Por Cledis Candelaresi
 Entre otras varias sorpresas que las cuentas públicas depararon al Gobierno, una escandalizó como pocas a José Luis Machinea y a Nicolás Gallo. Los ministros de Economía e Infraestructura, respectivamente, encontraron un bache de 370 millones de pesos en las cuentas de la Dirección de Vialidad Nacional, no registrado en ningún presupuesto. Se trata, fundamentalmente, de obras ya realizadas por empresas contratistas, para las que no se previeron fondos. En el medio de un fuerte ajuste y con la recaudación sin reaccionar, el Gobierno aún no tiene previsto de qué modo tapará ese agujero heredado de la gestión menemista. Ese descontrol en el manejo de los fondos podría configurar una �sobreejecución� presupuestaria, que implicaría un cargo ante la Justicia para el funcionario responsable.
La sorpresa sobrevino poco después de que se instalara al frente de Vialidad el radical Aníbal Rothamel, quien también acompañó a Gallo en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando el actual ministro era secretario de la Producción. Según confió Rothamel a Página/12, su primer hallazgo fue que, inexplicablemente, existían cuatro tesorerías en la repartición encargada de mantener los caminos públicos de todo el país y fiscalizar las rutas privatizadas. De inmediato, el área contable quedó intervenida por un técnico designado por el subsecretario de Presupuesto (Economía), Nicolás Gadano.
Casi tan desconcertante como las varias tesorerías fue la existencia de más de una mesa de entrada y la falta de inventarios sobre cuáles son y cuánto valen los activos que esa repartición tiene distribuidos en todo el territorio. Esta dispersión administrativa es casi una anécdota en relación con la lluvia de reclamos que comenzaron a presentar las contratistas por obras ya ejecutadas y aún no cobradas bajo un procedimiento singular. No se trataba de pedidos para que el Estado se ponga al día con compromisos de rutina que, normalmente, cancela entre seis y veinticuatro meses después de haberlos contraído. En este caso, las empresas disponían de certificados de obra expedidos por Vialidad Nacional, reconocimiento oficial a los trabajos realizados. Pero esas obligaciones no estaban presupuestadas ni registradas.
En la gerencia administrativa de la DNV sostienen que por este mecanismo habrían acumulado deudas indocumentadas por 193 millones de pesos, que devengaron intereses hasta la fecha por otros casi 150 millones. El paquete se completa con otro aumento de costos de 30 millones de pesos, que tampoco tuvo su contrapartida presupuestaria: en este caso, por un aumento del impuesto sobre el gasoil, insumo que utiliza la Dirección Nacional de Vialidad.
Esas obligaciones sin documentación suman unos 373 millones de pesos para los cuales aún no hay recursos previstos y que, en el peor de los casos, forzarían al Estado a acentuar el ajuste en marcha. Según precisa Rothamel, el Presupuesto 2000 asigna alrededor de unos 100 millones de pesos a Vialidad para saldar obligaciones, pero sólo aquellas documentadas. En ningún renglón se contemplan fondos para tapar el otro agujero. Las certificaciones otorgadas sin el correspondiente respaldo presupuestario constituyen un caso de sobreejecución, penado por la ley. Hasta que el Gobierno puso en marcha su ley de ministerios, Vialidad dependió de Economía. Por consiguiente, el responsable en última instancia sería Roque Fernández, ya que aquellas obligaciones se habrían acumulado los dos últimos ejercicios.
Pero, al menos por ahora, la preocupación oficial no está orientada a denunciar a sus antecesores por las transgresiones administrativas sino a idear alguna fórmula que le permita cubrir la falta. Según los funcionarios actuales, a Vialidad le queda poco por ajustar. Una primera medida para afrontar el recorte presupuestario que se dispuso a fin de año fue reprogramar las obras ya contratadas, lo que técnicamente se denomina �achatar la curva de inversión�, para que el mismo gasto se prorratee enmás ejercicios. Esto fue conseguido en virtud de un acuerdo con las empresas contratistas, casi todas constructoras: o se avenían a alargar los proyectos o corrían el riesgo de cobrar con bonos a muy largo plazo, después de una dura puja judicial.
Vialidad también intenta reducir costos achicando su estructura. Esto lo conseguiría eliminando regiones, subdivisión administrativa creada por la gestión anterior que, a juicio de la actual, sólo duplica funciones. Con la mayor reserva posible, Machinea y Gallo están utilizando toda su imaginación para encontrar una fórmula que les permita solucionar el problema sin aumentar la deuda pública ni hacer más cruento el ajuste. Con estos límites, los ministros no tendrían más remedio que vender activos de Vialidad.
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opinion
Por José Rigane * |
| De la Rúa lo sabía
Nadie duda de que el objetivo perseguido por la administración de Carlos Menem para el área de la Energía fue la de promover la más fenomenal concentración de riqueza a favor de los grupos económicos transnacionales. El gobierno de Fernando de la Rúa no debería sorprenderse de esta situación, ya que muchos de sus integrantes, como ex miembros de la oposición, compartieron con nuestra Federación de Energía, investigaciones que anticipaban el monto de la herencia menemista. No hacía falta ser muy avispado para evaluar los prejuicios que traería para trabajadores y usuarios sino también para el patrimonio de la Argentina, una explotación descontrolada de bienes no renovables.
Hasta el momento el Gobierno mantiene la misma orientación socioeconómica que impuso el anterior, con una celosa sumisión a los mandatos de los organismos multilaterales de crédito que convierten a los grupos económicos en los verdaderos mandatarios (no electos) de la administración actual. En el área energética, sin variar sustancialmente la configuración del actual modelo, se podrían haber adoptado algunas decisiones. Por ejemplo hacer cumplir estrictamente la Ley de Convertibilidad, obligando a los productores locales de petróleo a desentenderse de los vaivenes del precio internacional; de esta forma se igualaría el tratamiento legal con el otorgado a los salarios, que no pueden incrementarse en relación con las variaciones de índices.
Los trabajadores tenemos derecho a discutir la crisis económica para evitar que las decisiones que siguen tomando los tecnoeconomistas agraven aún más, nuestra situación. Ya comprobamos que con inflación o con convertibilidad si no exigimos lo que nos corresponde estamos condenados a ejercer la única libertad que parece dejarnos: la libertad de morirnos de hambre.
* Secretario general de la Fetera-CTA. |
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