Por Eduardo Tagliaferro
 �El destino del gasto social es lo que menos quieren mostrar los gobernadores�, dijo a Página/12 un importante miembro del Ministerio del Interior. Así explicó la dificultad percibida por el Gobierno para llegar a un acuerdo con las provincias por el reparto del gasto social. El canje terminó de este modo: la confección de un padrón único de beneficiarios con planes sociales, pedida por el Ejecutivo nacional, a cambio de nuevas partidas para asistencialismo de acuerdo a lo que reclamaban las provincias.
En Olivos funcionaron durante toda la tarde las comisiones de Empleo, de Seguridad, de Producción, de Salud y de Desarrollo Social. Cada organismo iba deliberando e informando en público, como en cascada, las conclusiones. Una forma de mantener el clima de maratón social buscado por el Gobierno y una garantía, de paso, de que nadie se arrepintiera a mitad de camino.
Luego de las protestas sociales de las últimas semanas en varios puntos del país y ante la inminencia de un nuevo ajuste económico que tendrá directas consecuencias sobre los asalariados, era lógico que la discusión en el área social fuera una de las más difíciles. Por este motivo, esa comisión fue la única presidida por su titular, la ministra Graciela Fernández Meijide.
Los responsables del sector y sus pares provinciales habían fijado el temario que terminarían de discutir en Olivos durante una reunión que mantuvieron muy temprano en el Ministerio de Desarrollo Social. Buscarían debatir:
* Discutir el destino del gasto social.
* Fijar normas para controlarlo.
* Unificar parte de los 92 planes asistenciales vigentes.
* Confeccionar un padrón único de beneficiarios.
Con esta agenda en mano, subieron a un micro que los trasladó a la Quinta Presidencial, donde a las tres comenzarían a trabajar todas las comisiones.
Los funcionarios del Gobierno suspiraron con alivio cuando, según relató uno de ellos a Página/12, �Graciela fue una de las más aplaudidas�. Sin embargo en esta comisión los acuerdos fueron más difíciles que en otras, reconocieron a este diario otros miembros del Gobierno.
Para nacionalizar la responsabilidad del gasto social se crearon consejos federales para cada sector. Estarán conformados por los secretarios o ministros provinciales y el respectivo responsable nacional. Deberán unificar acciones de gobierno y en algunos casos tendrán facultades para coordinar políticas con comisiones del Mercosur.
El Consejo Federal de Trabajo quedó con una función múltiple: tendrá entre sus competencias colaborar con el Ministerio en la reglamentación de la recientemente aprobada ley de reforma laboral, orientar los planes de empleo hacia los jefes y jefas de hogar desocupados y elaborar el padrón único de beneficiarios.
En Trabajo también se comprometieron 35 millones de pesos para planes de empleo. Se distribuirán por las provincias teniendo como uno de sus criterios la cantidad de habitantes y las urgencias sociales y políticas. El secretario general de la Presidencia, Jorge de la Rúa, informó que Salta y Jujuy se encuentran entra las prioritarias.
En Salud se anunció un programa por 78 millones de pesos para equipar hospitales en varios puntos críticos del interior del país. Los funcionarios no informaron cuáles, pero indicaron que el programa contempla la contratación de agentes sanitarios indígenas para contener sus necesidades sanitarias.
Las áreas de Salud y Trabajo fueron las únicas en las que el gobierno nacional comprometió aportes presupuestarios. De dónde saldrá el dinero que cubrirá estos anuncios es la pregunta que, sin embargo, ningún funcionario podía explicar. El viceministro de Trabajo, Jorge Sappia,reconoció ante este diario que �los anuncios significan desvestir un santo para vestir otro�. En verdad destinar fondos para nuevos planes de gobierno sólo es posible mediante la reasignación de partidas presupuestarias ya aprobadas.
Para el Gobierno, conseguir aire en la relación con las provincias era políticamente clave ante su recurrente dilema de los últimos tiempos: cómo realizar recortes presupuestarios que afectan a los asalariados sin agravar el conflicto social. Quizás por este motivo Jorge de la Rúa se encargó de resaltar en una de las conferencias de prensa realizadas luego del funcionamiento de las comisiones que �las partidas presupuestarias destinadas a cubrir las necesidades sociales eran una prioridad�.
La secretaria de Industria, Débora Giorgi, una de las voceras de los acuerdos obtenidos en las comisiones, relató que en el área de Industria, Comercio Exterior y Minería se acordó la participación de las provincias en las negociaciones internacionales, la elaboración de una estrategia común para la protección del mercado interno y la confección de programas de desarrollo regional del Mercosur orientados a la futura unión aduanera.
Los funcionarios que hicieron de voceros de las comisiones que funcionaron durante todo el día de ayer en Olivos dijeron que Fernando De la Rúa estuvo presente en el momento en que se realizaba la lectura de los acuerdos. �El Presidente estaba muy contento�, dijo a Página/12 un importante secretario de Estado. �Era importante llegar a consensos con las provincias.�
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