Por Adriana Meyer
 Las máximas autoridades de LAPA y parte de la anterior cúpula de la Fuerza Aérea son las treinta personas imputadas por la Justicia como responsables de la máxima tragedia en la historia de la aviación civil argentina: el caso del avión de LAPA que se estrelló en la Costanera el 31 de agosto y provocó 67 muertes, cuando intentaba despegar rumbo a Córdoba. A partir del 6 de junio pasarán por el juzgado federal de Gustavo Literas el presidente de la compañía, Gustavo Andrés Deutsch �cuya empresa fue embargada en 60 millones de pesos� y el ex jefe del Comando de Regiones Aéreas Enrique Dutra, entre otros. �El desfile de todos los imputados juntos es una señal de que el sistema falló y hay que cambiarlo�, interpretó ante Página/12 uno de los principales investigadores del caso. Y agregó que �se confirmó nuestra hipótesis inicial: si los pilotos cometieron errores gravísimos en una actitud casi suicida, ahora cabe preguntarse qué hacían ahí sentados�.
Los doce integrantes del directorio de LAPA fueron embargados hasta llegar a 60 millones. Hasta anoche, el juez ya había incautado dos aviones 737 y un Airbus de la empresa, pero recién mañana se sabrá si cubren la suma fijada. Cinco gerentes y ex gerentes fueron embargados en 200 mil pesos y cuatro instructores de vuelo en 150 mil, mientras que los nueve miembros de la Fuerza Aérea imputados deben reunir 50 mil pesos. Ese dinero fue fijado en base a las responsabilidades civiles frente a los damnificados por el accidente y para cubrir las costas del juicio. En el juzgado desmintieron que el ex jefe de la Fuerza Aérea Rubén Montenegro figure entre los futuros indagados que declararán hasta el 18 de julio. Los convocados están acusados de haber cometido delitos contra la seguridad pública que causaron las muertes (ver aparte).
Literas llegó a esta conclusión después de analizar en profundidad los cientos de testimonios, documentos e informes técnicos que hay en los 54 cuerpos del expediente. Sus fundamentos apuntan al sistema de aeronavegación en Argentina, ante la evidencia de que hay graves fallas en las estructuras de control, y no se conforma con la hipótesis del error humano de los pilotos, tal como adelantó este diario en diciembre. �Las cuatro hipótesis que había señalado Página/12 dos días después del accidente conforman la idea de que acá no sólo fallaron (los pilotos) Gustavo Weigel y Luis Etcheverry�, apuntó uno de los principales investigadores del caso. �No se trata de un inspector inepto o mal intencionado sino de un sistema perverso y laxo�, agregó.
La investigación puso en evidencia la falta de una política de recursos humanos en LAPA. �Debió existir mayor pericia y exigencia en los exámenes a los pilotos. Detectamos negligencia y flexibilidad�, explicó a Página/12 una alta fuente judicial. Ninguna de las inspecciones de la Fuerza Aérea que pasó Weigel �que murió en el accidente� sirvieron para detectar su comprobado rendimiento anormal. �Es inadmisible que sigan haciendo los mismos exámenes psicofísicos que me hicieron a mí cuando pasé por la colimba�, se indignó un experimentado funcionario que peina algunas canas.
Azafatas de LAPA y dirigentes gremiales aseguran que los aviones de la empresa vuelan sin las condiciones mínimas de seguridad. Ayer, uno de los investigadores arriesgó que los aviadores fallecidos en el vuelo 3142 �eran de los menos capaces de la empresa�. Weigel tuvo un desempeño irregular en sus evaluaciones, a lo que se sumó la inexperiencia del copiloto. Si bien es normal que haya conversaciones intrascendentes y personales en la cabina, las charlas que registró la caja negra son demasiado triviales e indican un alto grado de distracción de los comandantes, incluso cuando ya había empezado el carreteo en la pista.
Los investigadores no encontraron ningún elemento que acredite la presencia de una tercera persona en la cabina, como sospechaban al inicio del caso, y aseguran que la aeronave no tuvo ninguna falla mecánica. �No se comprobó ningún desperfecto en la turbina, como se dijo en un principio�, afirmó la fuente consultada. Aunque las conclusiones indicanque LAPA no invierte lo suficiente en el mantenimiento de sus aeronaves, esto no habría sido determinante en el accidente. La desgrabación de las 25 horas anteriores al fallido despegue no registró ninguna falla técnica del 737-200. El análisis jurídico contable de los centenares de legajos secuestrados en LAPA concluyó que la empresa priorizó la inversión en publicidad, mientras que descuidó la capacitación de los pilotos.
Hace un par de años en Canadá hubo un accidente de similares características al del Aeroparque y la investigación del juez Virgil Moshansky cambió las pautas de aeronavegabilidad y seguridad aeroportuaria en ese país. Ayer en tribunales especulaban esperanzados con que la tragedia tenga �el único efecto positivo de que algo cambie también acá�.
| La sombra de la prisión
Deutsch, Dutra y los demás imputados podrían terminar tras las rejas, según el enfoque de un sector de los investigadores del caso LAPA. Si bien en el entorno de Literas opinan que es prematuro afirmarlo, no descartan que pueda ocurrir en el futuro. �Con este accidente quedó demostrado que el sistema de aeronavegación pone en peligro la vida de la gente, de tal modo, si alguien tiene que ir preso que así sea�, sentenció el ala dura del equipo judicial. Esta se inclina por acusar a los imputados de �estrago doloso�, que tiene una pena de 10 a 25 años, y por lo tanto no es excarcelable. El juez podría finalmente acusarlos de �estrago culposo� que es reprimido con 1 a 5 años, pero podría ser �de cumplimiento efectivo�, con lo cual el destino en la cárcel sería inevitable para empresarios y aviadores. Ni el fiscal ni el juez se pronunciaron aún sobre la calificación legal y es probable que recién lo hagan cuando resuelvan la situación procesal de los 30 acusados, aunque Literas se vería forzado a tomar una decisión al respecto si los defensores piden la eximición de prisión de sus clientes. |
JUECES Y FISCALES DE SAN ISIDRO
A la Corte con la pelea
La batalla entre jueces y fiscales de San Isidro llegó a la Suprema Corte de la provincia. El máximo tribunal investigará la pelea que en sus picos de tensión llegó virtualmente a paralizar la Justicia de ese distrito. El caso llegó a la Corte a pedido del procurador general, Eduardo de la Cruz, que en un inusual dictamen les dio un tirón de orejas a unos y otros. �Se evidencia un exagerado enfrentamiento a través de acusaciones recíprocas que traslucen cuestiones de inquina personal, ajenas a lo institucional, pero con obvia repercusión en este ámbito�, criticó el procurador.
Aunque la cuestión de fondo es una disputa de poder, desatada con la implementación del nuevo Código procesal, la guerra se hizo pública por una aparente nimiedad: una pela por el valor de las fotocopias de las causas. Los fiscales se negaban a entregar a los jueces los originales y éstos se negaban a recibir los duplicados. El tema fue tomado por la Cámara, cuya Sala I se expidió a favor de los jueces y mandó a investigar a siete fiscales, para quienes pidió un jury de enjuiciamiento. Ahora, De la Cruz desestimó ese pedido, pero le pidió a la Corte que interviniera para dar fin al conflicto de fondo. Las disidencias �encubren disputas de poder y aun cuestiones personales y no las naturales discrepancias interpretativas sobre la normativa en vigencia�, sostuvo en el pronunciamiento. Y les atribuyó responsabilidad en los conflictos �a los jueces Marcela De Langhe y Diego Barroetaveña y a los fiscales Fabiana Cotelo, Eduardo Vaiani, Lino Mirabelli, Oscar Márquez, Federico Schumacher y Fabián Brahim�. También mencionó a los integrantes de la Sala I de la Cámara Penal �Fernando Maroto, Juan Carlos Fugaretta y Roberto Borserini- y al fiscal general, Julio Novo.
�Actitudes irreductibles, llevadas en algunos casos hasta el límite del escándalo, y aun del grotesco en polémicas o declaraciones mediáticas han obligado a ejercer la potestad disciplinaria en distintas oportunidades�, precisó De la Cruz y puntualizó que las divergencias de criterios entre jueces y fiscales �que deben encausarse por las vías institucionales, se descarrilan allí, ex profeso, como si se tratara de peticionantes exógenos al Poder Judicial y no de integrantes del mismo�. Y terminó por pedir que �depongan actitudes que empañan el ejercicio adecuado de los conflictos que, como integrantes del Poder Judicial, están llamados a dilucidar�.
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