Las principales figuras de la Alianza se ocuparon esta semana de disparar contra los gastos en asesores y en nombramientos políticos de los legisladores provinciales. Sin embargo, se olvidaron de las �cajas chicas� que todavía subsisten en el Estado nacional, manejadas discrecionalmente por ministros, secretarios y subsecretarios. Un ministro dispone de 19.600 pesos mensuales �235 mil al año� para repartir a voluntad entre sus colaboradores en concepto de �premios� o �extras�. Para un secretario de Estado dicha caja es de 14 mil pesos mensuales. Estos funcionarios, además, pueden nombrar asesores y secretarias de confianza de otra fuente de recursos públicos, como son los contratos, que se suman a los profesionales, técnicos y secretarias de planta que revistan en el Estado. La piñata, distribuida sin ningún criterio objetivo entre los que rodean a los funcionarios políticos, contiene más de 12 millones de pesos al año. Quienes desde hace tiempo conocen y padecen la dinámica del poder en las entrañas de la administración pública, cuentan las historias más insólitas del (des)manejo de las llamadas, en un críptico lenguaje tecnocrático, �unidades retributivas�. Cada �UR� tiene un valor �oficial, obviamente, no de mercado� de 2,80 pesos. 
Fueron creadas durante el menemismo como un fondo supuestamente destinado a �premiar la productividad y recompensar iniciativas o méritos relevantes que redunden en una mayor eficacia en el desempeño de las tareas asignadas�. Pero, junto con los contratos de organismos internacionales, se convirtieron en una de las más solicitadas �cajas blancas� para retribuir servicios de hombres de confianza de ministros, secretarios y subsecretarios. Más aún, según los expertos en administración pública, en lugar de funcionar como un régimen de incentivos dentro de la abúlica estructura estatal terminó siendo lo contrario: una fuente de injusticias y de desaliento para el personal de la línea, en general, testigo de los �premios� que reciben asesores o recién llegados al Estado. 
En el proyecto de Presupuesto 2000 que había presentado Roque Fernández al Congreso en septiembre último, se proponía la eliminación de las mencionadas unidades. Pero la Alianza las restableció, aunque en enero de este año el jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, dictó una decisión administrativa, ordenando el recorte de las partidas de UR: en un 10 por ciento para los ministros, en un 13,5 por ciento para el caso de los secretarios, y casi en un 25 por ciento para los subsecretarios. 
Aún así, sería ridículo que a la luz del doloroso ajuste �con rebaja salarial incluida� que presentó el Ministerio de Economía al presidente De la Rúa no fueran tocadas estas cajas, todavía generosas como los demuestran las siguientes cifras:
  Cada ministro dispone de 19.600 pesos mensuales para repartir entre sus colaboradores, que además pueden ser nombrados o retribuidos mediante contratos. Traducido a planes Trabajar (160 pesos mensuales), cada ministro podría financiar por años 122 subsidios para personas desocupadas. O, de otro modo, puede nombrar 20 asesores con un sueldo nada despreciable de mil pesos cada uno.
  Un secretario de Estado maneja 14.000 pesos mensuales en UR, unos 168.000 pesos al año.
  Un subsecretario, 8400 pesos mensuales. Esto es: 100.800 pesos al año. El ministerio más favorecido es Economía, donde la bolsa de recompensas distribuye casi 2 millones al año de premios, un monto muy similar al de Presidencia. En cambio, el área más modesta es Educación, donde el pozo apenas supera los 500 mil pesos.

Claves:   Preocupados por los gastos de los legisladores provinciales, en el gobierno nacional se olvidaron de las �cajas� de ministros, secretarios y subsecretarios.   Un ministro reparte entre sus colaboradores, sin ningún criterio objetivo, casi 20 mil pesos mensuales. Con esos fondos podría pagar 122 subsidios Trabajar para desocupados o designar 20 asesores de mil pesos cada uno.   Un secretario dispone de 14.000 pesos mensuales y un subsecretario de 8400.   Esta bolsa de premios distribuye más de 12 millones de pesos al año.

RECORTE DE GASTOS EN EL CONGRESO
Tijeras por la biblioteca

Si prospera un acuerdo para retrotraer el presupuesto del Congreso nacional a los niveles de 1998 el ajuste de gastos sería de 91,7 millones de pesos. De acuerdo con el titular de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual, este recorte llegaría hasta los empleados de la biblioteca y la imprenta del organismo, entre otras dependencias.
Según el Ministerio de Economía, entre el Presupuesto de 1998 y el del 2000, se produjo un aumento de gastos del 22,57 por ciento. La información oficial indica que dos años atrás las dos cámaras del Parlamento insumían 406,3 millones de pesos; pasando a 423,3, en 1999, y a 498 en el Presupuesto 2000.
El titular de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual, declaró ayer que �por supuesto que habrá una reducción del personal de la Biblioteca del Congreso�, una planta con más de 800 empleados. Pero también agregó que se recortarán gastos de todo tipo: �rematamos autos que no funcionaban, recortamos pasajes de avión y terrestres para terceros, suprimimos los diarios, restringimos el uso de correo�. Previamente también se habían �prohibido los viajes al exterior, suprimido celulares y devuelto autos cero kilómetro�, explicó el legislador.
El recorte en los gastos del Congreso había sido demandado por los gobernadores en la reunión que el martes pasado mantuvieron con el Presidente.

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