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Recortarán más de la mitad los
 fondos para financiar a los partidos políticos

Una monedita por el amor de Machinea

El recorte será en el Fondo Partidario
Permanente. De 17 millones sólo quedarán ocho. Así lo anunció Mario Vicens a Interior.

De los 17 millones que Interior manejaba para financiar a los partidos, sólo le quedarán ocho. Los políticos, más pobres que nunca.


Por José Natanson

t.gif (862 bytes) Las tijeras de José Luis Machinea llegarán a los partidos políticos. El secretario de Hacienda, Mario Vicens, le anunció al Ministerio del Interior que el nuevo recorte alcanzará a más de la mitad de los recursos del Fondo Partidario Permanente. La medida no sólo reduce de 17 a sólo 8 millones el dinero destinado a los gastos operativos de las agrupaciones políticas. También abre un debate sobre la conveniencia del aporte estatal a los partidos que, según la Constitución, son �instituciones fundamentales del sistema democrático�. 
Dos semanas atrás, y apenas un día después del estallido social en Salta, Machinea sorprendió con el anuncio de un nuevo ajuste del gasto público de 600 millones de pesos. No dio precisiones, pero aseguró que el recorte decidido para cumplir con las metas del FMI incluiría la eliminación de reparticiones, despidos de empleados contratados y suspensión de organismos. 
Luego, los equipos de Economía comenzaron a realizar el trabajo fino, repasando área por área y conversando con los técnicos de los diferentes organismos sobre los posibles recortes.
La reunión con los funcionarios de Interior se desarrolló la semana pasada en el despacho del secretario de Hacienda. Allí, Vicens adelantó que, entre otros puntos, se eliminarán 9 de los 17 millones de pesos del Fondo Partidario Permanente. 
La reducción es notable: durante los últimos años de menemismo, el Fondo manejó 21 millones. La Alianza lo restringió a 17 en el primer ajuste de la administración pública. Y, con el nuevo recorte, planea llevarlo a 8 millones de pesos anuales.
El Fondo Partidario Permanente es una de las dos vías de financiamiento público de la política (ver aparte). No está destinado a sostener las campañas sino la actividad ordinaria de los partidos: viajes de los dirigentes, congresos, mantenimiento de los locales y pago de servicios como luz y teléfono. Se deposita todos los meses en la cuenta de cada agrupación y se calcula promediando el número de afiliados, los votos obtenidos en la última elección y la cantidad de legisladores. 
Es, en resumen, la única fuente de recursos públicos con los que los partidos sostienen sus gastos operativos, que deberán disminuir o financiar de otra manera cuando comience a aplicarse el nuevo recorte diseñado por Economía. 
Los más inquietos son, lógicamente, los funcionarios del Ministerio del Interior. Cerca de Storani admiten que el nuevo recorte complicará aún más la relación entre el Gobierno y el resto de los partidos, incluyendo a los integrantes la Alianza. �Con este nuevo ajuste se van a poner muy difíciles. Ya están muy enojados con los recortes en el Congreso�, señaló a Página/12 un funcionario de esa cartera. 
Preocupados, los hombres de Interior intentaron convencer a Economía sobre la inconveniencia de la poda. Hubo dos reuniones en la que los técnicos de Storani le pidieron a Vicens que revea la medida. Sin embargo, el representante de Machinea se mantuvo firme. �Yo entiendo lo que ustedes dicen. Pero tenemos una imposibilidad real�, respondió.
Desde otra perspectiva, la medida podría contribuir a alimentar la creciente interna del gabinete delarruista. Frente a las tijeras de Economía, los funcionarios políticos vienen planteando la necesidad de que la Alianza impulse más políticas activas y de contención social. Aunque son varios ministros los que coinciden en esta postura, el que más la ha defendido es Federico Storani. 
Obligado a asumir la responsabilidad de todas las represiones que ordena, Storani es el encargado del diálogo con la oposición. Recibe todos los días los llamados de los dirigentes que piden recursos, y es el que cargará con el mayor costo político por el recorte al Fondo Partidario Permanente. Más allá de cualquier interna, lo cierto es que la disminución de los aportes es contradictoria con la opinión de la mayor parte los dirigentes políticos. La mayoría coincide en que el financiamiento estatal es una fuente genuina para sostener la actividad de los partidos y que contribuye a disminuir las sospechas que generan los aportes privados (ver aparte). Con matices, Chacho Alvarez y Storani han defendido esta teoría en el marco de su propuesta de Reforma Política. 
Sin embargo, el financiamiento de las agrupaciones �al igual que la duración de las campañas y la regulación de las internas� es un tema que aguarda una ley marco que el Congreso todavía no sancionó. Todo esto a pesar de que en 1994 se incorporó a la Constitución un artículo �el 38º� destinado a los partidos políticos. 
Allí se establece que las agrupaciones �son instituciones fundamentales del sistema democrático�, que �deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos� y que �el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y a la capacitación de sus dirigentes�.

 


 

PROYECTOS PARA TRANSPARENTAR EL FINANCIAMIENTO DE LA POLITICA
Todos con el Estado como aportante principal

Por Felipe Yapur

En el Senado de la Nación existen siete proyectos de reforma del sistema de financiamiento político. Todos hacen hincapié en el control de los recursos y la duración de las campañas, pero fundamentalmente coinciden en que debe ser el Estado la principal fuente de financiamiento de los partidos políticos �y sus campañas electorales� en base a lo que prevé la Constitución nacional en su artículo 38. Estos proyectos contemplan además la implementación de mecanismos que transparenten los aportes de particulares y empresas privadas. Hasta el momento, los proyectos presentados pertenecen a los justicialistas Carlos Corach y Augusto Alasino, los aliancistas Leopoldo Moreau, Raúl Galván, Javier Meneghini y Luis Molinari Romero, y el correntino José Antonio Romero Feris. A continuación los puntos más sobresalientes de las propuestas que entraron a la Cámara alta.
Rol del Estado:
  El aporte del Estado estará destinado al financiamiento de las campañas electorales generales, elecciones internas, capacitación y formación de dirigentes y vida institucional. (Todos los proyectos)
Definición de financiamiento público y privado:
  Financiamiento privado: los aportes de afiliados, las donaciones de terceros, y los recursos generados por el partido. El público corresponde a los que hace el Estado. (Romero Feris)
Financiamiento de las campañas electorales:
  Un peso por cada voto en los últimos comicios. (Meneghini-Romero Feris)
  El Estado contribuirá con un aporte anual. El 30 por ciento en forma igualitaria para todos los partidos. El 70 por ciento en forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección. (Molinari Romero)
  Se destinarán dos pesos por votos. Cuarenta centavos corresponderán por cada voto para elecciones nacionales; 1,56 pesos por cada voto provincial, y $ 0,04 por cada voto municipal. (Alasino)
Duración de la campaña:
  45 días de elecciones generales. (Corach-Romero Feris)
  Sesenta días de campaña hasta 48 horas antes de los comicios. (Moreau)
Recursos económicos de los partidos:
  No podrán aceptar o recibir directa o indirectamente contribuciones o donaciones anónimas ni se podrán imponer la no divulgación del contribuyente. (Molinari Romero)
  Los recursos provendrán de los aportes que destine el presupuesto nacional y los aportes privados serán destinados al Fondo Partidario Público, entidad administrada por el Ejecutivo Nacional. (Corach)
  Régimen mixto de aportes públicos y privados. (Moreau, Galván, Alasino y Romero Feris)
Limitaciones a los gastos de campaña:
  Los gastos no podrán ser superiores a tres veces el monto de los aportes públicos que reciba el candidato. (Meneghini)
  Se podrán realizar gastos por una suma máxima que en ningún caso supere un peso por cada elector empadronado para votar. (Galván)
Difusión:
  El Estado nacional pondrá a disposición espacios gratuitos en medios de difusión que estén a su alcance. (Moreau-Alasino).


Los canales de la plata

El Fondo Partidario Permanente, creado para sostener la actividad ordinaria de las agrupaciones, es una de las dos vías de financiamiento estatal de la actividad política. La otra es un fondo especial que se ejecuta cada dos años, se calcula de acuerdo a la cantidad de votos y que tiene como objetivo sostener las campañas electorales. El Ministerio del Interior lo deposita un mes antes de cada elección en la cuenta de cada partido. De acuerdo con una ley sancionada durante la gestión de Raúl Alfonsín, a cada agrupación le corresponden 50 centavos de austral por voto. Desde luego, la cifra se actualizó con el tiempo. El año pasado, antes de las elecciones presidenciales de octubre, el Congreso aprobó por unanimidad un presupuesto de 53 millones de pesos, es decir de tres pesos por voto. Carlos Menem vetó la ley para reducir el aporte a un peso por sufragio, lo que generó críticas coincidentes del PJ y la Alianza. De todos modos, como este año no hay elecciones nacionales, el Ministerio de Economía recién deberá estudiar el tema el año que viene.

 

 

opinion
Por Carlos V. Corach*

La política como servicio público

Otra vez, el financiamiento de la actividad política se ha instalado en el centro del debate público. Para algunos se trata de cómo garantizar el �botín� de los políticos. Para otros se trata de un renglón más, dentro del capítulo de los gastos �improductivos� que hay que recortar a la hora de cerrar las pesadas cuentas del déficit fiscal.
Para la Constitución de 1994 �el primer texto constitucional aprobado por el consenso de todo el espectro político� se trata de una obligación del Estado nacional financiar la actividad de los partidos políticos porque se reconoce a esas organizaciones como el único vínculo necesario entre la sociedad civil y el poder político.
Más allá de las definiciones que cada uno crea más conveniente parece que ha llegado la hora de que los argentinos nos permitamos debatir qué calidad de democracia queremos. Porque el financiamiento de la actividad política es una decisión central para definir cuál va a ser la consistencia y la sustancia del sistema político que decidimos que nos gobierne. Ninguno mejor que los protagonistas del gobierno que terminó en 1999 para testimoniar las penurias de gobernar en medio del ajuste perpetuo. Pero esa necesidad fiscal no puede hacernos perder de vista el hecho de que en la sociedad en que vivimos, los espacios de poder que no ocupa el sistema político de la democracia, necesariamente son aprovechados por aquellos que transforman su propio poder económico en poder político y sus intereses particulares en razón de Estado.
Ahora mismo, en el Congreso hemos comenzado a debatir una ley de financiamiento de los partidos políticos. El Ministerio del Interior está desarrollando una magnífica tarea a la hora de privilegiar las coincidencias por sobre los desencuentros. Por primera vez en mucho tiempo el consenso entre los partidos y coaliciones con representación parlamentaria es mucho más importante que el disenso generalmente originado en las necesidades pequeñas de las capillas políticas. Esta es la oportunidad de crear un sólido acuerdo parlamentario para fijar criterios claros de modo tal de asegurar que el financiamiento de la política no será una oportunidad para que los partidos, en lugar de ser el canal natural de comunicación entre el poder político y la sociedad civil, se transformen en rehenes de las decisiones de los dueños del dinero.
Nadie duda de que esos criterios claros deben asegurar también los controles indudables que transformen a la transparencia en la norma y no en la excepción.
Las herramientas a usar pueden ser diversas y en la esencia del consenso existe la posibilidad de moderar las posiciones propias para lograr acuerdos globales. Lo importante no es tanto tener razón como generar la �masa crítica� de poder necesaria para evitar que la sociedad civil sea proscripta en los hechos de su capacidad de ejercer y controlar el poder político ante la abrumadora capacidad de decisión de la concentración económica, sencillamente porque los prejuicios le ganaron a los argumentos en esta discusión que ya se vislumbra.
* Senador nacional del PJ.

 

 

opinion
Por Nilda Garré*

Partidos más austeros

Soy partidaria del financiamiento estatal de los partidos para diferenciar bien la política de cualquier otro interés menos transparente. Sin embargo, en estos momentos en los que vivimos una situación complicada, creo que hay que priorizar el mantenimiento de fondos para las políticas sociales y los fines productivos antes que los destinados a fines proselitistas. Que habría que acortar las campañas. Ante la necesidad de llevar a cabo un ajuste, no creo que porque se reduzcan los fondos para los partidos se vaya a paralizar la actividad política. Lo que realmente preocupa es hasta dónde llega la tijera en temas como el fomento de empleo y del sector productivo. Ante esta emergencia los partidos bien pueden ser más austeros. Por otra parte opino que vendría muy bien recortar los gastos y los tiempos de campaña a la mitad de lo que insumen en cada elección. 
* Diputada del Frepaso.

 

 

opinion
Por Leopoldo Moreau*

El mismo esfuerzo para todos

El recorte planificado para el Fondo Partidario Permanente no es una solución de fondo. Lo pueden dejar en cero. Si esa medida sirve, bienvenida sea. Lo que realmente preocupa cuando se toma este tipo de determinaciones es si todos concurrimos con el mismo esfuerzo.
A mí no me afecta un recorte de este tipo si en el esfuerzo participan los sectores concentrados de la economía. Si no se tratará simplemente de una medida simbólica. Y cada uno cargará en sus espaldas si una medida de este tipo termina afectando el funcionamiento democrático. 
En lo personal no aspiro a que los partidos terminen buscando aportes privados. Estos tienen que tener autonomía y libertad de acción, regirse por un sistema transparente porque eso forma parte del carácter de un país desarrollado o en vías de desarrollo. 
Insisto: la medida tiene que integrar un paquete porque si no así también se podría cerrar el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Uno, de hecho, puede cerrar el INTA. Ya que estamos, el Gobierno así podría ahorrarse unos pesitos más. Pero hay que analizar las consecuencias de una medida de ese tenor. Seguramente en cinco años el país perderá competitividad en el mercado. Y sólo tendrán ingenieros agrónomos aquellos que disponen de dinero y muchas hectáreas. Con el recorte de los fondos para los partidos también hay que analizar las consecuencias.
* Presidente del Comité Provincia de Buenos Aires de la UCR. Senador nacional.

 

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