|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Irina Hauser  Los diputados de la Alianza Juan Pablo Cafiero y Darío Alessandro pidieron ayer la derogación de las leyes secretas que la Policía Federal utilizó para decir ante la Justicia que sus agentes de inteligencia tienen la atribución de espiar las actividades de agrupaciones políticas. En Argentina las fuerzas de seguridad tienen prohibido hacer espionaje político. Sin embargo, el informe presentado por los azules en el juzgado de Martín Silva Garretón, y que fue revelado por Página/12, intentaba justificar la supuesta infiltración de una espía de sus huestes dentro del partido Nueva Dirigencia. Ni el ministro del Interior, Federico Storani, ni el jefe de la Policía, Rubén Santos, explicaron esa curiosa interpretación de las normas que regulan las actividades de la Federal. Probablemente el tema ahora pase a ser discutido en la Cámara baja. Basándose en leyes secretas y en una traducción peculiar de otras normas, la Policía sostuvo en el escrito judicial que puede hacer �tareas de búsqueda de información sobre las actividades y propósitos de personas, grupos, entidades y organizaciones con actuación en el ámbito político�. También dio a entender que toda Legislatura porteña podría estar siendo observada. �Las reglas secretas atentan contra la libertad de las personas y han sido un instrumento de los gobiernos autoritarios�, dijo Cafiero. �La actividad política nunca puede ser objeto de trabajo de un organismo de inteligencia�, afirma el proyecto de ley. �Las funciones de la Policía Federal se encuentran ampliamente detalladas en la Ley Orgánica de la Policía Federal y en la Ley de Seguridad Interior y no pueden existir normas de carácter secreto que establezcan otras funciones que se contradigan con las normativas vigentes�, añade el texto. La Policía, explican los legisladores, sólo puede actuar cuando se ha detectado un delito o situación que lo anuncie o con la orden de un juez. El espionaje político viola las disposiciones de la Constitución Nacional que resguardan la privacidad y la libertad de ideas. El proyecto de ley presentado pide la derogación del decreto 9021/63 y su reglamentario 2322/67, que data de la dictadura del general Juan Carlos Onganía. Esas normas reservadas fueron mencionadas por los abogados apoderados de la Federal en el escrito que llevaron al juez Silva Garretón, también en nombre del Ministerio del Interior. Establecen principios tales como que �ante requerimientos judiciales o de otras autoridades, el jefe de la Policía Federal estará autorizado a no revelar la existencia del personal del Cuerpo de Informaciones�. La discusión de la propuesta de Cafiero y Alessandro en Diputados probablemente sea apurada desde el propio gobierno. Aunque en un comienzo el tema incomodó a Storani, quien esquivó dar explicaciones públicas, ayer apoyó en privado la presentación del proyecto de ley en cuestión. El juez Silva Garretón estudia un pedido de hábeas data que el líder de Nueva Dirigencia, Gustavo Beliz, presentó cuando se supo que Mónica Amoroso, que era la pareja y jefa de despacho del legislador Miguel Doy, es espía de la Federal desde 1983. Los uniformados admitieron que la mujer es agente secreta, pero dicen que nadie la mandó a infiltrarse en el partido. El juez federal Jorge Urso analiza el tema en el fuero federal.
|
