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CONDENAN A 12 AÑOS AL APROPIADOR DE BEBES NORBERTO BIANCO
La pena máxima al ex médico militar

De todos modos Bianco no regresará 
a la cárcel porque  la Cámara computó 
los diez años que estuvo de �arresto domiciliario�.  El juez anuló los documentos de los jóvenes apropiados, quienes residen  en Paraguay.


Por Victoria Ginzberg 
t.gif (862 bytes) El ex médico del Ejército Norberto Atilio Bianco fue condenado por el juez Roberto Marquevich a doce años de prisión, la máxima pena impuesta por un magistrado de primera instancia a un apropiador de hijos de desaparecidos. Pero el represor y su mujer �a quien se sentenció a diez años� no volverán a la cárcel ya que la Cámara Federal de San Martín computó los diez años que el matrimonio estuvo bajo �arresto domiciliario� (que fue más que permisivo) en Paraguay. Marquevich ordenó que se anularan los documentos a nombre de Carolina Susana Bianco de Wehrli y Pablo Hernán Bianco Wehrli. Los jóvenes, que viven en Paraguay, pasaron a ser indocumentados para la Justicia argentina ya que se resisten a hacerse los estudios genéticos que develarían su verdadera identidad. 
La abogada de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Alcira Ríos, consideró la sentencia de Marquevich como un antecedente importante porque separa el delito de los apropiadores del proceso de recuperación de identidad de los hijos de desaparecidos. Es que las Abuelas sospechan que atrás de cada joven criado por represores que se niega a someterse a las pruebas genéticas hay una extorsión emocional de acusados que les dicen a sus supuestos hijos que la extracción de sangre sería su condena. Si bien es cierto que los análisis de ADN son la prueba irrefutable e inobjetable del robo de los niños, Marquevich demostró que el delito puede ser probado independientemente de esta medida. En este caso, los acusados aceptaron que los niños que anotaron como propios no lo eran. La propia Cámara de San Martín, en otra causa, afirmó que �la falta de identificación de los verdaderos padres de manera alguna elimina el delito, sino que expone con mayor certeza que éste se habría visto perfeccionado�. 
La orden de destrucción de los falsos documentos y registros de nacimiento obliga a que tanto Carolina como Pablo deban realizarse los estudios si pretenden regularizar su situación. Abel Madariaga, secretario de Abuelas y uno de los querellantes de la causa, aseguró que espera ahora la respuesta del gobierno de Paraguay ya que el fallo demuestra que los jóvenes �hicieron todos sus trámites en el país con documentos falsos�. 
La causa contra Bianco y su mujer fue iniciada en 1985 por una denuncia de Abuelas. Ese mismo año el ex mayor se mudó con los niños y su mujer a Paraguay, donde fue amparado por los funcionarios de la dictadura de Alfredo Stroessner. En 1987 se pidió la extradición del matrimonio, pero la medida tardó diez años en concretarse. En Paraguay, los Bianco cumplieron con un supuesto arresto domiciliario en la que se les permitía dar conferencias de prensa y salir a trabajar. 
El caso Bianco fue el que dio pie para que el 9 de junio de 1998 Marquevich detuviera al dictador Jorge Rafael Videla. Ese día el mayor Julio César Caserotto, jefe de la maternidad clandestina que funcionó en Campo de Mayo, declaró que allí �existieron órdenes verbales y escritas por la superioridad para que se asistiera a parturientas traídas por personal de Inteligencia�. 
Enfermeras y obstetras que trabajaron durante la dictadura en el Hospital Militar de Campo de Mayo prestaron su testimonio ante Marquevich. Todos los testigos coincidieron en que en el sector de Epidemiología de ese hospital se atendía a mujeres embarazadas que estaban detenidas clandestinamente. �Se encontraban con los ojos tapados con vendas y a veces encapuchadas�, afirmó una enfermera. �Después del parto se les daba una inyección con el objeto de que no tuvieran leche, pues aparentemente no les daban de mamar a los recién nacidos�, relató otra. Los empleados del hospital concordaron también en que Bianco era el encargado de tratar a las detenidas embarazadas de la zona Oeste. �No podrá pasarse por alto que los casos en trato se encuentran incluidos dentro del plan sistemático destinado al apoderamiento de menores, en el marco de las actividades decontrainsurgencia realizadas por el Ejército Argentino a partir de la instalación del gobierno de facto el 24 de marzo de 1976�, afirmó el juez en el fallo. 

 

RECHAZO LAS PRUEBAS DE ADN Y QUEDO EN LIBERTAD
No quiere saber su identidad

Las Abuelas de Plaza de Mayo esperan desde hace 16 años para saber si María Natalia Alonso es �como denunciaron en 1984� hija de desaparecidos y deberán esperar todavía más: la Justicia dejó en libertad a la joven sin que se le tomara la muestra de sangre necesaria para un análisis de ADN que permitiría establecer su verdadera identidad. Alonso estaba demorada desde el jueves pasado en los tribunales de La Plata por su reiterada negativa a realizarse ese análisis y había comenzado una huelga de hambre. Así, logró que se considerara que �estaba en juego la salud mental� y se decidiera postergar la extracción sanguínea.
La liberación de Alonso fue ordenada por la jueza platense María Isabel Martiarena, quien investiga si la joven fue anotada como hija propia por Omar Alonso y su esposa María Luján Di Mattía. Eso es lo que las Abuelas denunciaron en el �84 sobre la base de testimonios de vecinos de la pareja, quienes afirmaron que la mujer no había estado embarazada y que su marido recibió a la niña envuelta en un capón militar.
Aunque la Cámara de Apelaciones de La Plata dispuso en 1997 que debía someterse compulsivamente a una extracción de sangre, Alonso recién fue encontrada por la Justicia el jueves pasado. Al día siguiente fue trasladada al Banco Nacional de Datos Genéticos, que funciona en el porteño Hospital Durand, para dar cumplimiento a la disposición judicial, pero se resistió.
Martiarena tenía atribuciones para retener a Alonso hasta hoy, pero la dejó en libertad el domingo a la noche, después de conversar durante varias horas con la joven y su abogado, Julio Burlando, mientras su presunto apropiador gritaba desquiciado en la puerta de la asesoría pericial platense �¡Muerte a los marxistas leninistas!�. La magistrada ordenó suspender la extracción de sangre y ordenó la liberación de Alonso porque el perito que intervino en el caso determinó que �estaba en juego su salud mental�.
�La medida judicial está pendiente. Lo que habrá que ver es si después se encuentra a la joven para cumplirla�, explicó a este diario el abogado de las Abuelas, Ramón Torres Molina, quien hoy se reunirá con la magistrada. Las Abuelas creen que María Natalia es hija de los desaparecidos Elena de la Cuadra y Héctor Baratti, secuestrados el 23 de febrero de 1977, pero también podría serlo de otras dos parejas.

 

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