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La demora en dar a conocer el nuevo ajuste alentó ayer la disputa de versiones sobre el contenido final de la reforma previsional en puerta. No obstante, distintos analistas consultados por Página/12 coincidieron en afirmar que el Gobierno finalmente no tomará ninguna medida contraria al lobby de las AFJP y se concentraría en algunos puntos menos conflictivos, entre ellos la suba progresiva de la edad jubilatoria de la mujer hasta llegar a los 65 años. Esta medida fue defendida en reiteradas oportunidades por miembros de Economía. Pablo Gerchunoff se contó entre quienes sostuvieron el argumento igualitarista: �Una mujer vive más y se jubila antes�, destacó el jefe de asesores de Machinea. Esto determina que �el fondo que acumula en una AFJP deba distribuirse en más años de sobrevida� y, por lo tanto, �la jubilación de una mujer es menor�, argumentó. Además de beneficiar al fisco, esta decisión también servirá a las AFJP, una razón suficiente para que la propuesta no haya enfrentado mayores escollos en la trama de las decisiones. En cuanto a la más cuestionada medida de reducir la Prestación Básica Universal, fuentes legislativas de la Alianza que participaron de las discusiones del equipo económico comentaron que no estaba entre las medidas consideradas por Economía. �Lo que pasa es que en estos momentos los lobbies aprovechan para presionar�, dijo un diputado de la provincia de Buenos Aires a este diario. Sin embargo, otras fuentes consideraron como muy posible que la PBU sea directamente eliminada. Así, el Estado ya no garantizará una jubilación básica de 200 pesos, con lo que el monto percibido estaría directamente relacionado con los años aportados. En otro orden, un asesor del Gobierno en materia previsional sostuvo haber desaconsejado la reducción de los salarios estatales. Inicialmente se había sugerido trasladar a los empleados públicos la porción del aporte que actualmente realiza el Estado. Según afirmó el asesor, aunque el Estado ahorraría su porción de aporte, esto no provocaría más que la transferencia de una parte de los recursos a las administradoras de fondos privados. Aunque constituía la demanda de amplios sectores de la bancada legislativa de la Alianza, no se concretaría la posibilidad de que quienes realizan sus aportes al sistema de capitalización puedan volver al sistema público. Con esta medida, se buscaba inducir que las administradoras privadas redujeran el actual nivel de comisiones, de más del 30 por ciento del aporte de los trabajadores. Pero el Gobierno prefiere no irritar a quienes controlan fondos que ya alcanzan los 16 mil millones de pesos y que, anualmente, se incrementan en 4000. Otro de los puntos en debate era ayer la eliminación o no de los regímenes jubilatorios especiales de los que todavía gozan los funcionarios, diplomáticos y legisladores. Sin embargo, un analista consultado por este diario descartó absolutamente que se pueda hacer algo con las irritativas jubilaciones de privilegio existentes, puesto que existen �derechos adquiridos�. En cuanto a la posibilidad de introducir topes, el analista sostuvo �que tales topes ya existen, no tiene sentido insistir en el tema�.
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