Por Fernando Cibeira
 El Gobierno anunciará el nuevo ajuste �probablemente mañana, o si no lunes� junto a algunas medidas a favor de la reactivación. Así lo resolvió el presidente Fernando de la Rúa en una reunión de gabinete a la que convocó anoche en forma sorpresiva. Ayer el ministro de Economía, José Luis Machinea, informó a sus compañeros de gabinete y a las autoridades del Congreso los recortes que tocarán a cada área. �Hubo una adhesión en términos globales sobre la medida�, explicó el secretario de Medios, Darío Lopérfido, en referencia al ajuste. �Cada ministro y secretario manifestó comprensión por la situación económica�, agregó.
La reunión arrancó con un pantallazo sobre la crítica posición económica del país, con copyright para Machinea. Como para dar marco a lo difícil de la situación, en el análisis entró también la suba de las tasas de interés dispuesta por la Reserva Federal norteamericana que podría afectar seriamente las expectativas de crecimiento trazadas para este año.
Luego los ministros explicaron los recortes que habían hecho en cada área y qué otras medidas tenían pendientes en el mismo sentido. También se analizó qué podía ser tocado sin afectar el funcionamiento del ministerio. Según uno de los participantes en la reunión, la posibilidad de un recorte en los sueldos de los empleados estatales fue discutido y quedó latente como una alternativa muy probable. Quienes más reparos pusieron a la poda fueron los legisladores. Estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual, el jefe del bloque de diputados, Darío Alessandro, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Horacio Pernasetti, y el presidente provisional del Senado, José Genoud.
Ellos y los ministros enrolados en el área política insistieron en que un paquete semejante no podía ser presentado solo, sino que tenían que ir acompañados de medidas a favor de la reactivación, cuestión de diluir el impacto. De la Rúa aceptó la sugerencia y Machinea enseguida delineó algunas de las iniciativas que podía presentarse mañana como propuestas de inversión para construcción de viviendas, algunas medidas para favorecer la reactivación industrial y hasta el reciente convenio comercial firmado con China.
Según explicó Lopérfido, el anuncio lo harán Machinea y el ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo, mañana o el lunes próximo.
Por otro lado, el Presidente confirmó que hoy presentará el �Plan Bicentenario� delineado por el jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno. El proyecto está conformado por un conjunto de medidas generales que apuntan a que los argentinos alcancen un ingresos similares a los que hoy muestran los países desarrollados, con un promedio de 25 mil dólares per cápita, mientras que el de Argentina no llega a 9 mil. El objetivo se cumpliría en el año 2010, cuando se cumplan 200 años de la Revolución de Mayo.
Una premisa repetida y en la que ayer insistió la ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide, es que la poda �no afectará las partidas del gasto social�. Es más, incluso volvió a aparecer la idea de crear un fondo de emergencia social para atender los casos más críticos en el interior del país, aunque quedó como propuesta a estudio.
Lopérfido ayer dio una señal de cómo presentará las medidas. �El saneamiento es una plataforma que conducirá a una etapa de desarrollo y aliento a las inversiones�, argumentó el vocero. �No se trata sólo de un recorte de gastos sino que estas medidas sientan las bases para las inversiones�, añadió.
Con todo, el ajuste sigue sin conformar a todos dentro de la Alianza. El senador Leopoldo Moreau y los diputados Alicia Castro y Enrique Martínez adelantaron que pedirán una reunión de los bloques con el gabinete para discutir antes el paquete �y no terminar enterándose por los diarios�. Por la tarde, un diputado frepasista ya había mostrado su preocupación. �Si bajamos los sueldos acá nos matan�, graficó la expectativa con la que se esperan las mediadas en el Parlamento. Incluso Pascual explicó que para reducir en 91 millones de pesos el presupuesto de la Cámara y volver a los niveles de gastos del �98 �como se lo pidieron los gobernadores justicialistas a De la Rúa� sería necesario despedir gente de algunas de las secciones accesorias como biblioteca e imprenta.
| Magistratura y presupuesto
En el primer balance que aprobó desde su creación en noviembre de 1998, el Consejo de la Magistratura advirtió sobre la �imposibilidad para cumplir con las funciones previstas en la Constitución si se aprueban en el Congreso los recortes efectuados� en el presupuesto del año 2000. El presupuesto original de 811.712.000 pesos solicitado para todo el Poder Judicial fue rebajado en casi 300 millones, dice esta primera memoria del órgano judicial que debe su existencia a la reforma constitucional del `94. El informe también cita los casos de cuatro jueces que fueron llevados a juicio político. Y justifica la demora en los concursos para cubrir cargos vacantes de jueces pero aclara que a fines del �99 ya se habían iniciado 25. |
EL GOBIERNO DUDA ENTRE LA CORTE Y UN DECRETO
Cómo bajar mejor los sueldos
Por Irina Hauser
El Gobierno aún analizaba anoche cuál es la vía jurídicamente más potable para reajustar el gasto público. Una opción sería lograr un recorte de los sueldos estatales con el respaldo de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. En la Casa Rosada tienen casi la certeza de que una mayoría del alto tribunal avalaría la rebaja salarial. La otra alternativa que estudiaban varios funcionarios sería aumentar los aportes previsionales de los empleados a través de un decreto de necesidad y urgencia. Ambas opciones afectarían al bolsillo de los trabajadores.
Entre los expedientes que la Corte tenía bien guardados, sin resolver, figuran pedidos de inconstitucionalidad de un decreto con el cual el ex presidente Carlos Menem podó los salarios del sector público en 1995 entre un 5 y un 15 por ciento. Aquella disposición había derivado en la presentación de cerca de 500 denuncias de empleados públicos. Tribunales de primera y segunda instancia cuestionaron la constitucionalidad de la norma. Sin embargo, para el gobierno éste podría ser el momento justo para que el máximo tribunal se expida, refrende la constitucionalidad del viejo decreto y, así, otorgue una base legal a una nueva reducción de haberes. La reunión de acuerdos está pautada para el martes pero podría atrasarse dos días.
Después de la visita de operadores gubernamentales, los ministros de la Corte le pidieron al procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, que dictaminara sobre el tema. El letrado, según pudo establecer este diario, se pronunciaría el lunes probablemente a favor del recorte. La mayoría de los integrantes del alto tribunal estarían dispuestos a fallar también en esa dirección. �Aunque hay fallos de instancias previas que declaran la inconstitucionalidad basándose en que el salario implica un derecho de propiedad adquirido, la Corte podría plantear que es una facultad del Estado modificar unilateralmente el monto de los contratos de empleo público. Hasta ahora el alto tribunal nunca se pronunció en un tema de este tipo�, explicó a Página/12 un experto que sigue el tema de cerca.
La posibilidad de elevar los aportes previsionales no estaba descartada en las discusiones de ayer. El Gobierno intentaba verificar a última hora si puede lograr esa disposición a través de un decreto, un camino mucho menos engorroso que la sanción de una ley.
Una resolución de la Corte favorable a las necesidades del gobierno de Fernando de la Rúa sería irritante para los trabajadores estatales pero contrarrestaría un aluvión de juicios. A su vez, conllevaría dilemas jurídicos importantes. Un decreto de necesidad y urgencia ayudaría a resolver el tema con prontitud, pero dejaría abierta una zona de riesgo para el Estado.
El manual para podar gastos
El gobierno nacional decidió tomarse cuando menos un día más para terminar de dar forma a la batería de medidas que lanzará, combinando un fuerte ajuste fiscal (reducción de 600 millones de pesos en el gasto de la administración nacional) con otras destinadas a mostrar un mayor esfuerzo en materia de proyectos orientados a las áreas de salud y empleo.
En el menú que el Ministerio de Economía elevó a la Presidencia de la Nación, se incluyen diversas alternativas:
 Eliminación de organismos estatales, fusión de áreas descentralizadas y de secretarías. La propuesta apunta principalmente a las empresas residuales que quedaron vigentes desde las privatizaciones, como entes liquidadores. Las cuestiones pendientes quedarían centralizadas en algún área estatal y el personal sería puesto en disponibilidad. Además, se busca que cada ministerio reduzca sus respectivas dependencias.
Un amplio programa de retiros voluntarios. El gobierno comprometería fondos corrientes para ofrecer planes de pago atractivos en cuanto al monto de indemnización y la cantidad de cuotas para su cancelación. La expectativa es lograr una reducción del plantel de estatales de 10 a 20 mil personas.
Desafectación de contratados. Actualmente hay 20 mil, muchos de los cuales se desempeñan desde antes de 1995. La medida abarcaría desde el personal administrativo hasta consultores y profesionales.
Postergación de obras públicas y de infraestructura. Los planes ya congelados en el segundo semestre de 1999, postergados nuevamente a principios de año hasta la segunda mitad del 2000, pasarán ahora al ejercicio 2001. La medida afectaría los programas de vivienda social, obras viales y de transporte fluvial, entre otras, a cargo del Estado, aun aquellas ya licitadas con desembolsos previstos para este año.
Desactivación de programas financiados por el Banco Mundial y el BID que requieren una contrapartida de fondos del gobierno nacional. Abarca planes sociales y de infraestructura. En el primer caso, los recortes serán selectivos.
Reestructuración del presupuesto de las distintas áreas del gobierno central.
Exhortación a los poderes Legislativo y Judicial a acompañar el esfuerzo, disponiendo recortes de partidas corrientes y postergación de gastos de capital.
Presentación de proyectos de Reforma Previsional y de Coparticipación Federal de Impuestos.
El recorte salarial es el tema más delicado y está siendo considerado, a nivel del gabinete nacional, como un capítulo aparte, tanto por su eventual costo político como por las dificultades para su implementación. Si el recorte no se realiza, la alternativa podría ser una reducción del 15 por ciento en los sueldos más altos.
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