Por Andrés Osojnik
 Era un �peaje� habitual en Benavídez, según cuentan los vecinos. Cinco pesos para seguir viaje tranquilo, aunque los papeles del auto estuviesen en regla. A Jorge Bayo le pasó cuando manejaba su vieja camioneta Mercedes Benz en la ruta 27. Y se negó, pero la decisión se transformó en la antesala del infierno. Los inspectores de tránsito de la Municipalidad de Tigre lo siguieron e invadieron su negocio con la pretensión de secuestrar el vehículo. Hubo forcejeos y una trompada a la mujer del comerciante. Prometieron volver al día siguiente, y lo hicieron, apoyados por un megaoperativo policíaco-municipal que incluyó la Guardia de Infantería y ocho vehículos que rodearon el lugar. Y con un objetivo más ambicioso: clausurar los locales del comerciante díscolo. El operativo terminó con golpes, itakazos, patadas y balas de goma, con varios heridos �incluido un chico de 14 años�, y tres detenidos: el hombre, uno de sus hijos y un vecino que al ver el desborde pretendió sacar fotos de lo que ocurría.
El hecho ocurrió en febrero. Ahora, el propio comerciante sigue imputado en la causa. Los motivos: resistencia a la autoridad y daño calificado (dañó el interior del patrullero cuando se lo llevaban detenido mientras golpeaban a su mujer y a sus hijos). En la causa, además, están siendo investigados por abuso de autoridad cuatro funcionarios municipales que formaron parte del despliegue.
Pese a su problemas cardíacos, Jorge Bayo ahora logra mantener la calma para contar su odisea. �El 28 de febrero, a la mañana, me paran dos agentes de tránsito, uno me pide los papeles, se los doy, pero igual me dice que le dé cinco pesos porque si no, algo seguro me iba a encontrar�, relata a este diario. El hombre se negó y allí se generó una discusión que él mismo dio por terminada: arrancó y dejó hablando solo al agente.
Los dos inspectores decidieron entonces seguirlo y hasta pidieron el auxilio de un patrullero que pasaba por allí. Bayo llegó a su casa de la esquina de Sarmiento y Ruta 9, donde además tiene un lavadero de autos, un despacho de comidas y un taller mecánico. Enseguida llegó la comitiva de inspectores y policías. Los agentes pretendían secuestrar el auto argumentando que no tenía documentos. Allí se generó la primera batahola, ante la resistencia de Bayo y su mujer, que terminó en el piso, empujada por uno de los inspectores.
Todos terminaron en la 4ª de Benavídez, donde los inspectores hicieron su advertencia: volverían al día siguiente para cerrar los negocios.
Y cumplieron. El 29, Bayo había ido a la Fiscalía de Pacheco a denunciar lo ocurrido el día anterior. El hombre asegura que allí ya estaban al tanto y lo despidieron sin más trámite. En la Fiscalía, sin embargo, niegan que no le hayan querido tomar la denuncia. Lo cierto es que el comerciante, al volver a su casa, se encontró con la amenaza concretada.
Dos camionetas de la Municipalidad (una de Espacios Verdes y otra de Inspección General), dos autos particulares, dos patrulleros, dos celulares de la Guardia de Infantería y una grúa habían cercado el pequeño complejo comercial. Al mando del operativo dijo estar un hombre que se presentó como �juez Carrasco�, al grito de �Yo soy la ley�. �Dijo que venía con orden del intendente de Tigre de cerrar todos los negocios�, cuenta Bayo. A la discusión se sumó su esposa y uno de sus hijos, que también trabaja en el lugar.
Dos inspectores pidieron los papeles del negocio mientras los agentes de tránsito querían secuestrar el vehículo del episodio del día anterior. �Pero se equivocaron y querían llevarse el auto mío, un Fiat Tipo, y no la camioneta de mi papá�, apunta Julio, otro de los Bayo.
La confusión inicial dio lugar a una serie de discusiones múltiples que subían de tono y que derivaron en corridas, golpes, empujones, bastonazos, más golpes y finalmente tiros con balas de goma. Los Bayo se resistían y el supuesto juez Carrasco lanzaba órdenes fuera de sí:
�¡Repriman! ¡Repriman!
El resultado del desbande fue amplio: el hijo menor de los Bayo con el tabique nasal fracturado, la madre y los otros hijos con golpes y bastonazos marcados en el cuerpo, y Carrasco y otros dos integrantes del procedimiento también lesionados. Jorge Bayo, su hijo Julio y Juan �Toto� Palacio �que intentó sacar fotos de los que ocurría� terminaron presos.
El fiscal John Broyad los liberó ese mismo día y comenzó a investigar el episodio. Al detectar que Bayo podía pasar de imputado a víctima y que los imputados podían ser funcionarios municipales remitió la causa a San Isidro (ver nota aparte). Allí, su colega Lino Mirabelli siguió adelante con la pesquisa. Fuentes de esa Fiscalía confiaron a este diario que efectivamente hay cuatro funcionarios investigados, aunque aún no se determinaron sus responsabilidades: el secretario de la Justicia de Faltas, Juan José Carrasco �el que se habría presentado como �juez��; el director de Inspección General, Ricardo Darré, y los inspectores de tránsito Fernando Pasut y Eduardo Licky.
UNA FISCALIA QUE FUNCIONA CON FONDOS MUNICIPALES
La Justicia con auspiciante
La idea es acercar los fiscales a la gente. Pero en la Justicia bonaerense, los recursos no alcanzan. Desde la Procuración General se puso entonces en marcha un plan para lograr aportes de los municipios. Así, en Tigre funciona desde fines del año pasado una Fiscalía con auspicio de la Municipalidad. Los dos fiscales y sus adjuntos que trabajan allí �en Pacheco� lo hacen en un edificio entregado por el municipio, que también paga los servicios, los gastos corrientes, los traslados y hasta las fotocopias. Lo que en principio aparece como un interesante proyecto de descentralización, en algunos sectores genera dudas sobre la independencia de la actuación de los fiscales a la hora eventual de investigar, justamente, a sus �benefactores�, es decir, los funcionarios municipales.
�El sistema en sí es bueno �señala Fernando Maroto, integrante de la Cámara de Apelaciones de San Isidro y miembro, además, del Foro Vecinal de Seguridad�. Esto tuvo apoyo de los vecinos, pero ahora derivó en una cosa cerrada, donde los vecinos no tienen ninguna participación.�
�¿Existe el riesgo de la influencia del poder político local?
�Hay riesgos, que se evitarían si funcionaran los foros vecinales.
También el presidente del Colegio de Abogados de San Isidro, Guillermo Sagués, opinó que �no es lo más correcto�, pero advirtió que �no hacemos una cuestión hasta que no veamos que haya motivos�. �Por ahora preferimos esperar. Si vemos un caso, lo vamos a hacer notar�, señaló.
El argumento esgrimido desde la Fiscalía es que �para evitar ese tipo de sospechas� hay una orden del fiscal general del distrito, Julio Novo, que dispone que allí no pueden investigar a los funcionarios municipales ni �llamativamente� a la policía. Todas esas causas deben ser remitidas a la sede central, en San Isidro. Pero allí, el virtual jefe de los fiscales es precisamente Novo, uno de los firmantes del acuerdo con la Municipalidad. Novo no respondió los reiterados llamados de este diario.
Quien sí defendió el proyecto fue el procurador general de la Corte, Eduardo de la Cruz. �Decir que un convenio así puede restar independencia es una estupidez. Con ese criterio, quien tiene custodia policial va a terminar teniendo compromiso con la policía�, se enojó.
Por su parte, el intendente de Tigre, Ricardo Ubieto, también defendió el convenio. �No rebajemos tanto el nivel de la Justicia. Decir que pueda ser influenciada por un intendente es demasiado. Puede ser por un presidente o un legislador, pero no por un intendente�, fue su particular defensa. �El único contacto que tengo con la Fiscalía son los cheques que firmo todos los meses para sostener la estructura�, señaló.
Lo cierto es que en el caso concreto de la causa que involucró a la familia Bayo, Novo �el fiscal general� se reunió en la Fiscalía de Pacheco con un abogado del municipio para discutir el asunto. Ahora la causa está en San Isidro, donde quedó convertida en un caso testigo sobre cómo se investiga en ese distrito a los funcionarios de Tigre.
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