Página/12

Cómo será el plan de viviendas económicas del paquete
La cuotita social del ajuste

En las medidas de recorte del gasto para disminuir el déficit fiscal se incluirá una señal para mostrar que el Gobierno sigue preocupado para la situación social.
Ese mensaje será el programa de viviendas económicas.

Por Cledis Candelaresi

Para morigerar el impacto del ajuste, el Gobierno pulió algunos puntos del proclamado Plan Federal de Infraestructura, con la intención de anexarlo al demorado paquete de medidas. Una especie de paliativo para un fuerte recorte de gastos. Hasta última hora, el capítulo más firme de ese millonario programa tantas veces anunciado por el ministro del área, Nicolás Gallo, era el de construcción de miles de viviendas económicas. A los ojos oficiales, ofrece dos ventajas: es una prueba de sensibilidad social y, al mismo tiempo, no requiere recursos extra, ya que las casitas se levantarían con dinero del Fonavi, ya presupuestado. Pero, paradójicamente, ésta es su debilidad fundamental, ya que ese dinero es administrado por las provincias, que bien podrían no adherir a la propuesta oficial.
Se trata de unas 500 mil viviendas a construir en todo el país en los próximos cinco años, de las cuales 100 mil estarían finalizadas en el 2001. Serán pequeñas construcciones de 30 metros cuadrados, a un costo unitario total y financiado de 9 mil pesos (6600 pesos, más un interés del 3 por ciento anual). Y los beneficiarios podrían acceder a ella con el compromiso de pagar una cuota de entre 25 y 30 pesos por mes durante tres décadas. Se trata de unidades mucho más baratas y modestas que las que hoy se construyen con recursos del Fonavi, cuyo valor oscila entre los 25 y 30 mil pesos.
El terreno sería provisto por la Nación o por los municipios, según la disponibilidad. Si los lotes en cuestión tuvieran ubicación y precio de privilegio (como por ejemplo muchos terrenos ferroviarios, emplazados en los lugares más codiciados de las localidades del interior), se utilizaría el producido de su venta para financiar el plan.
La infraestructura puede ser provista por la Nación o las provincias, tomando parte de los 80 millones de pesos que tiene disponible el Fondo de Infraestructura Regional, que se nutre con la venta de las acciones del Banco Hipotecario. Pero, también, algunos organismos públicos, entre ellos Vialidad Nacional, podrían hacer su aporte.
Sin embargo, la construcción propiamente dicha será competencia de cada Instituto Provincial de la Vivienda, plan que deberá implementar con recursos del Fonavi, alrededor de 1100 millones de pesos anuales que se dividirán entre cada uno de los Estados del interior (900 por la recaudación del impuesto a los combustibles y el resto por recupero de créditos). La Nación puede proponer, pero no forzar a invertir ese dinero.
La primera restricción es una ley sancionada a fines de 1999, moneda de cambio que el presidente Fernando de la Rúa ofreció a los legisladores para que fuese aprobado el Presupuesto nacional con los retoques sugeridos por la Alianza. La iniciativa dispone que el 50 por ciento de lo que recibe cada provincia del Fonavi sea de �libre disponibilidad�, es decir, que en lugar de utilizar ese dinero para construir viviendas, los gobernadores pueden emplearlo para cubrir sueldos o cualquier otro gasto corriente.
El resto de los fondos Fonavi ya están comprometidos en los planes tradicionales, lo que hace poco probable que cada administración se avenga a distraer aunque sea una parte para viviendas económicas. Según precisó ayer a Página/12 el subsecretario de Viviendas, Norberto Pazos, el objetivo de la Nación es que cada gobernación se comprometa a destinar entre el 15 y el 20 por ciento de lo que recibe por el Fondo al plan de unidades económicas. Pero, hasta el momento, sólo Santiago del Estero y Entre Ríos �adhirieron� a la propuesta.
Frente a lo que el funcionario de Infraestructura llama �sequedad presupuestaria�, Gallo empezó a analizar junto a Machinea formas de financiamiento alternativas. Estas van desde aceptar créditos ofrecidos por bancos mayoristas locales y préstamos de organismos multilaterales (BID y BM) hasta una propuesta de la Cámara de la Construcción para avanzar con parte de la infraestructura. También talla una novedosainiciativa en la que trabajan Chubut, Misiones y Chaco para conseguir 100 millones de una financiera norteamericana, que les prestaría ese dinero contra hipoteca y flujo de fondos del Fonavi.

Un plan en peligro
El plan de viviendas sociales puede exhibirse como un recurso protector de los sectores que más sufren las inclemencias de los ajustes, pero difícilmente resulte una eficaz herramienta de reactivación, el verdadero objetivo del Plan Federal de Infraestructura. Según detallaba ayer ante este diario un asesor parlamentario �especializado en el tema y adscripto a la Alianza�, el emprendimiento no tendría el efecto multiplicador que suelen tener las construcciones de más valor, que requieren más trabajo de diseño, cantidad y calidad de accesorios, y terminan empujando a industrias y actividades conexas. El técnico va un poco más allá cuando sugiere que el programa, incluso, puede terminar en fracaso, ya que no hay 500 mil potenciales beneficiarios de las casas proyectadas. �El grueso de los demandantes son de clase media y media baja, que pueden pagar una cuota un poco superior, pero que también exigen viviendas de mejor calidad. No creo que haya 500 mil interesados para el programa de viviendas sociales�, remató el técnico, muy reconocido por los legisladores oficialistas.

Encontronazo de Gallo y Machinea por el recorte
Cortocircuitos en las obras

Por C.C.
La necesidad de ajustar y reactivar, al mismo tiempo, provocó más de un roce entre José Luis Machinea y Nicolás Gallo, dos miembros clave del gabinete nacional. El último entredicho, resuelto con la misma discreción que los otros, fue provocado por la promesa de Economía de que algunos concesionarios de servicios públicos privatizados invertirían miles de millones de dólares en el próximo bienio. Cuando lo leyó en los diarios, el ministro de Infraestructura respiró hondo. Los hombres del Palacio de Hacienda omitieron cuidadosamente que esto sólo es posible si se aumentan las tarifas que él intenta abaratar.
El primer encontronazo se produjo apenas comenzó a discutirse el ajuste, ya que Machinea intenta sujetar el gasto hasta límites políticamente insostenibles para el titular de Infraestructura. �Es imposible hacer obras públicas sin dinero. Debe haber otras áreas para recortar.� Palabras más, palabras menos, fue la queja que disparó Gallo cuando Economía ensayaba tijeretazos sobre su presupuesto.
El malhumor del hombre al que Fernando de la Rúa profesa sincero aprecio se acrecentó cuando el secretario de Programación Económica, Miguel Bein, comentó que los planes oficiales preveían una inversión de 5 mil millones de pesos de los concesionarios de trenes urbanos y de mil millones de los concesionarios de rutas por peaje. El planteo resultó tan inoportuno como intrusivo, ya que se publicó mientras Gallo negocia con las empresas involucradas una complicada revisión contractual con el ánimo de inducir una baja tarifaria. Aquella promesa es también inconsistente, ya que las empresas no invertirán un solo peso si no es a cambio de un ajuste de tarifa, impensable en el actual momento económico social.
En realidad, lo que animó el desborde de Economía es que para Machinea su colega de Infraestructura avanzó poco y nada en esa negociación, crucial para el gobierno. Con escasos fondos estatales, el Gobierno es más dependiente de la inversión privada, menos sujeta a la voluntad del Gobierno.
Lo que une a los dos ministros de De la Rúa es la necesidad de estimular de algún modo la obra pública �o, al menos, de no suspender la que se está ejecutando�, a pesar del deplorable estado de las cuentas. En los últimos días, Gallo discutió con el secretario de Hacienda, Mario Vicens, cómo aprovechar los escasos recursos, eludiendo las restricciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Para el organismo, invertir en infraestructura pública es casi lo mismo que gastar en salarios, en la medida en que aumente el déficit fiscal. Gallo propuso varias fórmulas contables que permitirían sortear esa restricción. Pero Machinea, hasta ahora, no aceptó ninguna.

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