abogada de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Alcira Ríos, consideró la sentencia de Marquevich como un antecedente importante porque separa el delito de los apropiadores del proceso de recuperación de identidad de los hijos de desaparecidos. Es que las Abuelas sospechan que atrás de cada joven criado por represores que se niega a someterse a las pruebas genéticas hay una extorsión emocional de acusados que les dicen a sus supuestos hijos que la extracción de sangre sería su condena. Si bien es cierto que los análisis de ADN son la prueba irrefutable e inobjetable del robo de los niños, Marquevich demostró que el delito puede ser probado independientemente de esta medida. En este caso, los acusados aceptaron que los niños que anotaron como propios no lo eran. La propia Cámara de San Martín, en otra causa, afirmó que �la falta de identificación de los verdaderos padres de manera alguna elimina el delito, sino que expone con mayor certeza que éste se habría visto perfeccionado�. La orden de destrucción de los falsos documentos y registros de nacimiento obliga a que tanto Carolina como Pablo deban realizarse los estudios si pretenden regularizar su situación. Abel Madariaga, secretario de Abuelas y uno de los querellantes de la causa, aseguró que espera ahora la respuesta del gobierno de Paraguay ya que el fallo demuestra que los jóvenes �hicieron todos sus trámites en el país con documentos falsos�. La causa contra Bianco y su mujer fue iniciada en 1985 por una denuncia de Abuelas. Ese mismo año el ex mayor se mudó con los niños y su mujer a Paraguay, donde fue amparado por los funcionarios de la dictadura de Alfredo Stroessner. En 1987 se pidió la extradición del matrimonio, pero la medida tardó diez años en concretarse. En Paraguay, los Bianco cumplieron con un supuesto arresto domiciliario en la que se les permitía dar conferencias de prensa y salir a trabajar. El caso Bianco fue el que dio pie para que el 9 de junio de 1998 Marquevich detuviera al dictador Jorge Rafael Videla. Ese día el mayor Julio César Caserotto, jefe de la maternidad clandestina que funcionó en Campo de Mayo, declaró que allí �existieron órdenes verbales y escritas por la superioridad para que se asistiera a parturientas traídas por personal de Inteligencia�. Enfermeras y obstetras que trabajaron durante la dictadura en el Hospital Militar de Campo de Mayo prestaron su testimonio ante Marquevich. Todos los testigos coincidieron en que en el sector de Epidemiología de ese hospital se atendía a mujeres embarazadas que estaban detenidas clandestinamente. �Se encontraban con los ojos tapados con vendas y a veces encapuchadas�, afirmó una enfermera. �Después del parto se les daba una inyección con el objeto de que no tuvieran leche, pues aparentemente no les daban de mamar a los recién nacidos�, relató otra. Los empleados del hospital concordaron también en que Bianco era el encargado de tratar a las detenidas embarazadas de la zona Oeste. �No podrá pasarse por alto que los casos en trato se encuentran incluidos dentro del plan sistemático destinado al apoderamiento de menores, en el marco de las actividades decontrainsurgencia realizadas por el Ejército Argentino a partir de la instalación del gobierno de facto el 24 de marzo de 1976�, afirmó el juez en el fallo.
|