 No sólo el recorte de salarios del sector público provocará la reacción de los sindicatos. Una de las medidas de mayor trascendencia que el Ejecutivo lanzará, dentro del megapaquete que está próximo a anunciar, es el régimen de apertura a la competencia privada por el universo de afiliados a las obras sociales y un sistema de regulación (curiosamente denominado �desregulación�) de dichas entidades, a través de una serie de parámetros o indicadores que deberán cumplir para ser consideradas �viables�. Si no alcanzan ese estatus, la recomendación será la fusión con otras obras sociales, la asociación en consorcios o, directamente, su desaparición. También se avanzará en el proyecto de ley que regulará el funcionamiento de las empresas prepagas que pretendan absorber afiliados del sistema de salud sindical.
El propósito anunciado por el Gobierno es poner en marcha a partir del próximo 1º de enero el régimen de competencia. Los afiliados podrán pedir la transferencia de sus aportes a una prepaga, pero el proyecto contemplará que parte de ese aporte se destine al Fondo de Redistribución que administra la Superintendencia de Salud, conducida por Rubén Cano. Actualmente, el 10 por ciento de los aportes a las obras sociales (del trabajador y el empleador) tiene ese mismo destino. La intención explicitada por Pablo Gerchunoff, jefe de asesores del Ministerio de Economía, es llevar esa retención al 30 por ciento en el caso de los trabajadores que opten por un prestador privado.
Dicho fondo recauda, anualmente, unos 360 millones de pesos. Su destino es reintegrar a las obras sociales por las prestaciones de alta complejidad y por los tratamientos de adicciones (drogadicción, alcoholismo) y de alto riesgo (oncológicos, sida). Pero, además, con dichos fondos se pueden cubrir emergencias económicas u obras de infraestructura de las obras sociales. Estas últimas aplicaciones son de carácter discrecional y suelen estar rodeadas de sospechas sobre cierto �favoritismo político� en su reparto. Otro cuestionamiento al manejo del fondo de redistribución es que los �atrasos� en la liquidación de los reintegros tampoco suelen ser parejos para todos. Actualmente, el Fondo acumula deudas que, en el caso de algunas obras sociales, representa más de cinco meses de recaudación de aportes.
Gerchunoff mencionó que, con el aporte adicional de los afiliados que se traspasen a un prestador privado, podría alcanzarse una recaudación superior a los 500 millones de pesos mensuales, cuya distribución dotaría al sistema de salud sindical de condiciones solidarias que hoy no posee. Pero ello requeriría dotar al organismo regulador de una transparencia que actualmente no logra exhibir.
Las prepagas receptoras de ex afiliados de obras sociales estarán obligadas a prestar un servicio idéntico al que brindan a sus clientes directos. Deberán cumplir, además, con parámetros de solvencia económica y prestacionales para ingresar en el sistema. Parte de estos propósitos están plasmados en un proyecto ya votado en el Senado (presentado por el justicialismo) y que ahora se agilizará en Diputados.
Por su parte, las obras sociales deberán rendir examen frente a 20 indicadores o exigencias mínimas (económico-financieras, estructurales y prestacionales) para ser consideradas �viables�. Dichas exigencias, además, podrían elevarse con una ampliación del Plan Médico Obligatorio, el �piso� de servicios que las obras sociales están obligadas a prestar. El régimen ya tiene forma, en una resolución que comenzará a ser aplicada de inmediato. El propósito es �operar� sobre las obras sociales con problemas para empujarlas a su fusión o asociación con otras más fuertes. A mediano plazo, la intención es reducir el número de entidades de las 271 actuales a menos de un centenar.
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Opinion
Por Horacio Verbitsky |
| El árbol envenenado
Ni Carlos Menem se animó a reunir a todos los jueces federales en Olivos para exponerles a qué lineamientos deberían ceñir el ejercicio de su magistratura, como hizo esta semana Fernando De la Rúa. La inaudita concepción presidencial sobre la independencia de los poderes, se complementó con su diatriba contra la doctrina estadounidense del fruto del árbol envenenado, incorporada a la jurisprudencia argentina al concluir la dictadura militar. La regla de exclusión afirma que no vale una prueba adquirida con métodos ilegales; la del fruto del árbol envenenado agrega que tampoco pueden considerarse aquellas derivadas de la primera. Al establecerla en el caso Monticelli, de 1984, la Cámara Federal sostuvo que el país había vivido en �un clima irrespetuoso� de los límites constitucionales a la investigación penal, y que éstos debían fijarse con claridad para que la policía encausara �su accionar por los carriles de la legalidad�. Así se retornaría �al imperio de los derechos y garantías consagrados en la Constitución�. El autor de ese voto fue Ricardo Gil Lavedra, el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien incluyó una cita del jurista estadounidense James Oakes, para quien el respeto por la legalidad en la obtención de la evidencia es lo que diferencia a un Estado de un Estado-opresor. Tres lustros más tarde, Gil Lavedra debió oír en silencio la exhortación presidencial a los jueces para que lo pensaran dos veces antes de declarar la nulidad de una causa por drogas.
El magistrado que mayores coincidencias hubiera podido expresar con la recomendación presidencial no asistió al encuentro. Se llama Hernán Bernasconi, fue destituido por el Senado, está preso y debe responder a los cargos por la obtención de pruebas por medios ilegales. Como preguntó el juez Gabriel Cavallo al procesar a los
14 policías que reprimieron el 14 de abril en la Plaza del Congreso:
¿En qué tipo de sociedad queremos vivir? |
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opinion
Por Alicia Castro * |
| Medidas alternativas
Los medios de comunicación dieron a conocer medidas analizadas por el gabinete económico y presentadas al Presidente para reducir al déficit fiscal. Alguna de estas medidas contribuirían a agravar la crisis social y la recesión de nuestra economía. La propuesta de rebajar los salarios a los empleados de la Administración Pública fue una idea a la que recurrió, sin éxito, el ex presidente Carlos Menem, en el año 1995, a través del decreto 290 que la Justicia, en forma unánime, declaró inconstitucional. Tampoco parece razonable que se busquen atajos para sortear la ley, tales como gestionar una acordada de la Suprema Corte o practicar una rebaja indirecta a través del aumento forzoso de los aportes de los trabajadores al pago de la deuda.
Estamos de acuerdo con la importancia de ordenar las cuentas.
Es urgente buscar y encontrar alternativas que no afecten a los sectores bajos y medios de nuestra sociedad, ya muy castigados por los sucesivos planes de ajuste de la década menemista.
Recordemos que durante esa época se redujeron los aportes y contribuciones patronales, con la excusa de que esa quita alentaría la creación de empleos. El Estado dejó de percibir cerca de cuatro mil millones de pesos anuales, que transfirió a los empresarios y que hoy podría recuperar. Sólo la restitución de los aportes que corresponden a las empresas de servicios públicos privatizadas representarían un ingreso de 400 millones anuales.
El Estado podría, también, dejar de subsidiar los ferrocarriles privados en un millón de pesos por día y reclamar el pago del canon adeudado o ejecutar las garantías.
El Gobierno debe exigir a Macri que pague su deuda con el Estado por el Correo y al grupo Eurnekian, el pago adeudado por los aeropuertos privatizados, cuyas tasas y ganancias usufructúan. El concesionario del Correo, el grupo que explota los aeropuertos y los operadores de los trenes de carga adeudan al Estado casi 200 millones de pesos.
Hemos propuesto la creación de un impuesto a las empresas privatizadas que han obtenido ganancias extraordinarias que remesan al exterior, a costa de las elevadísimas tarifas cobradas a los ciudadanos argentinos. Podemos analizar el restablecimiento de un impuesto a la renta financiera ya que nuestro país, como los paraísos fiscales, deja exentos los activos financieros. Todas estas medidas son posibles.
Seguir hurgando en los flacos bolsillos de los trabajadores representa, además de una injusticia, una torpeza. Se sacarían 600 millones de pesos de circulación del mercado interno, afectando más a las pequeñas industrias y las economías regionales. Es decir, mayor recesión y por ende congelamiento de la economía y mayor desempleo. Es decir, más de lo mismo.
* Diputada nacional Frepaso- Alianza. Secretaria general de Aeronavegantes. |
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