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Por Claudio Zlotnik  Anoche, el equipo económico le daba las puntadas finales al nuevo ajuste en el gasto, que incluirá una poda en los salarios de la administración pública y la eliminación de organismos. Precisamente, la instrumentación de la rebaja salarial de los agentes era el punto más discutido entre los funcionarios. A última hora, ganaba consenso que la reducción fuera aplicada a través de un decreto de necesidad y urgencia. Aunque todavía se seguía discutiendo si la poda sería escalonada según el nivel de ingresos, como propone el ala política del gabinete, o si la reducción sería uniforme para todos sin importar el monto del sueldo, como aconseja el titular de la Side, Fernando de Santibañes. Faltaba precisar si la poda tendrá un salario piso o será generalizada. Lo que sí se definió fue que la propuesta de una rebaja lisa y llana de salarios se impuso a la de incrementar el aporte previsional por parte del trabajador, lo que implicaría una caída del sueldo de bolsillo. Esta alternativa fue fuertemente criticada por especialistas previsionales de la Alianza y por funcionarios de Justicia. Como ocurrió en los días anteriores, los funcionarios trabajaron en el más absoluto hermetismo. Fernando de la Rúa tampoco quiso adelantar detalles. �Una mención aislada podría generar confusión�, se excusó. No obstante, el jefe de Estado señaló que el ajuste �no se trasladará a la población ni afectará los programas sociales�. El tema más conflictivo era la implementación de la rebaja de sueldos en la administración pública. Inicialmente, el equipo económico había optado por subir en siete puntos los aportes jubilatorios de los empleados que ganan más de 1000 pesos. La medida, que reduciría en un 8 por ciento los salarios de bolsillos de 130.000 agentes, fue desaconsejada por técnicos de distintas áreas del Gobierno. Según los especialistas consultados por Economía, la suba de los aportes jubilatorios podría traer más problemas que soluciones. Esencialmente porque la iniciativa requeriría del envío de un proyecto de ley al Congreso para que el aumento de los aportes no vaya a engrosar las arcas de las AFJP, tal como lo establece la actual normativa. De ser así, el Gobierno no cumpliría con el objetivo de generar un ahorro adicional. Además, generaría dos clases de trabajadores en la vinculación con los aportes previsionales: los estatales y los del sector privado. Esa diferencia, perjudicial para el empleado público, provocaría una catarata de juicios. Por este motivo, De la Rúa estaría dispuesto a rubricar un decreto de necesidad y urgencia, de manera tal de que la poda fuera directa. Fuentes de la Casa Rosada dijeron a este diario que la Corte Suprema de Justicia lo convalidaría, declarando constitucional la reducción salarial. La acordada del máximo tribunal se produciría este mismo jueves, justo el día en que regresa del exterior el juez Augusto Belluscio. Un funcionario de la Rosada señaló a Página/12 que el fundamento jurídico estaría establecido en una acordada anterior. Más precisamente, cuando la Corte sentenció, en un caso sobre recorte de haberes jubilatorios, que si bien la gente tiene derecho a mantener el status (conservar el trabajo) se le puede recortar el salario. Con la anuencia de la Corte, se evitaría una ola de juicios de los afectados. El mecanismo que se impuso finalmente es similar al empleado por Domingo Cavallo durante el efecto Tequila. Un esquema de reducciones graduales que partiría de una rebaja del 5 por ciento hasta el 15 por ciento para los sueldos más altos. La discusión pasa ahora si fijar un piso para esa poda, en 600 pesos, o que alcance a todos los niveles salariales. Por otra parte, los funcionarios evaluaban anoche la situación de medio millar de personas que, hace cinco años, obtuvieron de la Justicia medidas de no innovar cuando un decreto de Carlos Menem también redujo los sueldos de los agentes. Gracias a las presentaciones judiciales, estos empleadosno sufrieron quitas salariales. Pero si ahora la Corte convalida una medida similar, podrían ver disminuidos sus sueldos de manera retroactiva. Todo el Gobierno estuvo abocado a terminar de atar el paquete del ajuste. La medida fue una instrucción que hace dos semanas Fernando de la Rúa le dio a Machinea, después de que comprobara que el déficit fiscal de abril había sido superior al estimado y que corría peligro el cumplimiento de las metas pactadas con el Fondo Monetario. Con el ajuste adicional de 600 millones de pesos, Economía se juega a que cumplirá con la pauta fijada a principios de año de reducir el gasto público en 1500 millones. �Lo importante es alcanzar una reducción del déficit para cumplir con la ley de convertibilidad fiscal, que es la base de nuestras acciones�, apuntó De la Rúa. El titular de Hacienda vivió ayer una jornada agitada. Mantuvo reuniones con De la Rúa en la quinta de Olivos, con Federico Storani en la Rosada y en el propio ministerio con sus colaboradores más cercanos. Junto a ellos repasó una y otra vez los cuadros que utilizará en su exposición.
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Supresión de organismos estatales y pase a disponibilidad de sus empleados.