 Los imputados del �caso Tonietto� ya empezaron a dar explicaciones ante la Justicia. El ex funcionario del PAMI José Amorín prestó ayer declaración indagatoria en la causa sobre irregularidades en la recategorización de una clínica que pertenece a Juana Castagnola, hermana de la ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide y esposa del ex interventor Angel Tonietto. Amorín trató de despegar a Tonietto diciendo que �nunca me presionó para recategorizar� las clínicas de su esposa, pero aclaró que tenía con él �tremendas diferencias de opinión en cuanto a las políticas institucionales�. Hoy será indagado el cuñado de la ministra, acusado de tentativa de fraude y negociaciones incompatibles con la función pública.
Durante las tres horas que duró el interrogatorio del juez federal Gabriel Cavallo �del que participaron el fiscal Gerardo Di Masi y el abogado Adrián Tenca, defensor de Amorín� el ex funcionario admitió los hechos, según refirió a Página/12 una fuente judicial. Amorín reconoció que removió a las dos funcionarias �Patricia Halfón y Viviana Slatopolsky� que se opusieron a la recategorización porque �no eran competentes�, aunque aclaró que ellas pidieron ser trasladadas. Además defendió la validez de la recategorización. Y deslindó la responsabilidad final de la aprobación en el arquitecto Aldo Seta, aunque luego ante los periodistas lo calificó como un �hombre recto, católico ferviente, incapaz de cualquier acto que no se ajuste a la ley�.
Con respecto de la intervención de Tonietto, la versión que dio ayer difiere de la que aportó en la Oficina Anticorrupción. El 13 de abril aseguró allí que su antiguo jefe se interesó en dos oportunidades por el trámite y por eso él lo impulsó. �Temía que un dictamen adverso a la clínica de su esposa fuera interpretado como una represalia de mi parte�, se justificó Amorín.
Al retirarse de los tribunales, el ex funcionario aseguró que �aquí no hubo presiones de ningún tipo, ni irregularidades�, aunque admitió la posibilidad de que se hubieren cometido �errores� y los atribuyó a la �gran perversión administrativa para encubrir los actos de corrupción de la anterior administración� que encabezaba Víctor Alderete. �Yo nunca le pedí a nadie que recategorizara absolutamente nada, más bien todo lo contrario�, se defendió Amorín.
Este médico sanitarista era el gerente de Prestaciones Sociales de la obra social de los jubilados. Fue quien impulsó la elevación de categoría del Hogar Terapéutico Florida II, que no alcanzaba el nivel requerido para obtener el beneficio y cuyo trámite habría recibido un expeditivo tratamiento preferencial. El dictamen favorable finalmente llevó la firma de Seta, cuya indagatoria fue postergada por su delicado estado de salud. Cuando estalló el escándalo �a partir de la publicación de la revista Veintidós� Tonietto renunció a su cargo en el triunvirato interventor que compartía con Cecilia Felgueras y Horacio Rodríguez Larreta. El 10 de abril se presentó ante la Justicia para ser investigado y tratar de �salvar su prestigio�, como él mismo definió. Cavallo unificó esa autodenuncia con las acusaciones de la Oficina Anticorrupción (OA) y del diputado cavallista Franco Caviglia sobre los mismos hechos.
A mediados de marzo, Amorín renunció a su cargo en el PAMI. Ya había trabajado en la obra social durante la cuestionada gestión de Matilde Menéndez y se retiró cobrando una indemnización de 27 mil dólares que, según establece la ley, debió haber devuelto cuando volvió al PAMI, tras el cambio de gobierno. En sus tres meses de gestión tuvo a su cargo las negociaciones con los geriátricos y con los prestadores de servicios fúnebres.
El rápido avance del �caso Tonietto� generó algunas suspicacias en tribunales. Funcionarios judiciales que simpatizan con la Alianza comentaban ayer en voz baja que �sería el colmo� que el ex interventor termine preso antes que Víctor Alderete.
| Un juez a favor de la OA
El juez federal Gabriel Cavallo admitió a la Oficina Anticorrupción (OA), que conduce José Massoni, como querellante en una causa en que se investigan irregularidades en el PAMI. EL fiscal Eduardo Freiler había cuestionado la intervención de esa repartición, que depende del Ministerio de Justicia, por considerar que sus funciones se superponen con las del Ministerio Público. Por esa razón Freiler incluso había planteado la inconstitucionalidad de la ley de creación de la OA. El juez Cavallo, sin embargo, consideró que hasta ahora la DGI e incluso el Banco Central fueron admitidos como parte en otros expedientes �sin que en ningún momento se haya cuestionado quién resulta el legítimo detentador del ejercicio de la acción pública�. Al fiscal Freiler lo cuestionó porque, sostuvo, �muestra empeño en no recibir colaboración en el ejercicio de la acción pública�. La discusión sobre las facultades de la OA divide aguas en los tribunales federales. Cinco jueces rechazaron su facultad de querellar y cuatro la aceptaron. Ahora el tema está a estudio de la Cámara Federal. |
LEVANTAMIENTO DE LICENCIAS MEDICAS A LOS DOCENTES
Remedio peor que la enfermedad
Por Nora Veiras
�Tengo 26 años como docente. Hace seis entré en un cuadro depresivo motivado por anorexia. Estuve bien un tiempo, después empecé otra vez con problemas, el año pasado me dieron licencia, pero me hacían ir todas las semanas al Rawson con certificados para confirmar que estaba mal. Me hicieron sentir el peor ser humano del mundo. Un médico me repetía que era una carga para el Estado. Este año me dieron el alta y el 10 de abril me presenté a trabajar en cuarto grado. Acepté contenta, pero la sobreexigencia me lleva a ponerme nerviosa y no poder comer. Estoy mal, peso 39 kilos y no puedo tomar la medicación porque me falta peso corporal. No doy más�.
Liliana llora, no sabe qué hacer. No quiere ir otra vez a esa mole semiabandonada en que se convirtió el Rawson desde que los militares decidieron cerrarlo al mismo tiempo que estallaban los fuegos de artificio del Mundial �78. Su historia es una más entre las decenas de maestros, directivos y profesores a los que el servicio de Medicina del Trabajo del gobierno porteño decidió mandarlos de nuevo al aula. Sobre un total de 34 mil docentes, quedan 827 en las denominadas tareas pasivas. Fueron levantadas alrededor de 500, de las cuales 300 motivaron quejas y poco más de 70 entraron en la vía judicial a través de recursos de amparo presentados por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). El caso extremo es el de una vicedirectora con problemas depresivos que se suicidó al poco tiempo de haber dispuesto su regreso a la escuela. La familia presentó denuncias contra la obra social IMOS y la dirección de Medicina del Trabajo.
�Le damos la oportunidad de volver al trabajo�, leyó Fanny en el papelito que le entregaron en el Rawson y esas palabras se transformaron en obsesión. Tiene 55 años, es profesora de Educación Física, pero está cumpliendo tareas administrativas. �No me siento en condiciones de ir al patio, estoy operada de prolapso de vejiga, tengo problemas de tiroides, artrosis, reuma. Acumulo el desgaste de 35 años. Vivo recorriendo en mi mente todo lo que hice, pero me están mandando al patio y siento que no puedo hacerlo�, repite y no puede contener el llanto.
�¿Cuáles son los criterios que se aplican para determinar el cambio de funciones y que los docentes con problemas de salud vuelvan al aula? -.le preguntó Página/12 al director de Medicina del Trabajo del gobierno porteño, Daniel Ferranti.
�El criterio es el de la ciencia médica a mayor del 2000. En 1960, pacientes con infarto eran considerados inválidos; en este momento, por ejemplo, hay cirujanos que siguen operando a pesar de haber sufrido infartos. Esto pasa en un sinnúmero de profesiones: no se los discrimina más, siguen siendo útiles para sí mismos y la sociedad.
�Pero doctor, he hablado con docentes anoréxicos, con serios problemas cardíacos, de columna....
�Puntualmente no me puedo acordar de ninguno, está todo anotado en los legajos médicos.
En el caso del magisterio, el abuso de las licencias se traduce en tener que contratar suplentes para cubrir los cargos y, por ende en un mayor gasto. A punto tal el componente presupuestario pesa que, desde que la Ciudad de Buenos Aires es autónoma, la dirección de Medicina del Trabajo depende de la Secretaría de Hacienda. Los organigramas suelen desnudar la concepción de las políticas. Ferranti se desempeñó primero como interventor de esa dependencia y durante su gestión se presentaron denuncias judiciales contra un médico (doctor Contreras) que habría manejado una virtual red de �compra� de licencias para gente que, en realidad, estaba sana. El problema parece ser que se cayó en el otro extremo.
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