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 Por Pablo Rodríguez Desde Asunción  El gobierno paraguayo, que desde �el intento golpista� del jueves pasado supuestamente debió salir fortalecido, no cesa de dar señales de debilidad, de fractura interna y de contradicción. Eso no le impide tomar medidas drásticas y duras: mediante el decreto 8792, con fecha de ayer, el presidente Luis González Macchi dispuso la reorganización completa de las Fuerzas Armadas. En el terreno político, la tormenta desatada por el decreto 8772 (que, entre otras cosas, indicaba que toda reunión de cualquier orden debía obtener el permiso del Poder Ejecutivo en el marco del estado de excepción) terminó en el decreto 8793, que lo rectifica. La Sociedad Paraguaya de Prensa reaccionó enérgicamente contra la orden de detención del periodista Hugo Ruiz Olazar, del diario prooviedista ABC Color. Ruiz Olazar cumplió ayer su tercer día en la redacción a la espera de una detención que no llega. Y en una reunión con la prensa nacional a la que Página/12 tuvo acceso, el presidente del Congreso, Juan Carlos Galaverna, uno de los hombres más cercanos al gobierno, dio una versión distinta de la oficial respecto de la intentona golpista y afirmó que el presidente paraguayo �tiene mano blanda�.Galaverna desmintió casi punto por punto todo lo expresado por el ministro del Interior, Walter Bower, y el ministro de Defensa, Nelson Argaña. Los tres fueron las caras visibles de la resolución de la intentona golpista. La versión oficial indica que las Fuerzas Armadas fueron leales al gobierno. �Pero las Fuerzas Armadas no recibieron órdenes claras y, además, se fijaron primero qué sector tenía éxito para luego tomar posiciones�, dijo Galaverna, quien aunque es prácticamente un hombre del gobierno, tiene enfrentamientos con parte del gabinete, según aseguraron varias fuentes a este diario. La versión oficial dice que la intentona estaba prevista y que se actuó eficazmente. �Pero hubo descontrol, eso me consta. Hubo falta de comunicación, imprevisión e ineficiencia. Los únicos que se jugaron fueron Argaña y Bower, que salieron a la calle sin saber lo que pasaba. Si hubiera habido previsión, ¿qué hacía González Macchi jugando al fútbol a las 20 horas del jueves en el Club Sajonia?�, disparó el senador. Y como para rematar, señaló que �con la liviandad con la que se actúa dentro del Poder Ejecutivo, mañana va a haber más intentos golpistas�. Galaverna sugirió que los altos mandos militares deben ser relevados. Casi al mismo tiempo en que Galaverna disparaba estas palabras, Nelson Argaña, acompañado de Walter Bower, explicaba en el Palacio presidencial de López los alcances del decreto 8792, que tiene 11 páginas. Estos cambios se dirigen, según Argaña, a disolver las grandes unidades armadas, sobre todo la Caballería (sede del alzamiento), y trasladarlas lejos de Asunción y lejos, también, unas de las otras. Así, el gobierno pasa por decreto lo que por ley no pudo pasar en el Congreso (la ley de reforma militar), pero, sobre todo, manifiesta su desconfianza hacia el Ejército. Desde su asunción en marzo de 1999 (luego del asesinato del vicepresidente Luis María Argaña y la renuncia del presidente Raúl Cubas Grau), el gobierno dispuso una �purga� de 500 oficiales oviedistas, incluyendo altos mandos. �Esa �purga� fue insuficiente y ahora, luego del golpe es mucho mayor�, explicó a Página/12 el analista militar Carlos Martini. �La reforma que se presentó hoy (por ayer) es la que se debió hacer desde hace tiempo. Reducir la fuerza de la Caballería es reducir la fuerza oviedista por  excelencia y de donde salieron todos los golpes militares desde los 30 en nuestro país�, continuó. Consultado sobre las desavenencias entreGalaverna y la versión oficial, Martini explicó que �es posible que algunas unidades hayan estado a la espera de lo que pasaba, pero es claro que la Fuerza Aérea fue leal, la Marina también, y eso fue determinante. Galaverna dijo que deben ser destituidos los altos mandos, y yo creo que eso también va a ocurrir a corto plazo�.En el ámbito político, el Comité Político del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) decidió ayer que sus bancadas en el Congreso presenten un proyecto para exigir el levantamiento del estado de excepción, habida cuenta de los excesos cometidos, decreto 8778, que se parece mucho a un intento de proscripción política por dos razones: por la imposibilidad de realizar reuniones políticas sin autorización previa (que afecta al PLRA) y por la manifiesta prohibición para reunirse a la oviedista Unión Nacional de Colorados Eticos (Unace). El PLRA también parece en pie de guerra por detenciones irregulares que estarían ocurriendo en el interior del país. �Queremos que esas denuncias sean radicadas en los locales de nuestro partido. Es muy peligroso lo que está pasando�, dijo en el medio de la reunión liberal el senador Armando Espínola. Sin embargo, el gobierno está cediendo en aquellos aspectos que generan más resistencia. El decreto 8778 ya fue rectificado por el 8793, que afirma que el Ejecutivo no debe �autorizar� sino tan sólo �ser notificado previamente� de algunas reuniones (no un asado de 10 personas, por ejemplo, como ocurría antes). Y en cuanto a la orden de detención contra Ruiz Olazar, aún no se hace efectiva.
Por P. R.
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El gobierno paraguayo dispuso la reorganización completa de las Fuerzas Armadas, que afecta fundamentalmente al Ejército y, dentro de él, a la Caballería, sede militar del oviedismo y motor del reciente intento golpista.
�No creo que haya sido un autogolpe. Fue un golpe frustrado. Hay muchas cosas raras que el gobierno todavía no explica y que, mientras no lo haga, no disipará las dudas. Sería irresponsable de mi parte sugerir algo.