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 �Dado que el lanzamiento de cadáveres al Río de la Plata causa problemas a Uruguay, como la aparición de cuerpos mutilados en las playas, están siendo utilizados hornos crematorios de hospitales estatales para la incineración de subversivos abatidos.� La contundente frase consta en un informe elaborado por la Fuerza Aérea de Brasil en 1977. Es la primera confirmación escrita de los �Vuelos de la Muerte�. Además, agrega detalles no conocidos sobre el uso de hospitales públicos para cremar cadáveres. El papel lleva por nombre �Evolución de la Lucha Antisubversiva en Argentina -Período de enero a mayo de 1977� y fue recuperado por el diario Folha de San Pablo de un archivo público brasileño. Hasta ahora, la siniestra metodología usada por los militares para deshacerse de los cuerpos de los desaparecidos era conocida por testimonios de �arrepentidos�, como el ex marino Alfredo Scilingo y el ex sargento Víctor Ibáñez. El informe confidencial número 013/A-2 del tercer COMAR (Comando Aéreo Regional) de la aeronáutica brasileña es la confirmación escrita de ese horror. El documento encontrado en un archivo del estado de Río de Janeiro abunda en detalles sobre las desapariciones en Argentina. �La prensa publica que, entre el 1 de enero y el 31 de mayo (de 1977) fueron abatidos 325 subversivos, número mucho menor del real pues, solamente en enfrentamientos, entre el 24 y el 29 de mayo más de cien subversivos fueron muertos, siendo publicados apenas 32�, se consignó en el informe. Además de las precisiones, varias palabras escritas en �portuñol� indicarían que la información fue recibida por los militares brasileños de sus pares argentinos. El texto comienza anunciando: �Esta agencia tomó conocimiento y difunde el siguiente informe�. Aunque se trate de un documento específico sobre crímenes perpetrados en Argentina por represores argentinos, no deja de revalidar la existencia de coordinación entre las dictaduras del Cono Sur en el llamado Plan Cóndor. En el escrito consta además que �fueron abatidos� el líder de la Juventud Universitaria Peronista José Pablo Ventura y la responsable sindical de la columna sur de Montoneros, Norma Inés Cerrota. La aparición de este papel forma parte de la repercusión que tuvo en Brasil la solicitud de información que hizo el juez federal Claudio Bonadío sobre las desapariciones de los argentinos Mónica Susana Pinus de Binstock, Lorenzo Ismael Viñas y Horacio Domingo Campiglia, ocurridas en ese país e principio de 1980. A partir de este pedido se reclamó la apertura de los archivos de las Fuerzas Armadas brasileñas y se destapó la participación de ese país en el Plan Cóndor, que había permanecido velada. El gobierno de Fernando Henrique Cardoso anunció que indemnizará a los familiares de esos ciudadanos argentinos con una suma equivalente a 70 mil dólares. �Hemos tomado esa decisión porque existen registros de su entrada al país, pero no hay nada sobre su salida. No me cabe la menor duda de que desaparecieron en territorio brasileño�, dijo el ministro de Justicia brasileño, José Gregori. Para poder pagar estas reparaciones, el gobierno deberá alterar la ley que prevé las indemnizaciones a víctimas de la dictadura militar, que actualmente permite el pago de compensaciones a los familiares de víctimas muertas o desaparecidas hasta el 15 de agosto de 1979, fecha de promulgación de la ley de amnistía. La intención de Gregori es que se amplíe el plazo hasta el 15 de marzo de 1985, fecha del final de la dictadura militar, con lo cual se indemnizaría a unas 40 familias de los muertos o desaparecidos entre 1979 y 1985. Claudia Allegrini, viuda de Lorenzo Viñas, aclaró desde Brasil �donde viajó invitada por el gobierno de ese país� que la familia no buscaba �la indemnización� pero consideró que se trata de �un derecho que nos corresponde para que se pueda demostrar, con toda la documentación, que existió un plan integral�.
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